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Piden víctimas ser escuchadas antes de desaparecer fideicomisos

Por Anayeli García Martínez
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Ciudad de México. Durante varios años las víctimas de violaciones a Derechos Humanos han sacado dinero de su bolsa para solventar los gastos de su búsqueda de justicia, dar seguimiento a investigaciones penales y pagar los costos de los daños a su salud, situación que aminoró en 2013 cuando se expidió la Ley General de Víctimas y con ella el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que hoy corre el riesgo de desaparecer.

Ante la cerrazón de las y los legisladores federales, quienes este martes 6 de octubre aprobaron, en lo general, el dictamen para borrar 109 fondos y fideicomisos de distintas leyes, las organizaciones y personas que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) llamaron al Senado de la República —quien pronto revisará el documento avalado por la Cámara de Diputados— a escuchar a las víctimas antes de aceptar la desaparición de este mecanismo.

En conferencia de prensa virtual, organizada este miércoles, las víctimas expresaron su preocupación por el desconocimiento de las y los diputados, quienes, en su opinión, no saben cómo funciona este fondo, no tomaron en cuenta las implicaciones de la reforma para las personas beneficiadas y decidieron aprobarla en una sesión que se prolongó por casi ocho horas y en un debate que llegó a gritos, empujones y acusaciones, por lo que se tuvo que suspenderse y reiniciarse al medio día de este 7 de octubre

La vocera del colectivo Buscando a Desaparecidos México Búscame, Grace Fernández, expuso que las víctimas requieren de los recursos económicos de este fondo porque muchas veces además de vivir violaciones a sus Derechos Humanos y necesitar medidas de reparación, también se quedan sin empleo por dedicarse a realizar las tareas de peritos, ministerios públicos, psicólogos y abogados; o sufren daños en su salud.

De acuerdo con la Ley General de Víctimas, el fondo sirve para el pago de ayudas, asistencia y reparación integral a víctimas y víctimas indirectas, es decir, a familiares afectados por las violaciones a Derechos Humanos y solo las personas que cumplan con los requisitos para estar en el Registro Nacional de Víctimas pueden acceder a los apoyos que se otorgan por medio de este instrumento.

La defensora dijo que los apoyos que reciben las víctimas no son onerosos pero además son insuficientes porque se distribuyen entre las muchas personas afectadas por violaciones graves como la desaparición, el feminicidio, la tortura o el desplazamiento forzado. Aunque, expuso que antes de acceder al fondo deben tener la calidad de víctimas, algo que solo pueden obtener con una sentencia o resolución judicial, la determinación de un organismo de Derechos Humanos, o por el reconocimiento de un Ministerio Público.

Grace Fernández expuso que el fondo tiene reglas de operación y no contar con este mecanismo impedirá que las personas puedan solventar el gasto de traslados, alimentación, salud, vestimenta o que los grupos de personas, en su mayoría de mujeres, puedan realizar la búsqueda de sus familiares en fosas clandestinas por diferentes zonas del país.

Martin Villalobos Valencia, integrante de la Fundación Mónica Alejandrina por los Derechos Humanos, señaló que, aunque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que opera el fondo, ha arrastrado corrupción y opacidad en el manejo de los recursos, no se hizo una revisión para corregir las deficiencias; por el contrario, se decidió desaparecerlos.

El también familiar de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, estudiante de Psicología de la UNAM, desaparecida en diciembre de 2004, en el Estado de México, calificó de preocupante que una vez que este dictamen sea avalado por ambas Cámaras los recursos que se destinaban a las víctimas sean utilizados por la Secretaría de Hacienda o por otras secretaría de Estado para actividades ajenas a los Derechos Humanos. 

Agregó que las familias que buscan a personas desaparecidas no solo viven con la angustia de no saber el paradero de su familiar, además permanecen con estrés y enferman y justo ahora hay víctimas que están con tratamientos de salud, quienes serán desatendidas, por ello alertó que puede haber consecuencias fatales para las víctimas.  

El defensor aseguró que extraña que el gobierno federal tenga un doble discurso, porque AMLO afirma que primero están las víctimas y que para su atención hay recursos ilimitados, pero apoya la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 

En la conferencia de prensa de esta mañana, López Obrador aseguró que en el caso de personas desaparecidas y víctimas “no hay límite de presupuesto. Precisamente como no hay corrupción tenemos presupuesto. ¿Para qué queremos que desaparezcan estos fideicomisos y estos fondos? Pues para manejar con honestidad el dinero del presupuesto y que rinda, y que no nos falte para lo fundamental”, dijo. 

Sin embargo, para las personas representantes de los colectivos, hay duda de cuáles serán los mecanismos para atender a las miles de víctimas, porque hasta ahora no hay reglas claras sobre la desaparición de fideicomisos ni cómo se va a disponer de los fondos.

En su oportunidad, Laura Curiel Armenta, madre de Daniela Mabel Sánchez Curiel, de 20 años de edad, desaparecida en 2015, en el Estado de México e integrante del colectivo Mariposas Destellando Buscando Corazones y Justicia, dijo que es cierto que a veces existe mala fe en el manejo de los recursos, por ello la exigencia de las organizaciones es contar con mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y facilitar que las víctimas accedan a los fondos. Afirmó que desaparecer el fondo impactará negativamente la lucha de las víctimas y la exigencia de verdad y justicia.

A las críticas se sumó Angélica Zamudio Almanza, quien busca a su esposo, Agustín Medina Santos, desaparecido desde 2019, y también integrante de este colectivo. La defensora apeló al compromiso que dice tener Andrés Manuel López Obrador con las personas para no desaparecer este fondo. Aseguró que si el Estado quiere replantearse el modo de cumplir con sus obligaciones puede hacerlo, pero no debe afectar los fideicomisos.

20/AGM/LGL

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