Durante 2020 los partidos políticos promovieron reformas electorales federales para conseguir elecciones más equitativas en 2021, sin embargo, evitaron blindar la aplicación del principio de paridad de género en organismos ejecutivos y judiciales y organismos autónomos a nivel estatal.
Ciudad de México. Aunque en las 32 entidades del país se estableció la paridad en candidaturas a cargos de elección, hasta junio de este año sólo las legislaciones de seis estados, Colima, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz, contemplan abrir todos los espacios públicos de poder para que ingresen las mujeres, es decir, reconocen la “Paridad en Todo”.
Un estudio del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (CELIG), de la Cámara de Diputados, indica que 14 entidades federativas mencionan el principio de paridad en el ejecutivo estatal y municipal; 11 lo mencionan en organismos autónomos; y 15 en órganos judiciales.
Sin embargo, en una democracia es necesario garantizar la participación política de las mujeres. Para la maestra en Ciencias Políticas, Carolina Gilas, 2021 es una oportunidad para que más mujeres accedan a puestos públicos, fortalezcan su liderazgo, se comuniquen con la sociedad y avancen en los pendientes de la agenda de las mujeres.
Los pendientes de la “Paridad en todo”
En 2014 el Congreso de la Unión reformó la Constitución federal para incluir la paridad en cargos de elección y en 2019 avaló otra reforma para ampliar este principio. Este último cambio conocido como “Paridad en Todo” fue para garantizar que las mujeres ocupen cargos en los tres órdenes de gobierno y en los organismos autónomos.
Desde entonces en el artículo 41 constitucional existe la obligación de cumplir con este principio en los nombramientos de titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas; así como en la integración de los organismos autónomos y órganos jurisdiccionales.
Esta última modificación constitucional, avalada por los congresos locales, incluyó el plazo de un año a partir de junio cuando entró en vigor, para realizar las adecuaciones normativas correspondientes en leyes secundarias, además de la obligación de los congresos de bajar la reforma a sus leyes estatales. A la fecha no todos los estados han armonizado sus legislaciones.
La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel Cuevas, aseguró que el desafío de la paridad es hacer tangible el artículo 41 constitucional, pero también la reforma para atender y sancionar la violencia política de género, vigente desde abril de este año.
En un conversatorio virtual recordó que desde el proceso electoral de 2018 no se aplicó la paridad de forma lisa y llana, fueron los organismos locales electorales los que implementaron acciones afirmativas para garantizar la inclusión de las mujeres, en especial en los estados donde aplican las leyes estatales.
A decir de Ravel Cuevas fue gracias al actuar de los institutos locales que, a través de lineamientos que en aquellas elecciones se reforzó este principio y se logró que las mujeres ocuparan 49.8 por ciento de las curules de los 27 estados que renovaron congresos.
Por su parte, en otro encuentro virtual, la también consejera Carla Humphrey afirmó que faltan más mujeres en política, sobre todo en cargos unipersonales, donde se deben revertir los niveles de subrepresentación de las mujeres, y en el ámbito local.
Por ejemplo, señaló que en el país únicamente 21 por ciento de los municipios tienen presidentas municipales, y en Oaxaca, por medio del sistema de usos y costumbres sólo se llega a 4.6 por ciento. Las reglas que aplicarán en 2021 contemplan la paridad en todos los cargos.
Violencia contra candidatas y funcionarias
La directora general del área “Vida libre de violencia e igualdad política y social del Instituto Nacional de las Mujeres”, Anabel López Sánchez, aseguró en un foro virtual que en años anteriores los partidos políticos encontraban trampa a cada legislación, regla, lineamientos y jurisprudencia, por lo que hay que estar alertas del ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres.
En su opinión, la paridad en el registro de candidaturas en todo el país está magníficamente regulado, incluso sobreregulado, por lo que las mujeres serán candidatas a nivel federal y estatal, pero alertó que la violencia se puede manifestar en el ejercicio de los cargos, después del proceso electoral. A mayor participación, mayores resistencias, las cuales muchas veces se traduce en mayor violencia política contra las mujeres, dijo.
El escenario que López Sánchez previó es que en el futuro habrá que revisar otras legislaciones ajenas a la postulación de candidaturas, por ejemplo las normas que regulan el funcionamiento de los congresos, los Ayuntamientos y la administración pública federal, porque consideró que el reto será garantizar que aquellas que sean electas puedan ejercer el cargo sin violencia.
En busca de comicios paritarios
El INE se propuso que los comicios del 6 de junio sean un proceso electoral paritario y libre de violencia, como lo afirmó el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, durante la conmemoración de los 30 años del organismo.
En la próxima jornada electoral, donde la ciudadanía elegirá más de 21 mil 300 funcionarios públicos, incluyendo 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales, diputaciones locales 30 congresos (sin contar Coahuila y Quintana Roo) y mil 926 presidencias municipales, la mitad de estos cargos serán de mujeres.
Para cumplir la meta y allanar el camino de las aspirantes, el INE ha tomado acuerdos. Entre ellos emitió el “Reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género” y los lineamientos para que los partidos políticos nacionales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen esta violencia.
En éstos acordaron que las y los aspirantes deben presentar un escrito, bajo protesta de decir verdad, donde confirmen que no tienen antecedentes de ser agresores sexuales, deudores de pensión alimenticia o de ejercer violencia familiar, una iniciativa emanada de la sociedad civil y conocida como “3 de 3 contra la violencia”.
El organismo también anunció que el monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión se hará con perspectiva de género y, finalmente, en noviembre echó a andar el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.
La académica Carolina Gilas aseguró que la mejor forma de que las ciudadanas tengan voz e impacto en las sociedades y países es garantizando que participen en los procesos electorales. Las experiencias de las mujeres, agregó, hacen que tengan perspectivas diferentes sobre la sociedad, la política y diferentes problemas y advertir situaciones que las personas que dominan el ejercicio de la política, en este caso los hombres, no ven.
20/AGM/LGL
