Ciudad de México. La imposibilidad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC) de negar el registro de Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura del estado, muestra la necesidad de que la Fiscalía estatal esclarezca lo más pronto posible los delitos que se le imputan.
En opinión de la defensora e integrante de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, la principal responsabilidad de la Fiscalía es garantizar, de manera expedita, justicia y reparación del daño a las víctimas que denunciaron a Salgado Macedonio de violación sexual.
La defensora recordó que actualmente sólo se puede impedir el registro a quienes cuentan con sentencias condenatorias. En la sesión del 15 de enero el IEPC desechó la petición del colectivo “Movimiento Feminista de México”, quien en diciembre solicitó negar la candidatura de Salgado Macedonio, por estar acusado de violación sexual.
El pleno determinó que no puede rechazar la candidatura del político aplicando la “declaración 3 de 3 contra la violencia de género”, como lo solicitó el colectivo, debido a que el virtual candidato de Morena no cuenta con una sentencia firme y el organismo electoral no tiene facultad para investigar este delito, que corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial.
La activistas del “Movimiento Feminista de México” presentaron la solicitud al IEPC alegando que en este caso se debe aplicar la “declaración 3 de 3″. Sin embargo, la consejera electoral Vicenta Molina Revuelta destacó que será en la etapa de registro de candidaturas, en febrero, cuando se verifique la presentación de declaración de las y los aspirantes.
Sobre este tema Muriel Salinas dijo en declaraciones a esta agencia que la actuación de la Fiscalía deja mucho que desear después de las declaraciones del exfiscal, Xavier Oléa Peláez, quien afirmó a diversos medios de comunicación que el gobernador Héctor Astudillo le ordenó no girar orden de aprehensión contra Salgado Macedonio.
Salinas afirmó que falta mucho por hacer para que los órganos jurisdiccionales y organismos como la Comisión estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de las Mujeres garanticen que la justicia para las mujeres sea una realidad en el estado. Lamentó además que la impunidad en este caso promueva una pedagogia que abona a la violencia feminicida porque legitima y normaliza la violencia contra las mujeres.
La defensora de la participación política señaló que la afirmación del exfiscal expuso cómo las redes informales del poder patriarcal se articulan para mantener en la impunidad los casos donde los agresores son personajes públicos. Alertó además que la mayoría de los casos de violencia de género en la entidad quedan impunes.
Como parte de la reforma en materia de violencia política de género, vigente desde abril de 2020, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad la obligación de presentar un formato donde las y los aspirantes a candidaturas declaren, bajo protesta de decir verdad , no contar con condena o resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, delitos sexuales o por ser deudor alimentario o moroso.
El acuerdo del organismo electoral indica que una persona que aspira a una candidatura y fue sancionada por violencia contra las mujeres no podrá acceder a un cargo de elección popular, “al no tener las cualidades que se requieren para representar los intereses de la sociedad mexicana”. En el caso de Salgado Macedonio hay una denuncia penal desde 2016 pero la carpeta de investigación no se ha judicializado y no existe una condena por el delito del que se le acusa.
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