Durante la tercera semana de septiembre, diversas organizaciones de Derechos Humanos interpusieron una denuncia a nombre de mujeres migrantes detenidas en el centro de detención del condado de Irwin, Georgia (Estados Unidos). Las denuncias atañían a violaciones diversas a los derechos reproductivos, incluidas operaciones de esterilización e histerectomías llevadas a cabo por un médico, sin el conocimiento ni el consentimiento de las mujeres.
Más allá de los resultados a los que conduzca la investigación correspondiente a estos hechos, los testimonios de las detenidas revelan actos múltiples de violencia obstétrica; estos testimonios resultan verosímiles si tenemos en cuenta el patrón de continuas violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres inmigrantes en ese país. Como otras políticas públicas xenófobas y racistas, estas formas de violencia se han intensificado durante el gobierno de Donald Trump.
En 2017, varias organizaciones estadounidenses demandaron a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados – institución a cargo de niñas, niños y adolescentes no acompañados detenidos en ese país – por la negación al derecho a abortar para adolescentes migrantes no acompañadas, incluso en casos en que el embarazo era resultado de una violación.
En 2018, el Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus siglas en inglés) revirtió una política que provenía del gobierno de Barack Obama, según la cual se evitaba recluir a mujeres embarazadas por carecer de documentos migratorios. Así mismo, en 2019, la organización American Civil Liberties Union (ACLU) interpuso una serie de demandas administrativas contra la agencia de protección de aduanas y fronteras (Customs and Border Protection) sobre la base de más de 100 testimonios de migrantes.
Decenas de mujeres denunciaron actos de acoso y violencia sexual por parte de agentes de migración. Los testimonios relataban graves violaciones a derechos sexuales y reproductivos de mujeres que habían sido detenidas por el simple hecho de haber inmigrado sin documentos.
Todos estos actos de violencia no constituyen excepciones atribuibles a funcionarios deshonestos o particularmente agresivos; reflejan la violencia institucional inherente a la militarización y a la ideología de seguridad nacional que están a la base del control migratorio y fronterizo en Estados Unidos.
La militarización de la frontera con México ha tenido lugar a lo largo del pasado medio siglo, con puntos culminantes después de los ataques del 11 de septiembre 2001 y durante el actual gobierno de Donald Trump. En función de nociones de seguridad nacional impulsadas desde Washington, la militarización contempla tres aspectos fundamentales: la creación de un “Estado de excepción” en una enorme franja del país que comprende 100 millas desde la frontera hacia el interior de Estados Unidos, el incremento de personal militar en ese territorio y la militarización de las propias agencias de control migratorio, particularmente de la Patrulla Fronteriza. Esta emplea actualmente a más de 20 mil agentes, desplegados en su enorme mayoría en la frontera con México. Cabe señalar que más de 95 por ciento de estos agentes son hombres; a lo largo de los años, han sido repetidas las denuncias por abuso y violencia sexual contra migrantes e incluso contra las pocas mujeres que integran esa agencia.
Como lo han mostrado algunas investigadoras, la estrategia de militarización se basa en nociones de masculinidad asociadas al uso de armas, de un lenguaje sexista y a la normalización de la violencia de género. Así, las múltiples violaciones a derechos sexuales y reproductivos en las agencias de control migratorio y en los centros de detención deben explicarse no sólo como resultado del fuerte racismo y sexismo institucional sino también como un efecto de género de la ideología militar. Son consecuencia de la extrema desigualdad de poder entre agentes y migrantes.
De esta manera, las políticas de control migratorio provocan procesos sistemáticos de desempoderamiento de las personas migrantes, ligados a la detención y a la deportación. Las condiciones en los centros de detención migratoria implican un fuerte estrés físico y emocional. Después de ser aprehendidas, las personas pueden permanecer semanas o meses en condiciones de hacinamiento. Los centros de detención de la Patrulla Fronteriza son mantenidos a temperaturas muy bajas (se conocen como “hieleras”).
Como lo denotan diversos estudios, a las personas detenidas no se les proporciona comida ni bebida suficiente y se les niega frecuentemente servicios básicos de higiene y salud.
Es en este contexto de violencia institucional que deben explicarse otras agresiones cotidianas llevadas a cabo por la Patrulla Fronteriza. El uso de la violencia física, verbal y de género es sistemático pues es parte intrínseca de la estrategia de control social ejercida por las agencias migratorias en Estados Unidos.
Si bien esta historia de violencia institucional se ha ido gestando a lo largo de décadas, es importante señalar que el gobierno de Donald Trump ha impulsado prácticas punitivas que hubieran resultado inadmisibles hace pocos años. Uno de los focos de ensañamiento ha sido la migración de familias. En febrero 2018, el gobierno estadounidense anunció una política de “tolerancia cero” en la frontera, cuyo propósito fue separar a niños y niñas de sus padres cuando eran detenidos por ingresar sin documentos. Cabe señalar que esto sucedía incluso con familias que solicitaban asilo en la frontera, ingresando por un puerto de entrada oficial.
Algunos reportes de representantes políticos estadounidenses y de organizaciones sociales dieron cuenta de condiciones inhumanas en las que eran detenidos niños y niñas, en ocasiones durante semanas o meses, algunos de ellos menores de 5 años. Aunque un juez ordenó al Departamento de Seguridad Interna (DHS) interrumpir esa política, las autoridades fueron incapaces durante meses o años de reunificar a las familias, ya fuera porque los padres habían sido deportados o por simple incompetencia administrativa.
Los derechos a la unidad familiar, a la interrupción legal del embarazo y a la procreación están profundamente vinculados entre sí; constituyen los pilares de la autonomía reproductiva de las personas y de la autonomía corporal de las mujeres. El gobierno estadounidense se ha empeñado en violar sistemáticamente estos derechos, particularmente contra las personas en detención migratoria.
*Doctora en Ciencias Sociales con especialización en Ciencias Políticas, es investigadora en el Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte
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