Ciudad de México. La pandemia de la COVID-19 no frenó las exigencias de familiares de víctimas de feminicidio y mujeres que habitan la Ciudad de México para salir a marchar en exigencia de justicia y una vida libre de violencia.
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Ciudad de México. Los recortes al presupuesto para la igualdad y la falta de información sobre el impacto de los programas de transferencias en la vida de las mujeres son ejemplos del doble discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su gabinete, dijeron defensoras de Derechos Humanos de las mujeres.
La coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Imelda Marrufo Nava; la directora general de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa Morales; y la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, también coincidieron en que la visión del mandatario no es nueva.
Las defensoras discreparon del discurso del presidente, quien en la conferencia mañanera de este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, dijo que el neoliberalismo es causa de la violencia contra éstas y que su gobierno hará todo lo necesario para proteger a las mexicanas.
Por ejemplo, en febrero, previo a la movilización y el paro feminista por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, López Obrador afirmó que “ahora los conservadores ya se volvieron feministas» y en septiembre dijo que aunque el feminismo es una causa justa “hay gente infiltrada que está en contra de nosotros, que utiliza lo del feminismo para atacarnos, gentes muy conservadoras inclusive”.
Ahora, en su discurso de esta mañana, agregó que el gobierno ya no es el principal violador de los Derechos Humanos, porque no se tolera la corrupción ni la impunidad. “Eso hace la diferencia, por eso estamos seguros de que las cosas van a ir mejorando, nada más que es un proceso, porque fueron 36 años de predominio de una política antipopular, inhumana, que produjo toda esta violencia y en especial la violencia contra las mujeres”.
Al respecto, Imelda Marrufo Nava dijo que las afirmaciones del presidente dejan ver que no entiende ni reconoce que la violencia de género tiene como causa y consecuencia la desigualdad y la discriminación y una cultura institucional, en los tres niveles de gobierno, que tiene resistencias para reconocer estos factores.
La abogada feminista que sabe de primera mano lo que es la violencia de género al acompañar a madres de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, detalló que un ejemplo del doble discurso del gobierno federal es que el propio Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) hace una semana afirmó, en un comunicado, que para 2021 el gobierno federal aprobó más presupuesto para los programas y acciones para la igualdad, cuando en realidad hubo recortes.
Marrufo Nava señaló que el gobierno federal ha incluido los programas sociales de transferencias en el gasto para cerrar las brechas de género. Sin embargo, destacó que hasta las legisladoras, algunas de Morena, han dicho que meter programas como pensiones para adultos mayores en la agenda de los derechos de las mujeres es una simulación.
“Me parece que lo que ocurre es que el presidente dice lo que piensa, lo que se le ocurre. Es una más de las ocurrencias de la mañanera. El presidente debería ser el primer funcionario en ser capacitado con un curso de perspectiva de género”, dijo.
Además, mencionó que la corrupción también genera violencia, pero advirtió que no hay mayor corrupción que la simulación.
La directora general de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa Morales, señaló que culpar al neoliberalismo de que al día ocurran 10 casos de feminicidio es reflejo del desdén hacia la vida y dignidad de las mujeres porque estos crímenes son resultado de una sociedad que invisibiliza, naturaliza y perpetúa las violencias machistas.
La defensora mencionó que en los delitos que se cometen contra las mexicanas hay cadenas de omisiones, negligencias e impunidad que mantienen al país en un estado de emergencia.
Otro aspecto que resaltó fueron los recortes al presupuesto para la igualdad. “Un país demuestra su compromiso con los Derechos Humanos y la democracia en el presupuesto”. Detalló que parece que el gasto del Anexo 13 para 2021 tiene un incremento, pero las bolsas más grandes son para los programas insignias del gobierno que no van dirigidos a disminuir las brechas de desigualdad.
Figueroa Morales recalcó que en el financiamiento para refugios también hay una simulación. Afirmó que para el siguiente año hay una disminución en el presupuesto para estos espacios porque se dejó el mismo monto que se asignó en 2020: 405 millones 3 mil 761 pesos. “El presupuesto no es acorde a las necesidades ni a los discursos”.
Por su parte, la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada, consideró que la desigualdad social es un factor de la violencia contra las mujeres, pero no es el único porque la violencia de género se trata de discriminación estructural. Otros factores, dijo, son la impunidad y la falta de perspectiva diferenciada de género en las acciones de gobierno.
Mencionó que aunque la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís Sámano, sostengan que los programas sociales contribuyen sustancialmente a disminuir los niveles de violencia, centrar la atención en éstos es reducir la violencia a un problema de gente pobre.
“La violencia (de género) no está suscrita en un solo sector de mujeres”, dijo. La coordinadora del OCNF consideró que si se piensa que las personas violentas son solo aquellas que viven en pobreza no se planean respuestas para atender otras causas como la delincuencia organizada.
Estrada también expuso que no se le puede echar la culpa de todos los problemas sociales al neoliberalismo porque si bien la comercialización de los cuerpos es parte de este sistema económico, también hay desapariciones, secuestros y violaciones sexuales de mujeres que no son comercializadas.
Para la defensora, la violencia se debe ubicar en contexto, pero además criticó que en el evento conmemorativo de este miércoles el gabinete presentara una numeralia y un diagnóstico que ya es conocido, pero no se diera a conocer información sobre los resultados de las acciones y cuáles son los planes y aspiraciones del gobierno.
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Ciudad de México. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que investigue al interior del Instituto de las Mujeres para el estado de Morelos, debido a la falta de información sobre los recursos designados a la Alerta de Violencia de Género (AVG) y cómo se han usado.
Cabe recordar que la AVG se emitió en agosto de 2015 para 8 de 33 municipios del estado: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.
En un comunicado, la Comisión Independiente dijo que el organismo que debe dar seguimiento a las medidas de cumplimiento de las recomendaciones es el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) y que a 5 años de emitida la Alerta, no hay resultados, por lo que recomendó que ante la falta de éstos, se presenten las renuncias de los integrantes de este Grupo, o en su defecto, un informe detallado de las ausencias de las personas que lo integran.
Que se hagan convocatorias públicas para sustituir las ausencias o suplencias de este Grupo, y hacer públicos los currículums de las personas que cubran las vacantes, para asegurar que cumplen con el perfil adecuado.
Reactivar el GIM para que atienda la AVGM, así como un seguimiento puntual de las acciones emprendidas por el estado y presentar un plan de acción para dar seguimiento a la Alerta, son otras de las recomendaciones.
La CIDHM presentó la tercera parte de su análisis de feminicidio y
las medidas de atención, prevención, sanción y reparación a un lustro de que se decretara la Alerta en Morelos. De acuerdo con éste, de los 8 Municipios con declaratoria, sólo 5 le entregaron informes de cumplimiento; ni Cuautla, Yautepec ni Jiutepec entregaron sus informes.
Por municipio, Xochitepec muestra más avances con 3 recomendaciones cumplidas, 5 en proceso de cumplimiento y 3 No cumplidas, mientras que Cuernavaca y Temixco son los que tienen mayor retraso al tener las 11 medidas no cumplidas, lo que la Comisión calificó como “sumamente grave y preocupante”, toda vez que no se ha eliminado el feminicidio en la entidad.
Respecto al cumplimiento de las medidas por parte de la Fiscalía General del estado de Morelos, 4 están en proceso de cumplimiento y 7 se dan por no cumplidas.
“Ante la actuación negligente en la atención a la Alerta de Violencia de Género para el estado de Morelos, la CIDHM presentó una Queja ante el Órgano Interno de Control y otra a la Visitaduría y Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Morelos para conocer los procesos de sanción que correspondan ante tal hecho”, informó la Comisión.
Debido a esta situación, también presentaron un análisis jurídico de los diversos recursos de revisión presentados por la CIDHM ante el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).
Precisaron que ante la falta de respuestas sobre el cumplimiento de sus obligaciones a las solicitudes de información presentadas, interpusieron 6 “Recursos de Revisión” ante el IMIPE y que de éstos solo uno ha concluido y es el que tiene que ver con la Secretaría de Salud del estado. Los otros que se presentaron fueron ante el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Fiscalía General del Estado.
“En los dos restantes recursos de revisión y relacionados con el gobernador del estado y la Secretaría de Educación, señalamos que el IMIPE aún no ha cumplido con su obligación de emitir la respectiva resolución definitiva en dichos asuntos. Lo anterior es preocupante ya que dichos procedimientos y recursos legales tienen que ser sustanciados bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad”, expusieron.
