El caso de Ernestina Ascencio, mujer indígena que murió a consecuencia de una violación múltiple, presuntamente perpetrada por militares, en la Sierra de Zongolica, Veracruz, en 2007, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a la incapacidad del Estado mexicano de garantizar los Derechos Humanos y hacer justicia.
La audiencia para temas de fondo ante esta Comisión, realizada el 4 de diciembre, confirma que la opacidad y la simulación no son exclusivos de un gobierno. Forman parte de un estilo de gobernar transexenal. ¿Qué complicidades llevaron al régimen actual a negar la violación de Derechos Humanos y repetir las falsedades con que se cerró el caso en mayo de 2007? ¿Es tan intocable la imagen del Ejército que los actuales representantes del Estado ni siquiera se atreven a poner en duda una “verdad histórica” arteramente fabricada hace 13 años?
Ernestina Ascencio, mujer nahua de 73 años, pobre y monolingüe, fue encontrada el 25 de febrero de 2007, desangrándose, a 300 metros del cuartel del 63 batallón de infantería, instalado cerca de Tetlalzingo, donde ella vivía. Cuando la encontraron, Ascencio dijo en nahua: “los hombres de verde se me echaron encima”. Habitante de un municipio marginado, no recibió cuidados inmediatos y murió al día siguiente en el hospital regional de Río Blanco, debido a graves lesiones, como “múltiples desgarros en las zonas anal y vaginal”. En el cuerpo se encontró líquido seminal correspondiente a varios hombres. La necropsia de la Procuraduría de Justicia estatal confirmó el diagnóstico.
El proceso de investigación en curso fue descalificado sin pruebas por el entonces presidente, Felipe Calderón, quien declaró el 13 de marzo que la mujer había muerto de “gastritis crónica”. Como si no hubiera – o porque no hay- división de poderes, la maquinaria federal se puso en marcha a través de la CNDH. La procuraduría estatal, por presión o complicidad, se sometió a la palabra presidencial. Así, la CNDH pidió la exhumación del cadáver y una segunda necropsia, que, pese a carecer de facultades para intervenir en un caso civil, llevó a cabo la Sedena, que, además, “perdió” las muestras de líquido seminal que debía analizar.
La PGJVE cerró el caso el 30 de abril. La familia, “invitada” a visitar la Basílica de Guadalupe mientras transcurría el plazo judicial para inconformarse, no pudo impugnar. La búsqueda de justicia la emprendieron después organizaciones de la zona que recurrieron a la ley de transparencia para pedir acceso al expediente.
Ante la cerrazón de la justicia mexicana, la Asociación de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos y la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de Zongolica, el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara y, luego, la organización Kalli Luz Marina, recurrieron a la CIDH que admitió el caso en 2017.
Las violaciones de Derechos Humanos que reiteraron las peticionarias en la reciente audiencia incluyen violación del derecho a la vida, las garantías judiciales, el derecho a vivir sin discriminación ni violencia, y el derecho a la información y a la verdad. Con firmeza y convicción, las peticionarias destacaron la violencia estructural, la discriminación, la falta de acceso a la salud y la violencia que afectan sobre todo a las mujeres indígenas, recalcaron la ausencia de traducción que les garantice el acceso a la salud y a la justicia, así como la impunidad prevaleciente y la opacidad en torno a las fuerzas armadas.
En contraste, los representantes del Estado, desempeñaron el triste papel de repetidores de mentiras: negaron la violación sexual y la manipulación de las pruebas, culparon a los peritos que sí hicieron su trabajo al inicio, y reiteraron que, si no es la familia directa, nadie puede acceder a la información del caso, es decir, a la verdad.
Las preguntas de las comisionadas, que notaron enseguida la vacuidad de los argumentos oficiales, merecen respuestas claras. Tanto este caso como otros que ya examinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos exhiben conductas que van más allá de la mera negligencia.
Quizá por la gravedad del caso y los cuestionamientos de la Comisión Interamericana, que analizaré la semana próxima, ayer, 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que la fiscalía de Veracruz reabrirá el caso. Si por un lado es una buena noticia, es lamentable que el Estado mexicano no se haya preocupado por este caso más que ante la posibilidad de quedar evidenciado una vez más no sólo ante la CIDH sino ante la Corte. De cualquier forma, en la audiencia de enero ante la Comisión, el Estado tendrá que responder a preguntas acerca del registro de violencia de las fuerzas armadas contra las mujeres y la capacitación en género y Derechos Humanos que aquéllas han recibido desde 2007.
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