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Defensoras de Ernestina Ascencio rechazan que Fiscalía de Veracruz reabra el caso al no estar calificada

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
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Ciudad de México. Integrantes de organizaciones civiles que llevaron el caso de la indígena náhuatl Ernestina Ascencio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no quieren que sea la Fiscalía General de Justicia de Veracruz (FGJV) quien investigue de nuevo el caso, como anunció hoy el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Durante la conferencia de prensa de esta mañana y de cara al Día Internacional de los Derechos Humanos, el Subsecretario Encinas declaró que la FGJ de Veracruz, bajo la coordinación de la Segob, abrirá de nuevo las indagatorias por el caso de la indígena de 73 años de edad, Ernestina Ascencio Rosario, quien fue violada por militares en la sierra de Zongolica en Veracruz, en 2007, cuyo caso fue archivado luego de que el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, dijera que la mujer murió a causa de una gastritis crónica. 

En entrevista con Cimacnoticias, la abogada Carmen Herrera García, integrante de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (una de las organizaciones peticionarias ante la CIDH), dijo que el Estado mexicano no ha explicado a las organizaciones civiles cuál será la ruta que proponen para abrir las investigaciones. 

Explicó que si bien reconocen la importancia de que el Estado haya reconsiderado su postura, no están de acuerdo en que sea la Fiscalía General de Veracruz quien investigue nuevamente los hechos toda vez que ha demostrado no estar calificada ni ser idónea por las investigaciones penales que llevó en 2007 y por la postura que presentó este viernes ante la CIDH. 

Herrera García dijo que además el Estado continúa ignorando y deslegitimando a las organizaciones como actoras en el caso, ya que únicamente permite el acceso al expediente a la familia directa y no a las organizaciones acompañantes, y que, para cualquier nueva investigación, se necesita que el Estado mexicano tome medidas para que la familia de Ernestina no sea revictimizada y pueda participar dentro de la búsqueda de justicia.

Lo que las organizaciones pidieron en específico a la CIDH fue que se creara una investigación independiente con cargo al Estado, en la que participen instancias internacionales y nacionales, especialistas en materia de derechos de las mujeres indígenas, y que el resultado de la investigación la dé a conocer el presidente de la República.

Con la nueva declaración de esta mañana de Encinas, el gobierno federal se retractó de lo que la delegación que lo representó el pasado viernes 4 de diciembre ante la CIDH dijo en la audiencia pública para investigar de fondo el caso de Ernestina. Ese día, el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cristopher Ballinas Valdés; el Fiscal General de Veracruz, Hernán Cortés; y el Secretario Ejecutivo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Daniel Pereida, aseguraron que el Estado no cometió violaciones a DH toda vez que llevó a cabo todas las diligencias correspondientes, se actuó bajo Derecho y se protegieron en todo momento los derechos de la víctima y su familia. 

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Esta mañana Encinas aclaró que “la posición sostenida en la reunión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no representa la posición del Estado mexicano, las políticas en materia de protección y garantía en materia de DH y no representa las instrucciones que nos ha dado el presidente de la República”. También detalló que el Estado mexicano presentará a la CIDH su informe de los hechos el próximo 3 de enero.

Cimacnoticias buscó a la Segob para que explicara cuál será la nueva ruta y criterios de investigación, así como las razones por las que la delegación mexicana que se envió a la audiencia de la CIDH negó las violaciones a los DH, pero hasta el cierre de esta edición no ha habido respuesta.

Las organizaciones peticionarias son “Abogadas y abogados para la Justicia y los Derechos Humanos”; “Centro Heriberto Jara”; y “Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica”.

Una agresión ignorada

El 25 de febrero de 2007, la indígena náhuatl de 73 años, Ernestina Ascencio Rosario, fue encontrada por su hija en condición grave en un monte en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa en la sierra de Zongolica, en Veracruz. Ernestina dijo entonces a su hija que “los verdes se me echaron encima”. 

Como se demostró por peritos y traductores indígenas en la primera etapa de las investigaciones, la  expresión “los verdes” refería en su comunidad a militares y “se echaron encima” era una forma de expresar un ataque sexual.

Los testimonios de los hijos de Ernestina, consignados en estas primeras investigaciones, señalaron que la mujer habría sido violada sexualmente por militares que mantenían un campamento cerca de su territorio indígena. 

La familia llevó a Ernestina a una unidad médica rural en la región pero estaba cerrada. Esto impidió que recibiera atención oportuna. Más tarde, Ascencio fue trasladada a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se le hicieron las diligencias correspondientes. 

Al llegar al hospital, el personal le practicó análisis que consistían en peritajes sobre delitos sexuales, peritaje de necropsia, pruebas químicas de muestras biológicas correspondientes a cuando menos tres personas del sexo masculino encontradas en el cuerpo de la víctima, el testimonio de tres familiares y el dictamen de un perito intérprete.

No obstante, todas estas pruebas fueron invalidadas y ocultadas en una segunda etapa de la investigación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En un primer momento, representantes del gobierno de Veracruz, así como de la CNDH, condenaron el crimen, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encabezada entonces por Guillermo Galván, manifestó públicamente que los agresores pertenecían a grupos que pretendían desprestigiar al Ejército. Por esta versión no hubo militares detenidos, únicamente 93 elementos acuartelados sometidos a interrogatorios.

Meses después la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervino en el caso, ordenó la exhumación del cuerpo, realizó nuevos peritajes, cambió por completo la primera versión de los hechos y determinó que la indígena habría muerto de un sangrado en el tubo digestivo. También ordenó separar del cargo al médico forense, Juan Pablo Mendizábal Pérez, que habría realizado los primeros peritajes y que, 13 años después, insiste en que la indígena fue violada. 

En un hecho inédito para este tipo de casos, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa se pronunció y declaró públicamente que Ernestina Ascencio murió por una úlcera gastrica. Tras este dicho, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz archivó el caso, hoy permanece impune y las organizaciones peticionarias no han podido acceder plenamente al expediente porque el Estado les niega este derecho. 

Si el Estado mexicano no cumple con lo requerido por la CIDH, el caso podría pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), quien emitiría una nueva sentencia en contra del Estado mexicano por tortura sexual.

20/AJSE/LGL

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