Recordaron que el derecho a la información es un derecho humano y el Estado está obligado a garantizarlo y más aún en temas de relevancia social relacionados a la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres y el feminicidio.
Finalmente, la CIDHM agregó que otras dependencias que deben acatar las medidas decretadas por la AVG son el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y la Secretaría de Educación, quienes son las peores evaluadas al tener todas sus recomendaciones como No Cumplidas.
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Ciudad de México.- Rodeado por las mujeres que integran el Gabinete federal y a propósito del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que toda la violencia, incluida la violencia contra las mujeres, es «fruto podrido» del modelo económico neoliberal.
Esa fue la conclusión del mandatario, quien agregó que otra causa de la violencia de género es la desintegración de las familias y la pérdida de valores, por eso dijo que es necesario luchar por una mejor sociedad, hacer valer la justicia, que no predomine la material y «fomentar el amor al prójimo».
En la conferencia de esta mañana en Palacio Nacional, donde la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó un balance de las acciones para garantizar una vida libre de violencia, López Obrador afirmó que en este gobierno, el Estado ya no es el principal violador de los Derechos Humanos.
Contrario al dicho de la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís Sámano, el presidente dijo que en su administración no se tolera la impunidad ni la violación a Derechos Humanos, por tanto auguró que la situación mejorará después de 36 años de predominio de una política “anti-popular e inhumana”.
El presidente cerró su participación repitiendo que la violencia tiene que ver con el machismo pero también con las condiciones de pobreza y marginación, pero destacó que nunca antes un gabinete habría tenido tantas mujeres y que su gobierno hará todo lo que se requiera para proteger a las mujeres, y de manera especial a los más pobres.
Después de presentar su posicionamiento, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) apoyó al presidente al decir que, efectivamente, la causa de las violencias son multifactoriales y que durante el periodo neoliberal se dispararon las muertes violentas de mujeres, que después se reconocieron como feminicidio.
Alanís Sámano se sumó a la afirmación de López Obrador y destacó que “el Estado no es el problema, es la solución”. Mencionó que los programas de gobierno implementados a partir de 2018, cuando López Obrador tomó el poder, contribuyen sustancialmente al disminuir los niveles de violencia porque ayudan a las mujeres “a salir adelante” sin depender de sus parejas.
Sin embargo, en su discurso solo una vez contradijo al presidente. “Uno de los temas centrales que hemos identificado tiene que ver con la impunidad”, dijo. La comisionada destacó que, en promedio nacional, solo en 50 por ciento de los casos de feminicidio se llega a una sentencia, pero la impunidad en algunos estados es de 98 por ciento.
Otra mujer del gabinete que habló fue la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylberman, quien agregó que es importante identificar la violencia contra las mujeres como delitos y adelantó que próximamente lanzarán un estudio junto con ONU Mujeres que indica que ahora el feminicido se da más en las calles o lugares públicos que en los hogares.
En esta conferencia, la primera en tomar la palabra fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien mencionó que un gran reto es la prevención de la violencia. La encargada de la política interior reiteró que la Cuarta Transformación es feminista y como ejemplo aseguró que los programas sociales tienen un impacto real en el bienestar de mujeres y niñas y generan oportunidades.
Entre las cifras que dió y que demuestran el problema de la violencia señaló que diez mujeres ha vivido un tipo de violencia; 8 de cada 10 teme ser agredida; cada día, 32 niñas, de entre 10 y 14 años se convierten en madres, víctimas de violencia; y cada año son asesinadas 3 mil 800 mujeres en razón al género.
La ministra en retiro dijo que el Estado tiene una deuda con las mujeres y afirmó que por eso el gobierno federal creó el Grupo Interinstitucional de Estrategia contra las Violencias que agrupa a todas las dependencias y trabaja con una perspectiva de género y Derechos Humanos.
En su recuento expuso que el Inmujeres creó 217 redes de Mujeres Constructoras de Paz, en más de 100 municipios, con una inversión de más de 128 millones de pesos e invirtió 170 millones de pesos para prevenir la violencia sexual.
Asimismo, señaló, la Secretaría de la Función Pública ha impulsado la cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual; y la Conavim amplió y fortaleció los Centros de Justicia para las Mujeres.
En esta conferencia la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana Osuna, presentó un balance sobre desapariciones de personas. Dijo que en México hay 19 mil 450 niñas, adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).
La comisionada detalló que hay 81 mil 1431 niñas, adolescentes y mujeres como desaparecidas, no localizadas y localizadas, de las cuales permanecen como desaparecidas 19 mil 450 mujeres, y han sido localizadas 61 mil 981. De estas, 98.29 por ciento aparecieron con vida y 1.71 sin vida.
En la conferencia también se presentó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Segob, Alejandro Encinas, quien informó sobre personas desaparecidas. Destacó que en la última década se han cometido 138 homicidios contra periodistas, mientras que en los últimos tres años la violencia se ha incrementado considerablemente; además, informó que 2020 es el año con más periodistas asesinados, con 19 casos.
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Mi abuela usaba esa palabra cuando alguien hacía un berrinche porque algo no salía como quería. Y, en efecto, a varios señores de distintos partidos políticos recientemente les dio el supiritaco.
Suele darles cada vez que las mujeres conseguimos avanzar en la legalidad de nuestros derechos políticos.
El más reciente supiritaco comenzó con la iniciativa conocida como 3 de 3 contra la violencia, impulsada por las colectivas, Constituyentes CDMX Feministas y Nosotras tenemos otros datos, que en el seno del Instituto Nacional Electoral (INE) fue impulsada por la Consejera Carla Humphrey.
Esa iniciativa, aprobada por el Consejo General, dio lugar a los Lineamientos para prevenir la violencia política de género al interior de los partidos políticos, que exigen que los aspirantes a una candidatura firmen un documento, bajo protesta de decir verdad, que afirme que no están condenados o sancionados por violencia familia, delitos sexuales o son deudores alimentarios.
No habían salido de su incomodidad, cuando Selene Lucía Vázquez Alatorre, aspirante a la gubernatura de Michoacán por el partido Morena, solicitó al INE criterios generales para garantizar que, en las 15 gubernaturas a elegirse el próximo año, los partidos postularan sólo a mujeres, basada en la reforma constitucional de 2019, conocida como Paridad en Todo.
Y entonces sí el supiritaco fue mayúsculo.
El 6 de noviembre, con impecables argumentos, aprobaron el Acuerdo las cinco Consejeras: Adriana Favela, Claudia Zavala, Carla Humphrey, Dania Ravel y Norma de la Cruz; y 3 consejeros: Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Martín Faz (sólo dos votaron en contra: José Roberto Ruiz y Uuc-kib Espadas).
Particularmente en el Senado y en el PAN (hombres en su mayoría, por si hace falta aclarar) han protestado, se han enojado, y han dicho unas cosas más insensatas que otras.
No es novedad, las resistencias han estado presentes, desde que las sufragistas buscaron que se plasmara en la Constitución de 1917 nuestro derecho al voto.
Continuaron con oposición férrea hasta que lo conseguimos en 1953. Pero luego siguieron haciéndolo desde los partidos, al postularnos a cuenta gotas. Les dio el supiritaco cuando en la década de 1990 se hicieron legales las cuotas de género. Y una vez normadas, no tuvieron empacho en eludir, simular, o de plano cometer fraude a la ley.
En 2011 les volvió a dar el supiritaco cuando, desde la Red Nacional Mujeres en Plural, se impulsaron acciones que culminaron en la sentencia 12624, que obligó a los partidos a cumplir con la cuota de género, sin excepciones. Y no fue fácil ni terso conseguir la reforma constitucional en paridad (2014), las jurisprudencias por la paridad vertical y horizontal (2015), la reforma constitucional por paridad en todo (2019) y reformas a ocho leyes generales para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres por cuestión de género (2019).
Así que el supiritaco no es novedad. Muchos hombres con poder protestan e imponen obstáculos a cada paso por los derechos de las mujeres. La lógica de fondo es la de siempre. Creen que las sillas del poder tienen sello masculino. Y se niegan a aceptar que el poder también es cosa de mujeres.
Pues, sin rubor contestamos: No hay vuelta atrás. Nunca más una democracia sin nosotras a la par.
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Ciudad de México.- El gasto público para la atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres se ha reducido desde 2016, lo que indica que la atención de este tema no es tan importante para el gobierno federal, afirmó la economista Flérida Guzmán Gallangos.
