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Son niños

Por Lucía Melgar Palacios
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CIMACFoto: César Martínez López

La semana pasada el asesinato y descuartizamiento de dos niños, de 12 y 14 años, en el centro histórico de la Ciudad de México cimbró a la opinión pública. Por unos momentos. Pronto, otras noticias distrajeron a muchos de un tema que debería movilizar tanto a la sociedad como al Estado. Este hecho atroz no puede normalizarse y quedar como una cifra más en el registro de homicidios dolosos en este país. Tampoco podemos seguir tolerando la revictimización de quienes son asesinados con el argumento de que “están involucrados en el crimen organizado” o de que “los malos se matan entre sí”. Minimizar un doble homicidio como éste contribuye a la ya evidente putrefacción de la vida social, sobre todo bajo un gobierno que presume valorar a “familia” y defender a los “más necesitados”.

Héctor y Yahir, niños mazahuas, fueron desaparecidos el 27 de octubre y aparecieron descuartizados el 1de noviembre. El hallazgo fue accidental. No sabemos si las autoridades los buscaron, en todo caso detuvieron a quien transportaba sus restos, como si fueran basura o mercancía, por azar. No faltó quien enseguida relacionara estas muertes escalofriantes con el crimen organizado: “eran halcones” o “vendían droga”; ni medios que culparan a sus padres porque “los dejaron solos”. Éstos aclararon que los chicos vendían dulces, no droga.

Se ha vuelto común alegar que quienes mueren destrozados forman parte del bajo mundo. Es posible que en algunos casos la miseria, la necesidad, la falta de perspectivas o un deseo de pertenencia lleven a niños y adolescentes a sumarse a la pandilla o banda de narcotráfico local. Esto, sin embargo, no justifica ni la trivialización de la barbarie ni la estigmatización de las víctimas. Si las autoridades saben que en su ciudad o municipio hay grupos criminales de cualquier tipo, ¿por qué no actúan contra ellos? Si, como señaló el lunes Héctor de Mauleón, vecinos y autoridades sabían de la existencia de grupos del narco en el centro, y si ya hemos visto otros indicios de la presencia de crimen organizado en la capital, ¿por qué el gobierno ha seguido la política del avestruz que ha demostrado sus efectos nefastos en estados como Guanajuato?

El asesinato de Héctor y Yahir no es el único caso de menores de edad destruidos y vapuleados por la sociedad y el Estado. El año pasado, según el Inegi murieron asesinados 471 niños y niñas menores de 14 años y 2 mil 452 de 15 a 19 años; entre enero y septiembre de 2020, según datos de la Red de Derechos de la Infancia, las víctimas menores de edad sumaron 1,777 en todo el país. Entre ellas, recordemos a Fátima, cuyo feminicidio en Tláhuac causó indignación en febrero de este año, o a una niña de dos años encontrada en una maleta en Neza en junio, a Ingrid Allison de 14 años hallada asesinada en una maleta en Tlatelolco en 2018, a Lupita “calcetitas rojas” vejada, asesinada y abandonada en el Bordo de Xochiaca en 2017, a tantas más. Cada víctima tiene un nombre, lo sepamos o no, tenía una vida por delante y merecía la atención del Estado y de la sociedad antes de ser aniquilada por la crueldad y la indiferencia.

Hace 30 años México ratificó la Convención de los Derechos del Niño, que establece una serie de derechos básicos para menores de 18 años: derecho a la vida, la salud, la educación… Además obliga a los Estados parte a garantizar, entre otros, la protección de los menores con medidas concretas como “prestar asistencia apropiada a los padres” para la crianza, crear “instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños”, en particular cuando los padres trabajan (art.18). También deben protegerlos “contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual” (art. 19) y evitar la “privación de libertad, malos tratos y tortura” (art.37).

Todos estos son actos que a diario mutilan o acaban con la vida de niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

Firmar convenciones internacionales y no cumplirlas es ya costumbre del Estado mexicano. Ignorar la violencia y sus efectos es también característica de este gobierno. ¿Podemos seguir tolerando tanta negligencia?

20/LMP/LGL

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