Tras la deplorable actuación de los representantes del Estado mexicano en la audiencia ante la CIDH el 4 de diciembre, el gobierno dio un giro inesperado al caso de Ernestina Ascencio. Las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) Alejandro Encinas, según las cuales lo dicho por aquéllos ante la Comisión “no representa(ba) la posición del gobierno de México” y el anuncio de que la Fiscalía General de Justicia de Veracruz reabrirá la investigación, parecen responder a un intento de última hora por llegar a un “acuerdo amistoso” y así evitar que la CIDH haga recomendaciones que el gobierno no pueda o no quiera cumplir -y entonces el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). La estrategia no parece muy bien pensada puesto que, como han señalado las peticionarias, la Fiscalía de Veracruz no puede ser juez y parte. Además, esto no eximirá al gobierno de contestar las preguntas planteadas por las Comisionadas, que apuntan al problema más amplio de los efectos de la militarización y de la impunidad de la violencia contra las mujeres.
Plantear que la FGJV reabra la investigación es en efecto contradictorio, si no aberrante, “porque es una de las presuntas responsables de las violaciones denunciadas ante la CIDH y porque no garantizó una investigación imparcial, seria profesional y efectiva”, como explicaron en un boletín de prensa las voceras de las organizaciones peticionarias (CESEM, ADJH, CONAMI y Kalli Luz Marina). A esta falta de justicia se debe precisamente que el caso haya llegado a la CIDH y que estas organizaciones insistan en la necesidad de una solución que garantice “el derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, a través de “una investigación independiente, con cargo al Estado”.
Se inicie o no este tipo de investigación, en enero el Estado mexicano deberá ocuparse de temas de fondo planteados en las preguntas de la CIDH, entre otras: ¿Es común que el Ejecutivo opine sobre temas de justicia cuando una investigación está en curso? ¿qué datos hay sobre la violencia sexual perpetrada por militares contra mujeres indígenas, en particular en Veracruz? ¿están desglosados por región militar y fecha? ¿Cuántos y cómo se han sancionado? ¿Qué recomendaciones ha hecho la CNDH al respecto? Por otro lado, ¿qué tipo de capacitación en perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad han recibido los agentes de justicia? ¿cuándo, cómo y cómo se ha evaluado?, y ¿se garantiza el derecho a la justicia de estas mujeres con acceso a traducción? ¿Dónde y cómo?
Estas interrogantes, derivadas del caso, apuntan a problemas sistémicos que persisten bajo el gobierno actual, como la intromisión del Ejecutivo en el ámbito de otro poder, la militarización, la opacidad de las fuerzas armadas y la falta de eficacia de la capacitación en Perspectiva de Género y Derechos Humanos entre las fuerzas armadas, que recién documentaron Data Cívica e Intersecta en el informe “Falsas Salvaguardas”.
El Estado deberá aclarar también por qué pretende restringir el derecho a la información como lo hizo el representante del Instituto de Acceso a la Información de Veracruz, quien pretendió zanjar el asunto con el argumento de que sólo la familia puede tener acceso al expediente de Ernestina Ascencio y las peticionarias no tienen derecho a éste. Como mostró la expresión de incredulidad de una de las comisionadas ante razones tan peregrinas, el derecho a la información y a la verdad son derechos fundamentales que el Estado no puede limitar ni restringir por capricho.
Añadamos que el pretexto de proteger la “privacidad” de la familia y la “dignidad” de la víctima, esgrimido por el funcionario veracruzano, sólo sería creíble en un estado y un país donde las propias autoridades o filtren información a los medios, no revictimicen o descalifquen a las víctimas, como lo han hecho muchas veces en casos de feminicidio, desaparición o violencia sexual.
Además de la falta de preparación o descoordinación que exhibieron sus pobres argumentos, los representantes del Estado fueron negligentes ante la CIDH pues no tomaron en cuenta que no es la primera vez que ésta examina un caso de violencia sexual perpetrada por fuerzas armadas mexicanas. Las comisionadas Mary Mc.Caullay y Julieta Mantilla conocen bien los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos mujeres Me’phaa, violadas por militares en 2002, y de las Mujeres de Atenco, abusadas sexualmente por policías en 2006. Las respectivas sentencias de la CoIDH contra el Estado mexicano (2010 y 2018) por graves violaciones de Derechos Humanos, evidenciaron la tolerancia institucional ante la violencia sexual perpetrada por fuerzas armadas y los vicios sistémicos que anulan la administración de justicia.
Ante preguntas tan puntuales, mal hará el Estado en recurrir a retórica vacía, culpar al pasado, negar evidencias, esgrimir leyes que no se cumplen o citar “otros datos”. Le corresponde empezar a rendir cuentas ante la CIDH y la sociedad mexicana.
20/LMP/LGL