Al participar en una mesa redonda sobre presupuesto, organizada como parte del 2o Congreso Nacional sobre Violencias de Género, auspiciado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM, la académica dijo que cada año el Congreso aprueba un monto, Hacienda autoriza otro y las dependencias ejercen uno diferente.
La también profesora-investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) dijo que al hacer un análisis de los programas relacionados con la atención de la violencia, encontró que de 2016 a 2019 hubo una reducción y preve que la tendencia continúe en 2020, año que aun no concluye, y en 2021, con los montos aprobados por la Cámara de Diputados el pasado 13 de noviembre.
La economista destacó que de 2018 a 2019 observó recortes a programas de Gobernación, de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, los cuales financian acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
La experta en presupuestos para la igualdad alertó que además de estos recortes y de los subejercicios, el actual gobierno ni siquiera tiene un plan para atender la violencia porque no ha publicado los programas nacionales en la materia, a pesar de que el gobierno los necesita porque debe presupuestar con base en la políticas públicas planeadas para el sexenio.
Al respecto, la diputada federal Martha Tagle Martínez agregó que las mujeres nunca han sido prioridad para ningún gobierno, pero señaló que en la administración de Andrés Manuel López Obrador los recursos etiquetados se han mermado y con ello se desmantela la política pública para la igualdad de género y para atender la violencia contra las mujeres.
La legisladora por Movimiento Ciudadana dijo que, aparentemente, el siguiente año habrá un incremento de recursos de masa de 20 por cieno co respecto a 2020, al contar con128 mil 353 millones 630 mil 307 pesos para el Anexo 13, apartado donde se ubican los recursos para la igualdad. Sin embargo, aclaró que 36.8 por ciento de estos recursos es para el programa de pensiones para personas adultas mayores.
Tagle Martínez explicó que de 2019 a 2021 se redujeron los recursos para programas que atienden problemáticas como desapariciones de personas o trata de personas y para aquellos que financian microcréditos durante la emergencia sanitaria; o bien, para las escuelas de tiempo completo que atendían a 3.5 millones de niñas y niños.
Otro de los recortes, avalados por Hacienda y la Cámara de Diputados, fueron para salud sexual reproductiva, que atiende los cánceres en mujeres y la mortalidad materna; y el empleo temporal para las mujeres, por mencionar algunos.
La legisladora también calificó de preocupante que cada año Hacienda recorte el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, como sucedió en 2020, cuando la dependencia autorizó una reducción de 2 mil 163 millones de pesos al Anexo 13, decisión que viola la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece la irreductibilidad del gasto para la igualdad.
En su participación la abogada y regidora en el municipio de Guadalajara, en el estado de Jalisco, Claudia Gabriela Salas Rodríguez, expuso que a su estado la federación le recortó 9 mil 208 millones de pesos, es decir, 8 por ciento de su presupuesto. Estos recursos equivalen a todo el presupuesto que recibe el municipio de Guadalajara.
La también maestra en Género y Políticas Públicas explicó que con estos recortes los municipios de la entidad dejaran de recibir recursos federales para programas de hábitat y rescate de espacios públicos e infraestructura y además no contarán con presupuesto del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FROTASEG).
Salas Rodríguez mencionó que a nivel estatal la falta de fondos afectará el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, su acceso a la justicia y el funcionamiento del instituto estatal de las mujeres, entre otros rubros porque si bien el presupuesto estatal aun no se aprueba los cálculos indican que la reducción de los recursos federales impactará en los programas para la igualdad de este y otros estados.
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El confinamiento obligado por la pandemia dejó más vulnerables aún a las mujeres de América Latina frente a compañeros, proxenetas y funcionarios violentos. Esta investigación de la alianza periodística Centinela Covid-19 en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Nicaragua muestra los diversos rostros de la tragedia silenciosa y de las fallas en los endebles sistemas de protección oficial.
Alejandra estuvo dos horas y media en el asiento trasero de un patrullero junto a su agresor. Los dos habían sido detenidos, luego de una pelea en el balcón de su casa, en un pueblo de Pichincha, a dos horas de Quito.
Cuando llegaron los policías comunitarios —que, en Ecuador, son los encargados de “construir una cultura de convivencia pacífica y de seguridad ciudadana”— preguntaron qué había pasado. Francisco* —su esposo y también agresor— les dijo que ella estaba loca, que él solo quería irse en paz y ella no lo dejaba. Alejandra lo interrumpió y dijo que él había sido violento con ella, que no era la primera vez, que por favor hicieran algo.
“No me diga cómo hacer mi trabajo”, dice Alejandra que le respondió uno de los policías.
Entre gritos e interrupciones, ella les contó que tenía una boleta de auxilio, que no era la primera vez que él la golpeaba. Pero en ese momento, por los nervios o un descuido, solo tenía la copia del documento que certifica que a ella le ampara una medida administrativa inmediata de protección. Ese papel, dijeron los agentes, no era suficiente. Entonces, se los llevaron detenidos a los dos. Eran las cinco de la tarde de un día de marzo de 2020, pocos días después de que Ecuador y otros países de la región comenzaron sus restricciones estrictas de movilidad para frenar los contagios del covid-19 que ya dejaba 5 mil muertos en el mundo.
En este pueblo no hay oficina de la Fiscalía ni unidades judiciales, solo una Unidad de Policía Comunitaria (UPC). Los policías llevaron a Alejandra y Francisco hasta Santo Domingo, una ciudad a dos horas, para los exámenes de peritaje.
– Dónde es que tiene los golpes.
– Enséñeme las heridas.
– Levante los brazos.
– Mire para acá, mire para allá.
– Ya, no tiene nada, hasta luego.
Recuenta Alejandra que, como siempre de manera tan mecánica, la examinaron. “Te hacen llenar unas hojas, escribes, casi no hablas. Ellos conversan por otro lado con otra gente”.
Alejandra dice “como siempre” porque no era la primera vez que un médico legal la examinaba. En 2017, cuando tenía poco más de un año con su pareja, él le fracturó la nariz. Esa vez estaba en Quito y fue a la Fiscalía para denunciar. De la Fiscalía la mandaron a un hospital para que la examinaran. Como la fractura no le causó lesiones o incapacidad de más de tres días, la agresión no fue clasificada como un delito sino como contravención.
Francisco estuvo preso por 15 días y ella logró su boleta de auxilio. “De verdad es horrible pero si no tienes una herida profunda o no está roto algún hueso, no le prestan atención”, dice Alejandra, y continúa contando cómo fue el segundo proceso, en marzo de este año.
Después de los exámenes en Santo Domingo, regresaron al pueblo. “Los policías no sabían qué hacer, no sabían cómo proceder porque todo estaba cerrado por la cuarentena”.
La pelea, el viaje a la otra ciudad y el peritaje ocurrieron la tercera semana de marzo, unos días después de que el gobierno declarara el estado de excepción por la pandemia. El toque de queda empezaba a las nueve de la noche y se extendía hasta las cinco de la mañana. Cuando el presidente Lenín Moreno declaró la emergencia, obligó que cerraran los servicios públicos “a excepción de los de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que —por emergencia— los ministerios decidan tener abiertos”. Aunque la secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, dice que nunca dejaron de atender casos de violencia de género, activistas como Geraldine Guerra —que mantiene una red con mujeres de las 24 provincias del país— aseguran que la atención fue a medias. Los registros de la Fiscalía parecen corroborarlo: entre el 17 de marzo y 18 de mayo de 2020, las denuncias por violencia física cayeron en un 47 por ciento y las de violencia psicológica en un 65 por ciento frente al año anterior.
Esa noche de marzo, los policías, sin saber qué hacer, pusieron a Alejandra y Francisco a dormir en la UPC, en cuartos separados. En la mañana, los llevaron a otra ciudad a dos horas para que ella pudiera poner formalmente la denuncia. Si no hubiera habido confinamiento obligatorio, Alejandra debía haberla puesto la tarde anterior. Pero tuvo que pasar la noche detenida, y hacerlo al día siguiente.
Esa misma mañana fue la audiencia en una unidad judicial que sí estaba abierta en otra ciudad cercana. La jueza le dio 15 días de cárcel a Francisco. La boleta de Alejandra de hacía tres años seguía vigente pero como no le había servido, se la reemplazaron por otra medida: una orden de restricción del agresor. Hoy ella vive con el pánico de que su agresor vuelva a buscarla.
