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Expertos de ONU llaman a autoridades mexicanas a detener ataques a feministas

Por Lourdes Godínez Leal

Ciudad de México. Personas expertas en Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenaron las recientes agresiones policiales contra manifestantes feministas, entre ellos el ocurrido el 9 de noviembre en el municipio de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, y pidieron a las autoridades mexicanas proteger y no atacar a las mujeres que se manifiestan pacíficamente contra la violencia.

El Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Voule; la relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Šimonović; la relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de Derechos Humanos, Mary Lawlor; y Elizabeth Broderick, Dorothy Estrada-Tanck, Meskerem Geset Techane, Ivana Radačić y Melissa Upreti, del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, hicieron este llamado a propósito de los 16 Días de Activismo contra la violencia de género.

En un comunicado, emitido este 20 de noviembre por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se informó que los expertos aseguraron que “No hay nada más irónico -e indignante- que el reciente espectáculo de la policía atacando a las mujeres que protestaban contra la violencia y la muerte que las mujeres enfrentan todos los días en México”.

El llamado se hizo en la antesala del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, fecha en que también inicia la campaña anual de 16 días, la cual termina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos de la ONU.

La represión en Quintana Roo no ha sido la única. Por ejemplo: el 22 de agosto policías municipales de León, en el estado de Guanajuato, detuvieron a 22 mujeres y agredieron a periodistas en una protesta contra el acoso sexual; el 11 de septiembre policías municipales agredieron a manifestantes y periodistas y detuvieron a 13 mujeres que tomaron la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) en Ecatepec, en el Estado de México; y el 14 de febrero policías capitalinos agredieron a activistas que se manifestaban en el centro de la capital. En todos los casos las mujeres exigían justicia para casos de feminicidio.

“La violencia no puede utilizarse en absoluto para reprimir a las mujeres que sólo quieren vivir una vida libre de violencia para ellas mismas y para todas las mujeres y niñas, que protestan contra el feminicidio, la forma más letal de violencia contra las mujeres y que exigen justicia por las víctimas”, expusieron.

“Ahora más que nunca, es vital que las autoridades mexicanas respeten y protejan el derecho de reunión pacífica, mientras lo respaldan públicamente”. Agregaron que durante las manifestaciones la amenaza de acoso sexual, violencia, arresto y detención que las mujeres enfrentan diariamente, en público se vuelve aún peor.

El gobierno mexicano, en todos los niveles, tiene la obligación de crear un entorno en el que las mujeres puedan ejercer con seguridad y plenamente su derecho a la libertad de reunión, sin miedo a represalias”. Por esa razón, destacaron, debe garantizar que la fuerza sólo se utilice como último recurso y de conformidad con el principio de proporcionalidad, que no se empleen armas letales, y que las mujeres no sean agredidas sexualmente en futuras protestas.

Los expertos pidieron que se adopten medidas concretas para luchar contra la cultura del machismo dentro de la policía, como el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas, pero también para luchar contra los estereotipos de género en la sociedad.

“Por encima de todo, debe haber responsabilidad por la forma en que agentes de policía tratan a las mujeres manifestantes y a las defensoras de Derechos Humanos, que desempeñan un papel crucial en la promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, dijeron.

En junio, los expertos plantearon al gobierno mexicano su preocupación por la intimidación y las amenazas contra quienes promueven los derechos de las mujeres, en particular las amenazas contra las defensoras de Derechos Humanos. Son conscientes de los esfuerzos de las autoridades y otras instituciones públicas para hacer frente a este patrón de violencia en el contexto de las protestas y la violencia contra las mujeres.

20/RED/LGL

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