Ciudad de México. De enero de 2020 a la fecha, la organización defensora de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, documentó y acompañó 30 casos de agresión sexual y abusos contra niñas de entre 9 y 16 años; en 7 de estos casos las víctimas tenían entre 9 y 16 años de edad y fueron agredidas por su papá, por lo que de aprobarse la iniciativa que busca imponer más candados a la causal de aborto por violación, podría afectar a estas menores de edad.
Así lo dieron a conocer hoy en conferencia de prensa las distintas organizaciones de la sociedad civil que acompañan a niñas víctimas de violencia sexual en la montaña de Guerrero, donde habitan más comunidades indígenas en la región.
Esta conferencia se dio previo a la discusión que tendrán las y los diputados locales del dictamen elaborado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el cual plantea que se practique el aborto por violación hasta las 8 semanas de gestación, con una denuncia previa, el acompañamiento de las y los padres de la menor de edad, y luego de que se dé parte a la Secretaría de la Mujer y el DIF.
De acuerdo con Neil Arias Vitinio, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, la violencia sexual contra las niñas indígenas de la Montaña es aún muy frecuente pero poco atendida por las autoridades de procuración de justicia.
Tlachinollan -que acompañó la defensa legal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, por omisiones del Estado mexicano para atender a indígenas víctimas de violencia sexual- tiene actualmente conocimiento de 70 carpetas de investigación por delitos sexuales, todas ellas archivadas y sin que se revisen para llevar a la cárcel a los perpetradores.
A decir de la abogada, la iniciativa que podría discutir y aprobar el Congreso de Guerrero en próximos días sólo representaría un candado más para el acceso de las víctimas a la reparación y la atención de sus derechos, toda vez que es frecuente en la región que no denuncien por desconocimiento o miedo, los agresores sean los propios padres, las autoridades no crean a las víctimas, o tengan que trasladarse largas distancias varias veces para dar seguimiento a sus casos.
Ejemplos y casos hay muchos, dijo la defensora, pero destacó el de una niña de 16 años, indígena del municipio de Acatepec, que fue agredida física y sexualmente por tres sujetos que, además, eran autoridades comunitarias. El hecho ocurrió hace un año, pero la niña y su familia aún no han conseguido justicia ya que al vivir a seis horas del municipio de Tlapa (el más cercano a la capital del estado), tienen que hacer viajes largos para cada diligencia que les piden las autoridades.
En otro caso, ocurrido en septiembre de 2020, una menor de edad, indígena náhuatl, hacía sola la tarea en su casa cuando un vecino entró con engaños y la agredió sexualmente. Aunque la familia denunció el hecho, las autoridades cuestionaron a la niña por no haberse defendido y no le creyeron.
¿Qué va a pasar en estos casos en los que los operadores de justicia no le creen a las niñas? preguntó la defensora y aseguró que en los hospitales ya ha habido casos de muertes maternas de niñas y que, en Tlapa, sólo hay una persona que atiende las denuncias de las niñas víctimas de violencia sexual.
En el relato de estos casos coincidió Blanca de Jesús, de Mexfam, quien se manifestaba en ese momento en el centro de Tlapa para evitar la aprobación de este dictamen y coincidió en que, como acompañante y habitante de la región, es muy común que las niñas indígenas que le solicitan información para interrumpir un embarazo de manera segura sean víctimas de violencia sexual por parte de sus familiares y la comunidad.
Guerrero debe cumplir AVG por agravio comparado
De acuerdo con la coordinadora del Observatorio Ciudadano de Violencias en el estado de Guerrero, Viridiana Gutiérrez, esta iniciativa también contraviene las recomendaciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado que se decretó en la entidad en abril pasado. El Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) recomendó: “Estudiar, revisar y reformar la legislación relacionada a la interrupción legal del embarazo por causal excluyente de violación”.
El grupo de expertas hizo referencia a la necesidad de homologar el artículo 159 del Código Penal estatal con Ley General de Víctimas, la NOM-046 y el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, a fin de garantizar “el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo de manera segura”, lo que abrió la puerta a que el Congreso discutiera el tema e impulsara una iniciativa para modificar el marco normativo, no obstante, las diputadas y diputados no escucharon los argumentos de las organizaciones civiles y, por la noche, presentaron un dictamen propio que resultó regresivo respecto a los Derechos Humanos de mujeres y niñas.
Además de las organizaciones civiles, desde el 23 de octubre la Conavim envió un oficio a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Eunice Monzón García, llamándola a poner en el centro de su legislación los derechos de las mujeres, a no condicionar la atención de tales derechos a la denuncia previa ante autoridad judicial alguna,no inhibir que los prestadores de servicios de salud realicen su trabajo y no poner barreras según las semanas de gestación.
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