Martha de Nicaragua, Ximena de Colombia, Octavia de Guatemala y Olivia de Brasil, cuyos nombres completos reservamos por el riesgo que corren, viven con el mismo terror. Sus Estados no han hecho lo suficiente para protegerlas de agresores a quienes han denunciado ante las autoridades policiales o judiciales, en algunos casos más de una vez.
Ellos saben dónde viven y las han vuelto a buscar en plena pandemia.
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Ser mujer víctima de una agresión y poder obtener protección del Estado ha sido siempre difícil en América Latina, pero la pandemia y los extendidos períodos de confinamiento -locales o nacionales- que muchos países decretaron para hacerle frente al coronavirus agravaron aún más la situación.
Estudios y reportes regionales e internacionales sugieren que la violencia contra mujeres creció en el encierro. Los pedidos de auxilio continuaron, a pesar de que miles de mujeres dejaron de llamar porque no tienen saldo en sus teléfonos o conviven con sus agresores. Pero, más allá de esas cifras frías, la pandemia ha revelado la ineficacia de las autoridades y la deficiencia de sus rutas de atención y de la administración de justicia para proteger a mujeres de toda la región, como Alejandra en Ecuador, pero también como Octavia en Guatemala, Ximena en Colombia, Martha en Nicaragua y Olivia en Brasil.
No es lo único que cambió con la crisis de salud pública. También emergieron nuevas formas de violencia contra las mujeres, como las que ha sufrido Amanda en México, y las autoridades no estaban preparadas para responderles.
Ahora que la transmisión del covid-19 en la región bajó y muchos países pusieron fin a sus largas cuarentenas, no pareciera que los gobiernos hayan tomado nota de las debilidades de sus sistemas para proteger a las mujeres de la violencia.
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A Octavia Matilde Chen la golpeó el alcalde auxiliar de Lagunita Chipaj con su vara de mando. Pero Juan Mateo Tiquiram Carrillo, el principal funcionario estatal en esta aldea en Uspantán, al occidente Guatemala, no sólo usó la vara de madera que le distingue como autoridad indígena, sino también sus manos, dejándole moretones en el cuerpo. Ese día, mientras recibía los golpes del iracundo alcalde, Octavia llevaba a su bebé de 4 meses anudado en la espalda.
Esto sucedió el 13 de abril, un mes después de que se ratificara el estado de calamidad por la pandemia en Guatemala. Entre las medidas aprobadas para garantizar el distanciamiento social se incluía el cese del transporte público, la aplicación de bonos de auxilio a los desempleados y exenciones en el pago de facturas de los servicios básicos.
Juan Tiquiram había citado en la escuela a los vecinos de Lagunita Chipaj para comunicarles las nuevas decisiones y también para aprovechar y aumentar su popularidad, inscribiéndoles en listados que no eran realmente necesarios para recibir alimentación u otros apoyos estatales. Según cuenta Octavia, a esta reunión llegaron cerca de 100 personas, algo que a ella le molestó puesto que sabía que las aglomeraciones eran riesgosas por el contagio y estaban prohibidas en el país. Esto la llevó a confrontar al alcalde auxiliar.
En ese momento Juan Tiquiram no dijo nada. Pero cuando Octavia se dirigía a su casa, la persiguió y, en un punto del camino, comenzó a golpearla, enojado porque esta mujer maya k’iche’ lo había desautorizado delante de todos los vecinos. La golpeó en las manos, en la espalda y en la parte baja de su estómago.
Octavia esperó al día siguiente para dirigirse al Ministerio Público de Uspantán, la comunidad a la que pertenece su aldea, a poner la denuncia. Como no había transporte público, caminó los 10 kilómetros, acompañada de su vecina Petrona Pinula, quien presenció la agresión. Llevó a la caminata a su bebé, quien había vivido la golpiza colgado en su espalda. Pero al llegar al Ministerio Público, estaba cerrado.
Se puso en contacto con Amada Aj Ajcot, de la organización MujeMaya por la Verdad y Justicia de Uspantán, un grupo de mujeres sobrevivientes de la violencia que trabajan ad honorem para ayudar a otras mujeres a salir de ese ciclo de violencia. Contactó al 1572, un número de la Policía Nacional Civil que anteriormente funcionaba solamente como número de pánico para que mujeres pudieran pedir auxilio al sufrir violencia simplemente por ser mujeres, y que, a raíz de la pandemia y las restricciones a la movilidad, se habilitó para que también puedan interponer las denuncias penales asociadas .
La línea -que hasta agosto había recibido 200 mil llamadas, según información de la Fundación Sobrevivientes- es gestionada por la Policía Nacional Civil en Coordinación con la Secretaría de la Mujer del Ministerio Público, ambas del orden nacional.
Quienes atienden el teléfono son mujeres agentes, sin una formación específica sobre cómo atender casos de violencia contra las mujeres. Además, ninguna de las agentes policiales habla en los idiomas mayas, en un país donde 40 por ciento de la población es maya según el último censo de 2019 y en el que, hasta la actualidad, muchas de las mujeres son monolingües en alguna de las 22 ramificaciones de este idioma en el país.
Esto hizo que a Octavia, quien habla en maya k’iche’ y uspanteko, pero muy poco castellano, se le dificultara mucho dar la información del suceso a la agente que le atendió. “La agente de policía dijo que no era violencia de género, porque para ser violencia de género la tenía que haber golpeado su esposo. Dijo que era una amenaza”, explica Amanda, que ha hecho las veces de su traductora.
Octavia no es la única que no ha podido poner una denuncia en su idioma materno, por lo que varias organizaciones de mujeres han ayudado en estos meses con traductoras. “Hacemos llamadas a tres al número 1572, con la mujer denunciante y una traductora”, explica la directora de «Mujeres Transformando el Mundo», Paula Barrios,.
Gracias a esa mediación, lograron que las autoridades aceptaran la denuncia de Octavia por violencia contra la mujer. Sin embargo, no le hicieron el peritaje físico ni psicológico requerido. “No le dieron ni medidas de seguridad. Ella regresó a su comunidad como si nada, otra vez exponiéndose al peligro”, explica Amanda.
La llamaron para ratificar su denuncia el 13 de agosto, cuatro meses después del suceso. En ese momento, ya no tenía moretones. Le dijeron que le iban a realizar una videollamada del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para realizarle el peritaje psicológico, pero Octavia no tiene un teléfono inteligente ni una computadora. Al no hablar castellano, le dijeron que la otra posibilidad era trasladarse al municipio de Nebaj a llevar su caso, pero Octavia tampoco tiene dinero para pagar sus pasajes hasta allí.
Mientras tanto, las amenazas hacia Octavia han continuado. A comienzos de octubre, Amanda Aj la encontró muy asustada: había recibido una llamada de Tiquiram, en la que -según le relató ella- el alcalde auxiliar le avisó que quemaría su casa para que no pudiera seguir el caso. En la noche, al sentir un olor a gas, el miedo de Octavia -como el de Alejandra- había aumentado.
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Un martes en julio, Olivia buscó uno de los centros de asistencia social de la ciudad donde vive, en el interior de São Paulo, el estado más poblado de Brasil. Quería que la escuchara un psicólogo con el que pudiera hablar de las agresiones que sufre en su propia casa, a manos de su marido, veinte años mayor que ella. “Necesitaba abrir mi mente, escuchar que no soy tan mala como él habla de mí”, dice.
Según Olivia, los episodios de violencia física y psicológica han ocurrido desde el inicio del matrimonio hace quince años, pero se intensificaron mucho durante los primeros meses de la pandemia, cuando él pidió vacaciones y ella dejó de trabajar temporalmente como empleada del hogar, por acuerdo con sus empleadores, debido a la cuarentena. “Ahí es donde viví mi peor infierno”, afirma.
Ex usuaria de drogas e hija de una víctima de feminicidio – hace dos décadas, su madre fue apuñalada hasta la muerte por su pareja, a quien había denunciado –, Olivia tiene miedo de ir a la policía y no cree que haya “justicia para las mujeres” en Brasil. Aunque el país cuenta con una legislación avanzada para combatir la violencia doméstica, su historia familiar la hace escéptica del sistema y, para ella, recurrir al poder judicial significa “salir de un infierno para entrar en otro”. Por eso, después de pensarlo mucho, finalmente decidió buscar ayuda en otro lugar que no fuera la comisaría de policía.
