Ciudad de México. La Corte Constitucional de Colombia admitió la revisión de la demanda que presentó el movimiento “Causa Justa” con la que busca eliminar el delito de aborto en el Código Penal de su país para que esta práctica no sea perseguida de manera judicial y se permita la interrupción segura del embarazo fuera de las tres causales ya vigentes.
El alto tribunal de justicia consideró que cumplió con los requisitos necesarios, por lo que ahora tendrá que decidir si mantiene tal y como está el artículo 122 del Código Penal, que sanciona el aborto en este país fuera de tres causales, si le hace cambios, o lo elimina completamente.
El pasado 16 de septiembre la demanda fue presentada por el movimiento “Causa Justa”, compuesto por más de 134 defensoras y 90 organizaciones, entre ellas “Women’s World Wilde”, “La Mesa por la Vida y Salud de las Mujeres”, el “Centro de Derechos Reproductivos”, “Católicas por el Derecho a Decidir Colombia”, entre otras más.
En el documento de 153 páginas, las defensoras declararon que el artículo 122 del CP es “ineficiente, injusto con las mujeres en situaciones de vulnerabilidad y violatorio a los derechos fundamentales, no sólo de las mujeres, sino también del personal de salud”.
Expresaron que desde 2006 con la sentencia C-355, la Corte Constitucional permitió el aborto en tres causales: cuando está en riesgo la vida física, mental y social de la madre; cuando existe una malformación grave en el feto y este no puede vivir por sí solo, y cuando el embarazo sea resultado de “incesto” o abuso sexual.
Sin embargo, resaltaron que en la práctica las causales no son suficientes, pues el acceso es limitado e inequitativo, en particular con las mujeres migrantes o las que viven en zonas rurales, por lo que aquellas que optan por realizarse abortos inseguros ponen en riesgo su vida.
Las autoridades colombianas siguen abriendo procesos penales, la mayoría contra jóvenes, mujeres de zonas rurales y víctimas de violencia familiar, a pesar de que con la existencia de las tres causales estos procesos debían ser evitados por las autoridades o por lo menos disminuir, señalaron en el documento.
Las que sí tienen posibilidad de interrumpir un embarazo temen porque se les inicie un proceso penal o ir a la cárcel y tener que cumplir una sentencia de 1 a 4 años de prisión según su legislación. En consecuencia, entre “1 y 9 por ciento de los abortos se practican dentro del sistema sanitario”, declararon.
En ese sentido aclararon que el objetivo de la demanda es eliminar por completo la criminalización del aborto para que las mujeres no teman y no sean perseguidas por interrumpir de manera voluntaria su embarazo. Petición que se apega a lo recomendado por organismos internacionales sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Las integrantes de las organizaciones destacaron que datos del “Informe sobre judicialización del aborto en Colombia” de la Fiscalía General de la Nación, revelaron que 97 por ciento de las mujeres denunciadas por aborto pertenece a zonas rurales y que 30 por ciento de ellas eran víctimas de violencia familiar o sexual.
El personal médico se niega a realizar abortos por miedo a ser penalizado ya que si un juez considera que su trabajo no está enmarcado dentro de las tres causales son penalizados y estigmatizados por la sociedad. La legislación, añadieron, tiene muchos vacíos que abren la posibilidad de que se cometan irregularidades.
Se espera que la demanda sea discutida por expertas de organizaciones de mujeres, académicas y congresistas. Hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha para que la demanda sea tratada.
El movimiento “Causa Justa” precisó que confía en que la Corte “se ha caracterizado por su rigurosidad jurídica y por la defensa de los derechos de las mujeres, estudie a fondo los nuevos argumentos de esta demanda y actué en derecho”, finalizó.
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