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Edomex, entre las 9 entidades que emiten menos órdenes de protección

Por Anayeli García Martínez
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Ciudad de México.- Hasta 2020 el Estado de México emitió 11 órdenes de protección para víctimas de violencia de género, a pesar de ser la entidad con más violencia contra las mujeres al sumar 85 mil 845 casos.

Un informe elaborado por el Programa de Asuntos de la mujer y de la igualdad entre mujeres y hombres, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), indica que el estado gobernado por Alfredo del Mazo es una de las nueve entidades que han emitido menos de 100 órdenes de protección.

Al comparar los datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), la CNDH encontró que hasta junio de 2020 se registraron 607 mil 715 casos de violencia contra mujeres niñas, pero para ese momento sólo se reportó la emisión de 73 mil 688 órdenes de protección en todo el país.

El documento “Rutas para que las mujeres accedan a las órdenes de protección”, enviado esta semana al Congreso de la Unión, advierte que estas medidas de protección no se solicitan en todos los casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, pero aún así la brecha entre ambos datos es relevante.  

El documento muestra, sin precisar el periodo de inicio del registro, que hasta el año pasado nueve entidades registraron menos de 100 órdenes de protección: Oaxaca con 79, Baja California Sur con 48, Guerrero con 43, Querétaro con 38, San Luis Potosí con 35, Aguascalientes con 20, Durango con 15, Estado de México con 11 y Tamaulipas no registró ninguna.

De esta lista, el Estado de México es el que reporta más casos de violencia y sólo 11 medidas para proteger la vida de las mujeres. En tanto, Tamaulipas no emitió ninguna orden, pero en ese año contaba con 3 mil 047 casos de violencia.

En el documento de la CNDH se advierte que las entidades con mayor número de presuntos delitos de violencia familiar no son las mismas que reportan haber emitido más órdenes de protección.

Es decir, menciona que el panorama de violencia contra las mujeres no parece corresponder con la respuesta del Estado a través de la emisión de este mecanismo que se instauró para proteger la integridad física y, en casos extremos la vida, de mujeres en situación de riesgo.

El análisis también muestra que en un contexto de violencia tan complejo, donde casi 11 mujeres son asesinadas al día, se debe fortalecer y ampliar la difusión de las órdenes de protección como un procedimiento para atender la violencia en el ámbito familiar, sobre todo durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19.

Por otra parte, el documento destaca que no hay claridad en la información porque hasta 2018 el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal reportaba las órdenes de protección otorgadas en los Centros de Justicia para las Mujeres, pero ya no lo hace.

Aunado a esto, no todas las entidades regulan con claridad cuál es la institución responsable del registro de las órdenes y en algunos casos no se menciona en específico si debe existir un registro sobre estos procedimientos.

El análisis también refiere que la falta de información sobre cómo solicitar y emitir estas medidas puede generar retraso o negación del recurso, por lo que es necesario fortalecer su diseño y difundir quién puede solicitarlo, a qué institución acudir para hacerlo, cuánto dura y cómo se implementa.

Para el organismo defensor de los Derechos Humanos, la regulación de las órdenes de protección debe ser clara, armonizada con las leyes en materia familiar y penal, evitar la burocracia en su emisión y eliminar disposiciones que impliquen condicionamiento, por ejemplo, que las víctimas acrediten la violencia para acceder a este mecanismo.

En este escenario, en el documento se señala que los institutos estatales de las mujeres podrían difundir mayor información al respecto porque son mecanismos claves para que las mujeres accedan a información y a servicios donde detecten situaciones de riesgo y reciban atención oportuna.

21/AGM/LGL

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