Pero cuando llegó al centro de atención estaba cerrado, evidencia de cómo la pandemia ha limitado – en vez de ampliar – el acceso a los servicios de asistencia a las mujeres víctimas de violencia doméstica.
En la ciudad de Olivia, no hubo orientación oficial de la municipalidad para que estos espacios, llamados Centros de Referencia en Asistencia Social (CRAS), funcionaran a distancia durante la pandemia. Pero debido a la pandemia, algunos comenzaron a trabajar con cita previa, lo que sucede hasta hoy. Ese fue el caso del centro al que fue Olivia: por teléfono le dijeron a este equipo periodístico que la puerta se mantenía cerrada por razones de seguridad, pero que, si la persona tocaba el timbre, podía ser recibida. Sin embargo, Olivia dice que no había nada ni nadie que informara de esto a las personas que buscaban ayuda. «Simplemente lo encontré cerrado y después escuché en la televisión que no había fecha para la reapertura», recuerda tres meses después.
Los CRAS están en áreas de vulnerabilidad social en Brasil. Mantenidos por las municipalidades y por el gobierno federal, proporcionan atención gratuita a la población y servicios básicos de protección social. Por estar en muchos lugares y servir a mucha gente, a menudo funcionan como puerta de entrada a la red de protección de las mujeres víctimas de la violencia. Desde allí, ellas pueden ser encaminadas a los canales públicos de asistencia jurídica o al Sistema Único de Salud (SUS).
En algunos municipios del país, los centros funcionaron con cita previa debido al Covid-19, algo que, según varias organizaciones, supuso una barrera adicional para que las mujeres buscaran ayuda. “Como no atienden al público (en persona), terminan ofreciendo menos lugares de refugio y protección a estas mujeres”, dice la abogada de la organización TamoJuntas, Letícia Ferreira, que ofrece atención multidisciplinaria gratuita a víctimas de la violencia de género en todo Brasil.
Tras encontrar sus puertas cerradas, Olivia volvió a casa desanimada. “Un lugar así tiene que estar abierto todo el tiempo, porque no vas a la hora que quieres, sino en el momento en que surge la oportunidad. Pensé: ‘Ahora sí me salió mal, es una advertencia de Dios para no buscar nada’”, se lamenta.
Durante la cuarentena, Brasil no sólo restringió el acceso a la asistencia social: también lo hizo con el acceso a la justicia. Algunos tribunales estatales – con jueces especializados en violencia doméstica – y defensorías públicas también operaron a distancia durante los meses más críticos de la pandemia, como ocurrió en el estado de São Paulo donde vive Olivia.
Esto creó un obstáculo para que la justicia pudiera otorgar medidas de protección de emergencia a las mujeres. “Muchas veces, las solicitudes de esas medidas son presentadas por abogados privados, pero en el caso de las mujeres en situación de vulnerabilidad, se hacen a través de las defensorías públicas y de los centros de referencia que cuentan con un servicio socio-jurídico. Con estos servicios cerrados, el número de solicitudes fue menor”, dice Letícia Ferreira. “Nuestra asistencia, que era en persona, de repente se convirtió en 100 por ciento online. Aunque identificamos tasas más altas de violencia doméstica, hubo menos demanda de nuestro servicio”, coincide Nalida Coelho, defensora pública en la ciudad de São Paulo.
Normalmente las mujeres también pueden solicitar medidas de protección en las comisarías de defensa de la mujer, distribuidas por todo el país. Para ampliar las posibilidades de denuncia durante la cuarentena, São Paulo, Bahía y otros estados crearon canales digitales para el registro de casos de violencia doméstica.
Sin embargo, la desigualdad en la conectividad a internet en Brasil limitó el alcance de esa iniciativa bienintencionada. “Esto ayuda pero no lo resuelve, porque varias mujeres no tienen acceso a internet y no pueden usar sus computadoras o teléfonos celulares porque están constantemente vigiladas por el agresor”, dice la psicóloga Juliana Martins, de la organización cívica Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP).
Los datos de un estudio del FBSP parecen confirmar el problema: de marzo a mayo, el número de medidas de protección concedidas por los tribunales en cuatro estados brasileños disminuyó en comparación con el mismo período en 2019. São Paulo, por ejemplo, vio una caída de 11.6 por ciento. Otra encuesta de la misma organización sobre los impactos de la pandemia en los índices de violencia brasileños constató que, durante el primer semestre de 2020, el número de feminicidios creció 1.9 por ciento en Brasil y las llamadas a la policía por casos de violencia doméstica lo hicieron en 3.8 por ciento. Sin embargo, las estadísticas de agresiones por violencia doméstica cayeron 9.9 por ciento en las comisarías de Brasil, una contradicción que -para Martins- sugiere que la violencia no ha disminuido, sino que “la mujer que está confinada con su agresor probablemente tiene dificultades para acceder a los canales de denuncia o pedir ayuda”.
Olivia parecería ser la ilustración de esta paradoja. Sin la fuerza para buscar ayuda de nuevo, continúa viviendo en una constante situación de violencia con su marido.
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Ximena llevaba dos años denunciando que su ex pareja la ha agredido varias veces. No había logrado que las autoridades tomaran nota. Hasta que, en plena pandemia y confinamiento, tomó una decisión contundente: lo expuso en redes sociales.
Sucedió después de un nuevo ataque.
Esa noche de junio, Ximena fue a buscar a su pequeño hijo de 2 años a casa de su ex pareja, en la ciudad caribeña de Barranquilla, Colombia. Al llegar, se percató que ambos estaban dormidos y decidió regresar más tarde. Ella estaba en la esquina conversando con una vecina, cuando él la llamó y le avisó que su hijo acababa de despertar. “El niño te está llamando”, cuenta que le dijo.
Ximena regresó de inmediato y entró a buscarlo, pero se dio cuenta que aún dormía profundamente. En ese momento él cerró la puerta abruptamente y le propinó un puño a la altura del ojo. Ximena imploró que la dejase ir. Él se fue corriendo al patio, y ella aprovechó para buscar las llaves, pero cuando abría la puerta, sintió un golpe contundente en la cabeza. Se tocó y notó que estaba sangrando.
“En ese momento perdí el conocimiento”, dijo. “No recuerdo mucho, pero sé que cuando reaccioné, me dolía la espalda. Sentía demasiado dolor en todo el cuerpo, incluso en mis ojos. Sin duda me había golpeado mientras estaba inconsciente. Supongo que él pensó que ya estaba muerta. Como pude, corrí con mi bebe hasta mi casa”.
Ese día Ximena decidió exponer su caso públicamente en Instagram para pedir ayuda, porque no había logrado protección efectiva. “Siempre que voy a las instituciones, me dicen que las medidas de protección van a ser un hecho, pero al final todo queda en promesas”, dice.
Desde abril de 2018, cuando presentó su primera denuncia por violencia intrafamiliar agravada ante la Fiscalía General de la Nación, sus solicitudes de protección policial o acciones legales han terminado en cortantes frases de funcionarios distantes y muchas veces hostiles.
– Detalle su denuncia, que necesitamos tenerlo todo en el documento.
– Si el agresor es consumidor de estupefacientes, esa es la reacción usted debe esperar de él.
– ¿Es que acaso usted no se dio cuenta que él no estaba en sus cabales? Por eso él hizo lo que le hizo.
– Apresúrese, no tenemos todo el tiempo para usted.
El resultado: “Yo vuelvo a mi casa con más miedo”, dice. A pesar de varias golpizas con botellas, puños y patadas, de despertar ensangrentada, con dolores en la espalda y la cabeza, Ximena no lograba que el mecanismo diseñado para atender a mujeres violentadas por sus ex parejas la protegiera.
En dos ocasiones acudió a éste, sin resultados. Dos veces intentó poner una denuncia ante la policía judicial y solo una avanzó ante una comisaría de familia. Pero solo en una llegó hasta la Fiscalía, la última etapa de la ruta, sin conseguir que tomara alguna decisión judicial en su favor.
En medio de esa frustración, Ximena decidió dejar de salir de su casa para evitar arriesgarse. La medida tampoco funcionó: su agresor pasó a acosarla a ella y a su familia en su propio hogar. Su calvario reflejaba una tendencia común en Colombia: en el 2019, solo 15 por ciento de los casos de violencia intrafamiliar reportados fueron esclarecidos e imputados, según la Fiscalía General.
