Ciudad de México.- Trece años después de los hechos, el Estado mexicano insiste en que la indígena náhuatl Ernestina Ascencio Rosario murió por una úlcera gástrica y no por una violación sexual cometida por militares, como demuestran los primeros peritajes que hoy permanecen ocultos; no obstante, las organizaciones civiles que acompañan el caso ofrecieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nuevos testimonios que confirman que hubo intentos por parte del gobierno para silenciar a la familia directa y evitar así la justicia.
Esta información se dio a conocer este viernes 4 de diciembre en la audiencia del 178 periodo de sesiones de la CIDH, quien elabora un informe de fondo para determinar la responsabilidad del Estado mexicano en las posibles violaciones a los DH que se cometieron desde 2007 contra la indígena y adulta mayor Ernestina Ascencio, y su familia.
El 25 de febrero de 2007, la indígena náhuatl de 73 años, Ernestina Ascencio Rosario, fue encontrada por su hija en condición grave en un monte en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa en la sierra de Zongolica, en Veracruz. Ernestina dijo entonces a su hija que “los verdes se me echaron encima”.
Como se demostró por peritos y traductores indígenas en la primera etapa de las investigaciones, la expresión “los verdes” refería en su comunidad a militares y “se echaron encima” era una forma de expresar un ataque sexual.
Los testimonios de los hijos de Ernestina, consignados en estas primeras investigaciones, señalaron que la mujer habría sido abusada sexualmente por militares que mantenían un campamento cerca de su territorio indígena.
La familia llevó a Ernestina a una unidad médica rural en la región pero ésta estaba cerrada. Esto impidió que la indígena recibiera atención oportuna. Más tarde, Ascencio fue trasladada a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se le hicieron las diligencias correspondientes.
Al llegar al hospital, el personal le practicó análisis que consistían en peritajes sobre delitos sexuales, peritaje de necropsia, pruebas químicas de muestras biológicas correspondientes a cuando menos tres personas del sexo masculino encontradas en el cuerpo de la víctima, el testimonio de tres familiares y el dictamen de un perito intérprete.
No obstante, todos estas pruebas fueron invalidadas y ocultadas en una segunda etapa de la investigación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de acuerdo con lo que explicó en la audiencia de hoy la defensora Carmen Herrara García, integrante de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (una de las organizaciones peticionarias ante la CIDH),
En un primer momento, representantes del gobierno de Veracruz, así como de la CNDH, condenaron el crimen, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), encabezada entonces por Guillermo Galván, manifestó públicamente que los agresores pertenecían a grupos que pretendían desprestigiar al ejército. Por esta versión no hubo militares detenidos, únicamente 93 elementos acuartelados sometidos a interrogatorios.
No obstante, meses después la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervino en el caso, ordenó la exhumación del cuerpo, realizó nuevos peritajes, cambió por completo la primera versión de los hechos y determinó que la indígena habría muerto de un sangrado en el tubo digestivo.
La CNDH ordenó también separar del cargo al médico forense, Juan Pablo Mendizábal Pérez, que habría realizado los primeros peritajes y que, 13 años después, insiste en que la indígena fue violada.
En un hecho inédito para este tipo de casos, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa se pronunció y declaró públicamente que Ernestina Ascencio murió por una úlcera gastrica. Tras este dicho, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz archivó el caso, hoy permanece impune y las organizaciones peticionarias no han podido acceder plenamente al expediente porque el Estado les niega este derecho.
13 años después, México sostiene versión de Calderon
Esta tarde, en su turno ante la CIDH, el Estado mexicano expuso que la familia de Ernestina tuvo oportunidad de impugnar la resolución judicial pero que, tras dejar pasar un plazo de 10 días sin que nadie se presentara, se tuvo que ratificar la decisión.
El director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cristopher Ballinas Valdés; el Fiscal General de Veracruz, Hernán Cortés; y el Secretario Ejecutivo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Daniel Pereida, aseguraron que en el caso de Ernestina el Estado no cometió violaciones a Derechos Humanos toda vez que llevó a cabo todas las diligencias correspondientes, se actuó bajo derecho y se protegieron en todo momento los derechos de la víctima y su familia.
No obstante, las organizaciones civiles que llevaron el caso hasta la CIDH revelaron que existen al menos tres nuevos testimonios que demuestran otros hechos:
Cuando la Procuraduría abrió el plazo para que la familia de Ernestina impugnara la investigación del caso, el gobierno del estado les invitó a una visita a la Basílica que se extendió durante dos semanas, hasta que el plazo para impugnar la investigación terminó.
Las organizaciones también señalaron que, luego de años de silencio por distintas presiones que han recibido, han podido establecer contacto con un hijo y una nieta de Ernestina, quienes aseguran que fueron aislados y en próximos días determinarán si tendrán una participación activa en el caso.
Además de cerrar el caso, las organizaciones denunciaron que tampoco se les ha permitido acceder plenamente a las investigaciones judiciales y que, tras cinco de batalla legal por el derecho al acceso a la información, la procuraduría veracruzana les entregó un expediente en el que cubrió con tinta negra las pruebas periciales.
En su turno, el Estado dijo que esta medida fue para preservar la “dignidad” y “honra” de Ernestina y que el expediente sería entregado en su totalidad a la familia directa, cuando la soliciten pero no será mostrado a las organizaciones que llevaron el caso ante la CIDH ni a la sociedad en su conjunto.
Luego de escuchar estas exposiciones, las Comisionadas de la CIDH preguntaron al Estado mexicano cuál era las competencias de la CNDH para llevar a cabo una investigación como la que hizo y que derivó en el cambio total de versiones; también preguntaron por qué dar a conocer el expediente a las organizaciones violaba los derechos de terceras personas; qué tan habitual era que el Presidente se pronunciara como lo hizo en este caso por la muerte de mujeres indígenas; y qué información recabó entonces sobre los militares que acampaban en la sierra de Zongolica.
El Estado, que no había enviado con antelación como se le pidió sus observaciones a la CIDH, omitió responder estas preguntas.
Al respecto, Carmen Hernández expresó a la CIDH: “Lamentando seriamente la posición que el Estado ha venido a traer esta audiencia. Solamente se confirma esa verdad histórica como se acostumbra en México construir para la impunidad, para la opacidad. No escuchamos ninguna explicación convincente o satisfacción del derecho a la verdad. Vemos un profundo desdén hacia este caso, las peticionarias y las víctimas. Cuando se habla que se sancionaron peritos, sí se sancionaron, pero se sancionaron a quienes dijeron la verdad. El hecho de que se nos deslegitima para pedir justicia verdad para pedir justicia como ha sido la posición reiterada del Estado nos parece lamentable y contrario a la Convención Interamericana”.
AJSE/
