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Durante 2020, refugios para víctimas de violencia ampliaron servicios por COVID-19

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Ciudad de México.- Organizaciones civiles que integran la Red Nacional de Refugios (RNR) tuvieron que contratar nuevos números de emergencia, habilitar cuartos para aislar a posibles familias contagiadas de COVID-19, contratar más personal, capacitarse en medidas de bioseguridad, ampliar la difusión de sus servicios, y hacer alianzas con servicios privados para poder atender el incremento de solicitudes de orientación, asesoría, rescate y refugio para mujeres víctimas de violencia durante la pandemia.

Así se informó durante el “Foro “Refugios para mujeres en situación de violencias en tiempos de COVID19”, que se llevó a cabo de manera virtual este 27 de enero de 2021 como parte de la campaña #DistanciaSeguraySinViolencia. 

La directora de la RNR, Wendy Figueroa Morales, informó que durante 2020, la Red, integrada por 72 espacios de prevención, atención y protección a nivel nacional, realizó 40 rescates de mujeres, lo que representa más del 300 por ciento en comparación con 2019; 17 por ciento de las mujeres que las buscaron ya habían buscado apoyo gubernamental sin recibir los servicios solicitados; y 39 por ciento de las llamadas que recibieron en 2020 fueron de redes de apoyo cercanas a la víctima. 

Figueroa también explicó que las trabajadoras de los refugios no han detenido sus acciones durante lo que ha durado la pandemia y, al ser un servicio esencial, también laboran como parte de la primera línea de atención de esta crisis sanitaria.  

Por su parte, Ana María Gutiérrez González, coordinadora de la organización “Con decisión Mujeres por Morelos”, cuyo refugio atendió en 2020 a mil 246 mujeres, niñas, niños y adolescentes en Morelos, explicó que la pandemia limitó las posibilidades de las mujeres para pedir ayuda, ya que antes de las medidas de confinamiento acudían al día entre cinco y 10 mujeres, pero luego de la pandemia dejaron de presentarse estas solicitudes.

Gutiérrez González relató que cuando las trabajadoras del refugio contactaron a las usuarias por teléfono para dar seguimiento, las mujeres hablaban en tono bajo, explicaban que no podían salir y que vivían el confinamiento junto a sus agresores. “Mujeres que tenían un tratamiento iniciado ya no lo podían continuar”, señaló. No obstante, dijo la defensora, implementaron nuevas herramientas y estrategias que ayudaron a que las mujeres no sólo accedieran a los servicios, sino que se multiplicaran las solicitudes de apoyo.  

A fin de hacer frente a este nuevo panorama, las operadoras de los refugios adquirieron dos líneas telefónicas más de emergencia; hicieron difusión en radio y redes sociales de sus servicios y los nuevos números; habilitaron dos habitaciones “de cuarentena” para evitar contagios y recibieron capacitación sanitaria. 

De acuerdo con Gutiérrez González, las primeras semanas de 2021 la demanda de ayuda para víctimas de violencia no ha disminuido, especialmente para solicitar atención psicológica, sino que se ha mantenido tan alta como en 2020. Morelos reportó 33 feminicidios en 2020, con lo que se convirtió en el primer lugar de este delito en el país y el segundo en secuestro, considerando la tasa por cada 100 mil habitantes. 

En la región del noroeste de México la situación no fue distinta. De acuerdo con Cecilia Gaxiola Flores, responsable del área jurídica de la organización “Unidas por la Paz”, que atendió durante 2020 a más de 250 mujeres, niñas y niños y adolescentes en Sinaloa, las instancias gubernamentales de ayuda a las mujeres limitaron su atención, ya sea porque restringieron sus horarios laborales, disminuyó su personal o sus recursos económicos eran escasos. 

Esto llevó a las defensoras a recurrir a las alianzas con servicios particulares, por ejemplo, solicitaron apoyo de transporte con Uber, y la empresa AVON les proporcionó geles antibacteriales. Sinaloa ocupó en 2020 el lugar número 13 de feminicidios en el país con 26 casos y11 homicidios dolosos. 

Del otro lado, en la frontera sur, Elsa Simón Ortega, coordinadora de la organización “Por la superación de la mujer”, que opera en Tapachula, Chiapas, y que atendió a más de mil personas, explicó que durante 2020 las violencias se vieron incrementadas desde el primer mes del año, cuando hubo tres casos de infanticidios, algo nunca antes se había visto en esa zona. Pese a esto, durante la crisis sanitaria las autoridades cesaron sus actividades y los juzgados familiares, por dar un ejemplo, no han restablecido sus funciones.

A fin de apoyar a las solicitantes de ayuda en una situación de emergencia, las defensoras hicieron una alianza con seis sitios de taxi, a quienes colocaron un distintivo para que las mujeres los identifiquen y les pidan apoyo de traslado de manera gratuita. 

El refugio de Simón Ortega brinda apoyo a mujeres de 16 municipios de Chiapas, a quienes se suman las mujeres en contexto de migración que también son usuarias y solicitantes de apoyo por violencia de género. De acuerdo con la defensora, durante el inicio de la pandemia muchas de las migrantes que deseaban regresar a su país tras haber vivido violencia no pudieron hacerlo porque los gobiernos de centroamérica inicialmente cerraron las fronteras. Las autoridades trabajaban “escalonado”.

En Acuña, Coahuila, la directora de la organización Opciones Digna, Mayela Chávez Bursaga, relató que ante el incremento de solicitudes de auxilio también tuvieron que implementar dos líneas más de emergencia. Para septiembre, el refugio ya había cumplido la meta de atenciones que se esperaba brindar en todo el año. 

Chávez Bursaga explicó que ellas solicitaron a la Secretaría de Salud a nivel federal que les brindaran pruebas para detección de COVID-19 en las nuevas usuarias; sin embargo, sólo le autorizaron cuatro o cinco, lo que resultó insuficiente frente a las más de 300 atenciones que dieron a mujeres, niñas, niños y adolescentes durante todo el año. 

21/AJSE/

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