Recordando esa angustia, tras esta nueva agresión, Ximena subió un video en su cuenta de Instagram. “Por favor, necesito que me ayuden. La Fiscalía y las autoridades no hacen nada. Por eso, acudo a este medio, porque de verdad, ya siento que no puedo más. Él me dice que me va a matar, incluso intentó matar a mi mamá”, decía a la cámara. Con el rostro amoratado y enlagrimado pero con voz pausada, Ximena detalla esos minutos de horror. En un momento se le ve respirar con dificultad, rompe en llanto y luego retoma la denuncia, dice el nombre de su agresor y de las entidades a las que había acudido en busca de ayuda. Implora a las autoridades que le ayuden.
Su video rápidamente se volvió viral, y fue replicado una y otra vez por personas que tienen muchos seguidores en las redes sociales y por varios medios. Un abogado penalista especialista en investigación criminal le ofreció acompañarla legalmente y reactivar su proceso.
A la mañana siguiente, la presión mediática logró lo que en dos años había sido una ilusión vana: 810 días después de su primera denuncia, las autoridades hablaron públicamente de su caso y se comprometieron a brindarle apoyo. Primero fue la Alcaldía Municipal, luego la Fiscalía, después la policía e incluso la personería distrital.
El Instituto Nacional de Medicina Legal le otorgó 12 días de incapacidad médica. Su caso entró al seguimiento al protocolo de valoración de riesgo epidemiológico semestral del Ministerio de Salud y Medicina Legal, que detalla que en Colombia hay 15 mil mujeres en riesgo de sufrir feminicidio. Un 46 por ciento de ellas están en riesgo extremo y el restante 54 por ciento en riesgo moderado, según ese reporte nacional.
Esa situación se agravó en los 6 meses de confinamiento entre marzo y agosto. Las llamadas a líneas de emergencia aumentaron en un 142 por ciento en relación al año anterior. Eso significa que cada 25 horas se presentó una denuncia por feminicidio en el país. Cada 10 minutos, una por violencia intrafamiliar y cada 25 minutos una por delito sexual.
Con su denuncia en redes sociales, Ximena logró que por fin la Fiscalía abriera una investigación y que el 20 de julio -menos de un mes después- ordenara la detención de su agresor. Tres días después, el abogado de Ximena solicitó en audiencia que fuese enviado del centro policial donde estaba detenido, a una cárcel. Hoy se expone a una pena de 8 años si es imputado por el delito de violencia intrafamiliar agravada.
Veintiocho días le tomó a las autoridades capturarlo. La única diferencia entre esa celeridad y la desidia que encontró en anteriores ataques es que Ximena expuso públicamente las fallas del sistema que aunque está diseñado para proteger a mujeres agredidas como ella -y como Octavia, Alejandra y Martha- funcionaba mal, y en tiempos de pandemia con el Estado funcionando a medias, se hizo aún más lento y hostil para ellas.
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La pandemia ha develado que la violencia contra las mujeres no solo aumenta en casa. En México ha surgido otra forma que afecta particularmente a mujeres en situación de prostitución y a las que son víctimas de trata con fines de explotación sexual.
“A veces traemos toallitas húmedas con las que se desinfectan las mesas, con cloro. No siempre las usamos porque el cloro es dañino”, cuenta Amanda, de 26 años, vía telefónica desde Tlaxcala. “A veces sólo nos bañamos con agua normal y nos pasamos la toallita desinfectante para que nos huela el cuerpo un poco a cloro”.
Esa es la solución que ha ingeniado Amanda para reducir un riesgo casi tan nuevo como la cepa del Sars-cov-2 que ha causado el coronavirus. Con el trabajo complicado, cuenta que se ha vuelto frecuente que los clientes les pidan a ella y a sus compañeras ducharse con agua y cloro o usarlo como enjuague bucal. Los dos hombres que, dice, les dan “protección” a ella y a seis mujeres más se cercioran de que la desinfección ocurra.
– ¿Han sentido alguna reacción adversa por el uso del cloro?
– Yo no, ni siquiera mareos. Sólo a veces ardor o comezón, pero se quita muy rápido.
– ¿Y tus compañeras?
– Ellas sí. Mareos, sobre todo.
El Frente Nacional Feminista Abolicionista, una organización que trabaja por erradicación de la trata de personas y la explotación sexual de niñas y mujeres en México, ha denunciado desde mayo esta práctica.
“Las obligan a bañarse con cloro”, afirma la abogada Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe e integrante del Frente. La información le llegó a través de las organizaciones que atienden a mujeres en situación de prostitución en el estado central de Tlaxcala, a unos 120 kilómetros de la Ciudad de México. “Sabemos que se trajeron a Tlaxcala a la mayoría de las mujeres que estaban en las redes de trata, a las que tenían explotando en Nueva York. Las llevaron a hoteles de distintos municipios de Tlaxcala y estuvieron promoviendo que continuara la explotación de la prostitución ahí”, añade.
El cloro es un compuesto químico utilizado para la desinfección de superficies y blanqueamiento de telas, pero altamente dañino para la salud de las personas. La Organización Panamericana de la Salud advirtió de su toxicidad en agosto, mientras los casos de covid-19 continuaban en escalada en el mundo y el presidente Donald Trump incluso lo había promocionado sin pruebas como tratamiento. “Si se ingiere puede causar irritación de la boca, el esófago y el estómago, con un cuadro digestivo irritativo severo, con la presencia de náuseas, vómitos y diarreas, además de graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales. La disminución de la presión arterial puede dar lugar a síntomas graves como complicaciones respiratorias debido a la modificación de la capacidad de la sangre para transportar oxígeno”, dice el reporte del brazo regional de la Organización Mundial de la Salud.
Actualmente no hay una cifra real sobre la cantidad de mujeres inmersas en esta actividad en México que permita entender la dimensión del problema. Tampoco se ven acciones efectivas del Estado para contrarrestarlo.
“Cuando empezó todo esto del covid supimos que la actividad se complicaría, no sólo porque bajaría la cantidad de servicios y el dinero, obviamente, sino porque nos pondríamos en un mayor riesgo de contagio. Esta actividad de por sí es riesgosa; con el covid se triplicaron los riesgos”, dice Erika, de 27 años. Ella está en situación de prostitución desde hace 4 y lo hace de forma independiente en Ciudad de México, sin terceros que controlen su actividad o sus ingresos. Desde que empezó la pandemia se promociona a través de WhatsApp y OnlyFans, una herramienta online donde los usuarios pagan para ver el contenido erótico que ella publica.
Quizás por eso Erika ha estado a salvo de esta nueva modalidad de violencia, aunque ha oído que le ha ocurrido a otras mujeres. A ella por fortuna un solo cliente le ha sugerido el cloro como método de desinfección, “pero sólo fue una sugerencia, ni siquiera una exigencia o una obligación- cuenta- Yo creo que si me hubiera querido obligar, me voy. Le dije que mejor nos bañáramos juntos”.
Hay otro factor que está agravando el problema: quienes acompañan a las mujeres más vulnerables tienen ahora menos recursos para hacerlo. El recorte presupuestal que hizo desde febrero de 2019 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con mujeres ha reducido su capacidad de brindar apoyo. Ahora, en julio de 2020, López Obrador recortó también 151 millones de pesos (7.7 millones de dólares) al presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres, como parte de las medidas de austeridad para enfrentar la pandemia. “Se está sacrificando la protección de las mujeres por criterios meramente administrativos o financieros, cosa que sí nos parece grave”, reclama Teresa Ulloa Ziáurriz.
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‘Martha’ tiene miedo de morir. A mediados de julio su esposo, que estaba condenado a un año de cárcel por amenazarla de muerte, fue liberado bajo un cambio de régimen que le otorgó el gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua.
Supo que su expareja sería excarcelada porque unas amistades que trabajan en el Sistema Penitenciario Nacional se lo advirtieron, aunque oficialmente nadie del gobierno o de alguna autoridad judicial la puso sobre aviso.
Unos días después, ella misma confirmó que él estaba libre. Lo vio rondando su casa.
Desde entonces, ‘Martha’ pasa sus días sumergida en la incertidumbre y en el miedo. Ha dejado de ir a los lugares que antes frecuentaba, porque varias veces lo ha visto de lejos. Incluso el hombre ha llegado a sentarse enfrente de su trabajo y por las noches le ha apedreado la casa. ‘Martha’ está tan desesperada que ya puso su casa en venta.
“Tengo miedo de que en cualquier momento cumpla su amenaza”, dice la mujer, quien pidió no ser identificada por su nombre real. Teme por su vida y por represalias.
