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Sin avances programa en CDMX para atender orfandad por feminicidio

Por Hazel Zamora Mendieta

Ciudad de México. Hace 2 años, el gobierno de la Ciudad de México anunció la creación de un programa especializado para atender y cuidar de niñas, niños y adolescentes cuyas madres fueron víctimas de feminicidio, pero a la fecha, mientras continúan los asesinatos de mujeres y con ello el número víctimas indirectas, los organismos involucrados en su diseño e implementación aseveran no contar con información al respecto.  

Fue en mayo de 2018 cuando el entonces Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México -hoy Secretaría de las Mujeres (Semujeres)- informó del programa en un comunicado de prensa. A fin de conocer sus avances, Cimacnoticias buscó entrevistas en la Semujeres y los otros organismos responsables de su desarrollo: el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA-CDMX) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-CDMX).  

Por medio de las áreas de comunicación, el Semujeres eludió que “como es un tema en el que están involucrados niñas, niños y adolescentes, el encargado es el DIF y el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México”; mientras dicho Sistema y el DIF, respondieron que “nunca tuvieron información sobre el tema”. 

Desde la noticia del programa (2018) hasta septiembre de 2020, la Fiscalía de Justicia capitalina ha abierto 182 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, pero tampoco se conoce la cantidad de menores de edad que se encuentran en el desamparo por estos crímenes, pues la Ciudad de México es además una de las entidades que no presentó información al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) sobre la cantidad de niñez y adolescencia que se encuentran en condición de orfandad por feminicidio para conformar un registro nacional. 

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Cambio de administración, víctimas al desamparo

Si bien las instancias capitalinas encargadas de diseñar este programa aseguran no tener información, en los reportes que el gobierno de la Ciudad de México ha brindado por la Alerta de Violencia de Género (AVG) a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), se muestra que esta política es de su conocimiento pero no han tenido avances en las últimas dos administraciones

Crear un programa en la ciudad para resarcir el daño a la niñez víctima indirecta de la violencia feminicida fue una recomendación del Grupo de Trabajo que atendió la solicitud de AVG presentada en septiembre de 2017 por las organizaciones de la sociedad civil, Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. 

El equipo de académicas que conformó el Grupo recomendó al gobierno capitalino construir el programa y “contar con políticas públicas enfocadas en la reparación integral del daño y recuperación de la salud integral de las y los menores de edad, a fin de evitar la repetición de estos patrones de violencia”.  

Para responder a la petición, durante la primera sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad Sustantiva del SIPINNA-CDMX, en 2018, se acordó la creación del programa y un “Protocolo de atención a niñas y niños víctimas directas e indirectas de violencia de género y feminicidio”.

Se dijo -según la comunicación que emitió entonces el Inmujeres CDMX- que sería una coordinación interinstitucional en la que participarían la Escuela de Administración Pública y la coordinación general de Modernización Administrativa para definir los perfiles y formar al personal que atendería a este grupo etario.

Se invitaría a otros organismos como las secretarías de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Cultura y Seguridad Pública, el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México; así como la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y las organizaciones de la sociedad civil World Visión México y KARUNA, Salud y Desarrollo.

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Pero todo quedó en planes, en los reportes de cumplimiento por la AVG se ha documentado que no hubo acciones tendientes a asegurar los derechos de las niñas y niños en orfandad por el feminicidio. En el primer informe de cumplimiento a la Alerta de Género, entregado en noviembre de 2018 bajo la administración de José Ramón Amieva Gálvez, se informó de la elaboración de una propuesta de “Programa de atención integral a hijas e hijos de víctimas y supervivientes de feminicidio”, y que la Secretaría de Gobernación local establecería “la Comisión permanente para la atención de hijas e hijos de víctimas y supervivientes de feminicidio”.

Asimismo, que 200 juezas y jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) tomaron un curso de “Sensibilización sobre la aplicación del enfoque de niñez en casos de feminicidio”. Pero como observó el Grupo de Trabajo, no hubo evidencias de que se instalara tal Comisión ni había una metodología, presupuesto, metas y fechas de implementación del programa.

Para la administración de la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, tampoco se reportan avances sustantivos. En el último análisis del Grupo de Trabajo de las medidas seguidas por la AVG, de mayo de 2020, el gobierno capitalino mencionó que el programa para la orfandad por feminicidio sería incluido en el plan de trabajo de la Comisión de prevención de todo tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes del SIPINNA-CDMX. 

Se informó que se enviaron oficios a las 16 alcaldías para que apliquen políticas en beneficio de la niñez y adolescencia en esta condición, pero no se reportan las acciones que las localidades han emprendido hasta ahora. El resto de las actividades están enfocadas en la capacitación de servidores públicos para la protección de los derechos de la niñez.

Sin embargo, ninguna de las actividades del gobierno se ha concretado en una política de verdadera reparación del daño para la niñez en orfandad por feminicidio.

Derecho a la reparación del daño

La falta de avances en este tipo de políticas públicas muestra cómo la reparación del daño es proceso que las autoridades aún no reconocen como un derecho, expresó en entrevista la litigante en casos de feminicidio y directora de la organización Justicia Pro Persona A.C., Ana Yeli Pérez Garrido.

La abogada observó que la reparación del daño a las víctimas indirectas del feminicidio no debe verse como una etapa procesal que se asegura una vez que se emite una sentencia por feminicidio, sino como un derecho que el Estado debe garantizar desde el momento que ocurre el daño y debe incluir la atención psicológica, el acceso a la salud y educación para la niñez.

En el acompañamiento de casos, Pérez Garrido observa que las niñas, niños y adolescentes que enfrentan la pérdida de sus madres de forma súbita y violenta mantienen un estado de vulnerabilidad que más tarde se expresa en impactos psicológicos o repetición de patrones de violencia; atraviesan violencia sexual, casos de desapariciones o conviven con parejas violentas.

La abogada expresó que el Estado al no asegurar la integridad y el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres está obligado a mirar por la protección de las niñez y adolescencia que quedan al desamparo como resultado del feminicidio. A pesar de ello, es común que las familias deban tocar puertas en las instituciones gubernamentales para recibir algún tipo de ayuda, a la par de buscar justicia para las víctimas en un sistema caracterizado por la impunidad.

Como peticionarias de la Alerta de Género para la Ciudad de México, la directora de Justicia Pro Persona desconoció si el gobierno ha emprendido acciones para asegurar los derechos de la orfandad por feminicidio.

20/HZM/LGL

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