Inicio AgendaEn defensa Autoridades capitalinas no deben sembrar desconfianza entre mujeres ni entre el movimiento feminista

Autoridades capitalinas no deben sembrar desconfianza entre mujeres ni entre el movimiento feminista

Por La Redacción
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Ciudad de México. Académicas, políticas y ex políticas, condenaron las declaraciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que estigmatizan y criminalizan a las mujeres, como en el caso de María Beatriz Gasca Acevedo, a quien señaló, en días pasados, de financiar a las mujeres que “ockupan” desde hace varias semanas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En una carta dirigida a la opinión pública, defensoras de los derechos de las mujeres como Martha Tagle, Patricia Olamendi, Teresa Hevia, Angélica de la Peña, Lucero Saldaña, entre otras, recordaron que en México se ha dado una larga lucha para que las autoridades dejen de exhibir a las mujeres víctimas de un delito, ni a las personas detenidas ante los medios de comunicación antes de que el Ministerio Público haya investigado los hechos de los que se les acusan y un juez haya determinado su posible responsabilidad, y en el caso de Beatriz Gasca, “no se puede esperar menos”.

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Recordaron que la exhibición que se hizo de Gasca Acevedo le costó su empleo como vicepresidenta de Recursos Humanos de GIN Grupo (empresa especializada en la administración de outsourcing), la cual dijo que iniciaría una averiguación para determinar si su exempleada cometió o no un delito.

Señalaron que lo acontecido contra Beatriz Gasca atenta contra la libertad y seguridad de las mujeres a participar en la protesta social, luchar por sus derechos o ayudar a otros movimientos sociales por el miedo a ser criminalizadas y que sobre su imagen recaigan estereotipos y juicios.

Advirtieron que no admitirán que se siembre la desconfianza ni entre las mujeres ni hacia el movimiento feminista, porque hoy fue Beatriz Gasca, pero mañana podría ser otra mujer a la que se investigue “y sobre la cual, desde el poder, pudieran recaer estereotipos discriminantes y juicios sumarios”.

Recordaron que la libertad de expresión es un derecho humano indispensable para la consolidación de la democracia, y su adecuado ejercicio y tutela son esenciales para propiciar el debate público y consenso social en torno a las problemáticas de las mujeres y que tanto gobernantes como ciudadanía pueden expresarse libremente sin que eso implique vulneración a la honra de las personas, ni que se ponga en riesgo su integridad.

Manifestaron que el artículo cuarto constitucional establece “que las autoridades atenderán la no discriminación y que está prohibida toda forma de discriminación formal o de facto que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, distinción, menoscabo o restricción de los derechos de las personas motivada por, entre otros, la apariencia física, la condición social, opiniones o cualquier otra”.

Recordaron que la violencia en contra de las mujeres se nutre también de violencias institucionales, de acciones, omisiones o la actuación indebida del funcionariado público, de aquellos actos de discriminación o de obstáculos en el ejercicio y goce de los derechos.

Las mujeres que firman esta carta, señalaron que a nadie conviene que en la ciudad exista un clima intimidatorio de persecución que desaliente el ejercicio de los derechos y libertades, inhiba el activismo de las mujeres o exacerbe la protesta; y las acciones colectivas de las mujeres no debe ser motivo de suspicacia.

Por ello, exigieron que si la jefa de gobierno cuenta con los elementos necesarios, presente a quien corresponda, no a los medios de comunicación, la información que recabó para que se comience un proceso contra Acevedo, que defina si hay o no un vínculo entre su exempresa y el “delito” en el que supuestamente incurrió.

“En un estado democrático, nadie está por encima de la ley y todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales antes la ley. La lucha de las mujeres, la democracia y el Estado de Derecho están vinculados, si la democracia y el Estado de derecho se debilitan, no podemos esperar que las condiciones de vida de las mujeres mejoren”, concluyeron.

20/AEG/LGL

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