Entre el 12 de febrero y el 12 de septiembre de 2020, el gobierno de Nicaragua liberó a 7 mil 920 reos que permanecían recluidos en cárceles de todo el país. La mayor excarcelación ocurrió en la segunda semana de mayo, coincidiendo con el inicio de la curva de contagio de covid-19 en el país centroamericano.
“Cumpliendo con nuestro compromiso responsable, cristiano y solidario, (se) entregó a sus familias y regresaron a sus hogares 2 mil 815 personas (2 mil 727 varones y 88 mujeres), que fueron excarceladas (sic) con el beneficio legal de convivencia familiar, incluyendo personas de la tercera edad con padecimientos crónicos”, informó el Sistema Penitenciario Nacional.
Las organizaciones nicaragüenses que trabajan en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia machista, identificaron entre esos excarcelados a más de 500 hombres que estaban purgando penas por delitos de violencia, incluyendo feminicidio, abuso sexual, agresiones físicas y feminicidio en grado de frustración.
“Esto lo hemos leído como un mensaje de impunidad a otros agresores, de que pueden cometer el delito porque de todas formas, si los meten presos, los van a sacar”, reclama la coordinadora nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV – Nicaragua) Maricé Mejía. A su juicio, el acto también “demuestra que (en el gobierno) no hay ningún mecanismo real para decidir quiénes están listos para reintegrarse a la sociedad, porque los están sacando (de prisión) a como se les da la gana”.
El 2020 se encamina a ser el año de mayor violencia contra las mujeres nicaragüenses en el último lustro. Los 69 casos de feminicidio que se registran hasta la segunda semana de noviembre ya colocan a este año por encima de los cinco anteriores. Mientras, otras 100 mujeres han escapado de ser asesinadas, según el último registro de casos de feminicidio frustrados del monitoreo de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, que defiende los derechos de las mujeres nicaragüenses.
El gobierno de Nicaragua tiene otras cifras. Según el último informe de la Policía Nacional, de principios de agosto, en 2020 solamente han ocurrido 11 casos de feminicidio: el otro medio centenar no lo reconoce como tal, porque no considera que fueron delitos de violencia machista, sino simplemente asesinatos u homicidios. En Nicaragua, el artículo noveno de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres aprobada en 2012, define como feminicidio aquel donde “el hombre, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o privado”. Sin embargo, el actual jefe de la Policía Nacional y consuegro del presidente Ortega, Francisco Díaz, declaró en julio de 2014 que para la Policía, el feminicidio “es que el hombre que le da muerte a una mujer tiene un vínculo afectivo”, una interpretación que promueve el subregistro. Además, la Policía Nacional celebra que de las 9 mil 880 denuncias de violencia recibidas entre el primero de febrero y el 7 de agosto de 2020, 80 por ciento fueron “resueltas” por mediación entre las víctimas y los agresores.
‘Martha’ fue uno de esos casos “resueltos”. Tras la liberación de su expareja, acudió a las autoridades y les contó cómo él la ha seguido al trabajo y a la casa, y de las pedradas que arrojó contra su vivienda. También recordó las humillaciones, reclamos, golpes y violencia sexual que había padecido. De cuando él le decía que iba a matarla y dormía con un cuchillo debajo la almohada. Y también cómo desde la prisión él se las arregló para contactarla. Le pedía que volvieran y ante el rechazo volvió a amenazarla: “Yo voy a salir peor de la cárcel, alístate cuando salga”.
La respuesta que obtuvo ‘Martha’ fue un proceso de mediación y una orden de alejamiento: que si él se acerca a ella, regresará a prisión. Pero ella sigue temiendo por su vida.
A ella, como Alejandra en Ecuador, Octavia en Guatemala, Olivia en Brasil y Ximena en Colombia, y miles de mujeres en América Latina, el sistema no les da la seguridad suficiente para que se les quite el miedo de que el agresor vuelva a las andadas. Se sienten impotentes.
Investigación y escritura: Anna Beatriz Anjos y Raphaela Ribeiro (Agência Pública), Carolina Gamazo (No Ficción), Isabela Ponce (GK), Javier Quintero (Quinto Elemento Lab), Keyling T. Romero (Confidencial) y María Mónica Acuña (La Liga contra el Silencio) Edición: Isabela Ponce (GK), Arlen Cerda (Confidencial), Armando Talamantes (Quinto Elemento Lab) y Andrés Bermúdez Liévano (CLIP) Ilustraciones: Paula de la Cruz (GK)
Alianza Centinela COVID-19 es un proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo sobre la respuesta a la COVID-19 en América Latina, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Chequeado (Argentina), El Deber (Bolivia), Agência Pública (Brasil), El Espectador y La Liga Contra el Silencio (Colombia), La Voz de Guanacaste (Costa Rica), Ciper (Chile), GK (Ecuador), El Faro (El Salvador), No Ficción (Guatemala), Quinto Elemento Lab (México), El Surtidor (Paraguay), IDL-Reporteros (Perú), Univision Noticias (Estados Unidos), Confidencial (Nicaragua) y Sudestada (Uruguay), con el apoyo de Oxfam y el Pulitzer Center on Crisis Reporting.
Ciudad de México.- Desde hace casi seis años, el proyecto Wikimedia identificó que en Internet existen pocas biografías de mujeres como consecuencia de la escasa participación de editoras de semblanzas, de que mucha autoras se sienten ajenas a la tecnología y desconfían de las computadas, y de la invisibilización de las protagonistas de la historia.
Con el objetivo de cerrar esta brecha y en conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, este miércoles la Fundación Wikimedia lanzará la campaña “Wikiclaves Violetas” para promover la participación de las mujeres como editoras de contenido en Wikipedia, la enciclopedia en línea de acceso libre.
La presidenta de Wikimedia México, Carmen Alcazar Castillo, quien desde hace seis años promueve las “Editatonas” —jornadas donde mujeres se reúnen para editar biografías y entradas de Wikipedia—, expuso en entrevista que la campaña consiste en videos y materiales en redes sociales donde expertas hablarán de diferentes temas como perspectiva de género, recuperación histórica o lenguaje no sexista.
Los videos, disponibles a partir del 25 de noviembre en las cuentas de Facebook y Twitter de Wikimedia, tendrán seis voceras. La doctora Elvira Hernández Carballido, investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y profesora del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, hablará de perspectiva de género.
La doctora Raquel Güereca Torres, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), especialista en la recuperación histórica y sociológica del movimiento de mujeres, hablará sobre genealogías; y Danaé Silva, quien ha impulsado el proyecto “La Corregidora”, expondrá sobre lenguaje no sexista.
En la campaña que permanecerá abierta durante los 16 días de activismo, es decir, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, también participará la poeta, narradora oral y promotora cultural tu’un ñuu savi, Celerina Sánchez Santiago, quien hablará sobre perder el miedo a escribir; y la activista y académica Irene Soria expondrá sobre la importancia de la apropiación tecnológica.
La presidenta de Wikimedia México detalló que una de las consecuencias de no tener mujeres como autoras de biografías es que existen pocos artículos sobre las trayectorias y aportes de las mujeres. Por ejemplo, de cada 100 biografías en español en Wikipedia, solo 22 son de mujeres; pero en 2014, cuando comenzó el proyecto de las “Editatonas”, el porcentaje era de 14.
Otra consecuencia de esta escasa participación de mujeres editoras es que muchas biografías están plagadas de lenguaje sexista y sesgos de género; pero lo más importantemente, consideró, es que una vez que las mujeres se convierten en autoras y escriben sobre otras mujeres se apropian de la tecnología y ocupan un espacio que es acaparado por los hombres.
20/AGM/AJSE
Ciudad de México.- De cara a las protestas feministas que se esperan en todo el país este 25 de noviembre por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) exhortaron a las fuerzas de seguridad pública a brindar protección apegada a los Derechos Humanos durante las manifestaciones.
Luego de que el pasado 9 de noviembre elementos de seguridad del estado de Quintana Roo detonaran armas de fuego en contra de una protesta feminista, las autoridades federales emitieron un comunicado en el que llaman a todas las fuerzas de seguridad pública –federales, estatales y municipales– a que en lo cotidiano garanticen la seguridad de las mujeres y las niñas, así como a brindar la protección necesaria en cualquier manifestación por sus derechos.
Este llamado coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, y para el cual distintos colectivos feministas y de víctimas se organizan con una jornada de manifestaciones en todo el país.
