Ciudad de México. La industria de los vientres de alquiler, conocida como “gestación subrogada, es un nuevo negocio mundial que genera más de 4 millones de dólares anualmente, en el que mujeres fértiles gestan hijos e hijas para terceras personas que desean cumplir con la presión social o el deseo individual de tener descendencia propia, así lo afirmó la autora del libro “Maternidad S.A: El negocio de los vientres de alquiler”, Laura Nuño.
En conferencia virtual, la académica e investigadora, explicó que el negocio de los vientres de alquiler nació por la imposición del patriarcado hacia las mujeres de hacer crecer la población y cumplir con el mandato de ser madres. En consecuencia, señaló, las que sí hacían posible esta obligación eran consideradas mujeres y las que no, rechazadas, por lo que “los cuerpos de las mujeres siempre han sido considerados como subalternos” en los que se pueden hacer posible los deseos sexuales, reproductivos y demás de terceras personas.
De manera histórica los cuerpos y derechos de las mujeres nunca han sido de ellas, lo que abrió la puerta para que surgiera el negocio de los vientres de alquiler, es decir la mercantilización del embarazo, que “convierte a las personas en objetos de intercambio económico”, añadió la también académica de la “Universidad de Juan Carlos” en España.
Agregó que son 3 los factores que impulsan la renta de vientres: los derechos de las mujeres no son concebidos como tal, sino como deberes; los avances tecnológicos médicos; y los cambios en el mercado: hacer creer a las personas que por pagar sus deseos no deben cargar con la carga moral o ética de sus acciones.
Todo estos elementos, explicó, desarrollaron aún más el negocio de los vientres, en el que hoy se puede elegir a la mujer gestora y también las características del bebé. Esto es posible gracias a que no existe ningún marco legal internacional que diga si estos procesos vulneran o no los Derechos Humanos.
Ante ello, dijo, organismos internacionales que luchan por los derechos de las y los niños llamaron para que este negocio sea supervisado y atendido. En particular la Unión Europea en una resolución del año 2015 declaró que “los vientres de alquiler o gestación subrogada va en contra de la dignidad de las mujeres, en la medida que utiliza su cuerpo como una materia prima”.
Sin embargo, el negocio de la renta de vientres sigue sin ser controlado, pero la sociedad sí exige ciertos “requisitos gestantes” para acceder a él. En México, India, Rusia, Israel, Ucrania, Grecia, y Tailandia, usualmente se pide un estudio médico que demuestre que la mujer es infértil, otros solicitan que la mujer sea ciudadana del país; en otros que la gestante rechace desde un inicio sus derechos como madre; y en otros se exige que la pareja de la mujer sea quien dé la carga genética.
El neoliberalismo, agregó, vino a romper con la estructura tradicional de “que las mujeres tuvieran relaciones sexuales con alguien que amaban y después surgiera la descendencia, con el fin de incrementar la plusvalía genérica para explotar aún más la capacidad reproductiva de las mujeres”, dijo.
Refirió que es plusvalía genérica porque el dinero que reciben las mujeres por gestar es empleado para alimentos o productos del hogar. Ejemplo de ello, detalló, son las mujeres de la India, quienes utilizan el dinero que adquieren de alquilar su vientre para comida, o las ciudadanas estadounidenses quienes lo dirigen para pagar las colegiaturas de las escuelas.
Resaltó que existe la idea que el alquiler de vientres y la donación de óvulos es una forma “altruista” en las que se ayuda a las mujeres a tener hijos, y que en la gestación subrogada los derechos de las mujeres gestantes están cubiertos porque en ocasiones, el cuidado de ella, los gastos médicos y demás, son cubiertos por la pareja que realiza el contrato con ella, pero en realidad no es así.
La investigadora explicó que en este mercado lo que se cuida es el interés superior del cliente y no el del menor, por lo que este negocio debe ser más estudiado e investigado para generar acciones que pongan el tema en la agenda pública de los países pues tiene repercusiones graves en la integridad de las mujeres gestantes y de las y los niños.
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