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Exhortan a la Cámara de Diputados a garantizar recursos para Cami

Por Anayeli García Martínez
violenciaespaña_amecopress

Ciudad de México. Organizaciones nacionales e internacionales que trabajan por la igualdad de género y los Derechos Humanos exhortaron a la Cámara de Diputados a garantizar un presupuesto suficiente para los programas de igualdad y atención a la violencia de género, en particular para las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Cami).

A la luz del análisis del proyecto de presupuesto presentado en septiembre por el Ejecutivo federal, organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) lamentaron que la propuesta profundice la tendencia regresiva en materia de financiamiento para la igualdad.

En una carta abierta las organizaciones aseguran que aun cuando el presupuesto para 2021 tiene un apartado denominado Anexo 13, de erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, con un aumento de 20 por ciento, es preocupante que, en términos reales, el incremento esté etiquetado casi en su totalidad a la Pensión para Personas Adultas Mayores, que no asegura reducir las brechas de desigualdad de género.

En el documento abierto para sumar adhesiones, se explica que, en contraste, el proyecto de presupuesto prevé recortes para programas pensados específicamente para garantizar los derechos de las mujeres. Esta tendencia, se asegura, alcanzó un punto crítico en abril pasado con la disposición de austeridad adoptada por el Gobierno federal, política que dejó en precarias condiciones a las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Cami).

La disposición, publicada en un decreto, afectó el gasto de alrededor de 522.1 millones de pesos (mdp) aprobados para 2020 para proyectos económicos y atención de mujeres indígenas y afromexicanas. Según las organizaciones firmantes, se retuvo 70 por ciento del presupuesto de las 35 Cami que operan en la República mexicana y se reservó 96 por ciento de los recursos asignados a programas para el fortalecimiento económico de sus comunidades.

“Nos alarma en particular que, de cara al presupuesto de 2021, se profundice la pérdida de recursos en los rubros específicos para mujeres indígenas y afromexicanas. Para el ejercicio presupuestal 2021 se pretende eliminar el programa presupuestario Derechos Indígenas y fusionar todos los programas de apoyo a pueblos y comunidades indígenas en un solo denominado `para el Bienestar´”. Con esta medida, las mujeres indígenas perderían y habría un impacto con el funcionamiento de las Cami, se lee en el documento.

En la propuesta del Gobierno Federal se elimina el Programa de Derechos Indígenas, a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el cual recibió 85.5 mdp para 2020, pero al primer semestre Hacienda le aumentó 14 por ciento de sus recursos y quedó en 97.5 mdp. Por medio de este programa se destinaban recursos para las 35 Cami, centros donde se brinda atención a la salud sexual y reproductiva y a las violencias de género.

En abril pasado la Red Nacional de las Cami denunció que ante la pandemia y la saturación de hospitales en zonas rurales y marginadas, aumentó la demanda de sus servicios, pero como parte de las medidas de austeridad no habían recibido recursos para continuar su trabajo. Después de las denuncias públicas, el día 13 de julio, en reunión virtual de la Red Nacional de las Cami, funcionarios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público notificaron la ampliación de 8 mdp para estos 35 centros de atención indígena.

Ante la posibilidad de desaparecer el programa en 2021, las organizaciones llamaron al Estado mexicano y particularmente a las y los legisladoras del Congreso de la Unión, a reflejar las obligaciones internacionales adquiridas por México en materia de igualdad de género el gasto para 2021. En particular, los mandatos de la Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará).

Las firmantes señalaron que a través de los instrumentos internacionales el Estado mexicano está obligado a garantizar recursos públicos suficientes para implementar políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Además mencionaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mandatado al Estado Mexico, en diferentes sentencias, atender la situación de discriminación y violencia contra las mujeres dotando de recursos necesarios al aparato estatal.

En el caso de violencia sexual, recordaron que la Corte también obligó al Estado mexicano a brindar atención especializada, gratuita, con perspectiva de género e intercultural para las mujeres indígenas que sufren violencia. Por ejemplo, en 2010 la Corte sentenció al Estado mexicano por la tortura sexual de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, atacadas por militares en hechos diferentes en 2002, y dispuso una serie de medidas de reparación para ambos casos, entre ellas abrir un Centro Comunitario y Albergue para Niñas y Niños de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero, donde ocurrieron los hechos.

Para cumplir con esta obligación resulta indispensable fortalecer financieramente programas como las Cami, se expone en la carta.

Aunque para 2021 desaparecerá del presupuesto el Programa de Derechos Indígenas, por medio del cual se les otorgaban recursos a estas casas, y el Programa para el fortalecimiento económico de los Pueblos y Comunidades Indígenas, también se crea el Programa para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afroamericano con una asignación prevista de 171.2 mdp. Este nuevo programa tendrá recursos mínimos en comparación con el gasto aprobado para los dos programas que hubo este año, los cuales sumaron 522.1 mdp para cumplir sus objetivos

20/AGM/LGL

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