Entre las actividades previstas se convocó a una marcha en la Ciudad de México, la cual partirá a las 3:30 de la tarde del Monumento a la Revolución al Zócalo de la CDMX. Más temprano, a las 11 de la mañana, se tiene previsto “Un minuto de Alto Total contra la violencia Hacia las Mujeres” que consiste en salir a tomar la calle o avenida que se tenga más cerca o en parar las actividades durante un minuto. Las protestas se replicarán en varias entidades del país como Jalisco y Quintana Roo.
Jornada empieza desde el 24 de noviembre
Varias de las protestas por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres iniciaron desde este martes 24 de noviembre. Por la mañana, un grupo de madres de víctimas de feminicidio entregó en Oficialía de Partes del Palacio Nacional un pliego petitorio con más de 18 mil firmas.
Sus exigencias son que el gobierno de México impulse una política integral que atienda de manera estructural la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia realice una estrategia efectiva y acciones necesarias para garantizar el debido proceso, la debida diligencia y el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en México.
También pidieron que las y los operadores de justicia juzguen con perspectiva de género, interculturalidad y perspectiva de Derechos Humanos, y llamaron a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) a que impulse e implemente acciones de coordinación con los municipios, gobiernos estatales y el gobierno federal, a fin de realizar de manera conjunta acciones que contribuyan a prevenir, atender y sancionar los delitos de género.
También por la mañana se ofreció una conferencia de prensa para denunciar que algunas jóvenes mujeres que han participado en protestas feministas en la capital, entre ellas algunas vinculadas con la toma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), están siendo citadas por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por otros delitos.
Asimismo, alumnas de distintos recintos educativos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convocaron hoy a las 8:00 de la noche a un mitin virtual en el que se expondrán denuncias públicas en contra de alumnos, profesores y trabajadores agresores.
En su comunicado, las autoridades federales también exhortaron a la sociedad a escuchar las protestas de las mujeres y las problemáticas que enfrentan “en una arraigada cultura machista que prevalece”. En este llamado las autoridades insistieron en que “hay personas que se infiltran en las manifestaciones para desacreditar y estigmatizar los movimientos feministas y encabezados por mujeres, lo cual coloca fuera de la escena pública el problema de la violencia, la discriminación y las desigualdades que enfrentan”.
20/AJSE/
Hermosillo, Son. Por unanimidad, los integrantes del jurado del Premio Friedrich Katz, decidieron otorgarlo a Rosario Margarita Vázquez Montaño, autora de la tesis doctoral: «Ethel Duffy Turner: una biografía política e intelectual desde la frontera, 1885-1969», cuyo examen de grado se realizó en septiembre de 2020 en El Colegio de México.
En su primera edición el premio Friedrich Katz, fue designado según el jurado porque: “Ethel Duffy Turner, el personaje objeto de la tesis, emerge pleno de verosimilitud, de un cúmulo de contextos sociales e individuales, investigados y narrados por la autora”.
En el acta del jurado de fecha 16 de noviembre de 2020, se argumenta que Duffy es una mujer de tránsito entre la centuria del XIX y la XX, con sus derechos políticos limitados y una vida pública ocupada casi en su totalidad por los hombres. Abunda en que el retrato ofrecido por la autora es una pintura vívida no sólo de la persona, sino de las adversas condiciones en que desenvuelve su existencia.
Turner -a quien los usos sociales le imponen el apelativo del esposo, aún después del divorcio-, se abrió paso desde el afán por estudiar, luego con su afición primero y dominio después del oficio literario y de la pintura, para entregarse simultáneamente a las actividades políticas y al periodismo, continúa el acta.
La autora fue capaz de separar la vida de John Kenneth Turner frente a la de su biografiada, sin menoscabo de ninguna. En este sentido, más allá de la biografía propiamente dicha, el retrato de un grupo de mujeres y sus actividades políticas tuvo un excelente tratamiento en el que sobresalen personajes como Elizabeth Trowbridge.
Además, la autora abrió un importante tema al abordar al grupo de Carmel, en California, el ambiente cultural entre los que se encontraban Jack London y Ambrose Bierce, y su relación con México en esos años.
Se trata de un texto muy bien escrito, con una prosa rica y fluida. Este atributo lleva a otro de gran relevancia. El trabajo de investigación realizado por la autora es impresionante: consultó una veintena de archivos históricos y alrededor de cien periódicos y revistas. En la bibliografía figuran más de doscientas obras. Las imágenes como mapas, retratos y carteles, ilustran y enriquecen esta investigación, concluyen en su resolución.
Es por ello que los integrantes del jurado: Ignacio Almada Bay, de El Colegio de Sonora, Josefina Mac Gregor, del Posgrado de Historia de la UNAM, Víctor Orozco, de la Academia Mexicana de la Historia, Pedro Vidal Siller, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y Pablo Yankelevich, de El Colegio de México, decidieron otorgar el premio a la tesis de Margarita Vázquez Montaño.
Quien se desempeña como profesora investigadora de El Colegio mexiquense, en el Estado de México, Rosario Margarita Vázquez Montaño, consideró que haber ganado la primera edición del premio Friedrich Katz, contribuye a visibilizar las aportaciones de quien, como muchas otras mujeres, han sido apartadas de la historia escrita por los hombres.
En entrevista Margarita Vázquez narró que el premio está dedicado al Historiador austriaco Friedrich Katz, quien dedicó parte de su vida a estudiar la revolución mexicana. Aportó muchos estudios sobre el villismo, y reflexiones de corte metodológico para estudiar la revolución.
Quien también obtuvo mención honorífica en el certamen Sor Juana Inés de la Cruz, a su tesis de Licenciatura en Historia, referente a la historia de las mujeres en la revolución mexicana, se siente satisfecha de poder visibilizar la vida y obra de una mujer que se involucró con el Partido Liberal mexicano, mejor conocido como los “magonistas”, liderado por los Hermanos Flores Magón.
Radicada en California, Ethel Duffy Turner, fue una mujer socialista, esposa del escritor y periodista John Kenneth Turner, muy conocido en nuestro país por haber escrito el libro «México bárbaro», por sí misma hizo aportaciones como escritora y militante progresista y liberal.
La principal aportación de su tesis doctoral es visibilizar a esta mujer, sobre todo porque tuvo una relación muy importante y estrecha relacionada con México primero por el vínculo primigenio que tuvo con el partido liberal mexicano en California en la primera década del siglo XX.
Y más adelante, por la década de los cincuentas, esta mujer decide trasladarse a México contando con más de 60 años de edad, con una carrera literaria y periodística, y en el activismo anti facista, y se convierte en historiadora y en la memoria viva del magonismo.
Fue apoyada por intelectuales y personajes políticos como el presidente Lázaro Cárdenas para que desarrollara una investigación coordinada con sus memorias, sobre la vida de Ricardo Flores Magón y la propia trayectoria del PLM. De hecho no hay algún estudio sobre ese periodo que no cite la obra de Ethel Duffy Turner. Fue bastante reconocida en la época, pero olvidada a su muerte, explicó.
Era promotora de la historia de la revolución, amaba profundamente a México, al grado de que murió aquí, y sus restos se encuentran en la ciudad de Cuernavaca.
Además de la recuperación de la vida de Ethel, la tesis premiada aporta la reconstrucción del vínculo entre otras mujeres extranjeras particularmente con México, los lazos a través de la solidaridad internacionalista, de su apoyo al país desde las diferentes perspectivas.
Además, Ethel era muy consciente de recuperar la historia de estas mujeres, y se ocupó más de escribir sobre ellas y de otros, que de sí misma. De alguna manera la investigación premiada es una reivindicación a todo el trabajo y la labor que hizo, para recuperar la historia de estos personajes, de alguna manera invisibilizados por la narrativa histórica oficial, comenta.
Para Margarita Vázquez en lo personal el premio es como un cierre de ciclo del proceso de la investigación para su tesis doctoral, pero también es una forma de reconocer al personaje, y eso de alguna manera traerá interés en Ethel y espera que la tesis se publique como libro, pues le interesa mucho la divulgación de la ciencia, sobre todo, historias de vida de las mujeres.
El reconocimiento también ayudará a consolidar su carrera como profesional de la Historia y eso le abrirá puertas para seguir hablando del tema.
Incorporada recientemente al Sistema Nacional de Investigadores, por el momento no regresará a Sonora, su tierra natal, pues para las y los investigadores la residencia está en donde se abran las oportunidades, finalizó.
20/SNE/LGL
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