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Congreso de Aguascalientes criminaliza derecho a decidir de las mujeres

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Ciudad de México.- A pesar de que el Congreso de Aguascalientes aprobó este 12 de febrero modificar su constitución para “reconocer el derecho a la vida desde la concepción”, aún se puede legislar para despenalizar el aborto en la entidad. 

Durante su primer periodo de sesiones, el pasado 12 de febrero el Congreso de Aguascalientes discutió y aprobó (con 18 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención) una iniciativa para modificar el artículo 2 de la Constitución de Aguascalientes para “reconocer el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural”. 

La iniciativa fue presentada por la diputada Margarita Gallegos Soto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y María Armando Valdéz Herrera, del Partido Verde de México (PVEM). En la discusión, algunos legisladores, como el del Partido Verde de México (PVEM), Sergio Augusto López, emitieron argumentos con contenidos sexistas y denigrantes para las mujeres, bajo los cuales se aprobó la iniciativa. 

De acuerdo con un pronunciamiento que emitió la Comunidad Feminista de Aguascalientes, desde 2018 la colectiva de mujeres organizadas ha sido testigo del intento de las y los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), PVEM, Nueva Alianza (PANAL) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes han presentado distintas iniciativas en contra de la vida reproductiva y sexual de las mujeres.

Las feministas criticaron que este Congreso pretenda “proteger la vida desde la concepción”, cuando no ha conseguido reformas para salvaguardar la vida y la integridad de las niñas y mujeres que habitan la entidad, y que use argumentos religiosos o descalificativos contra las mujeres. 

Con esta aprobación, Aguascalientes se convirtió en la entidad número 22 que, desde 2009, modifica sus constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción” y así evitar que se despenalice el aborto en sus códigos penales.

Sin embargo, de acuerdo con la Asesora de políticas del Programa de Incidencia y Acceso Comunitario de Ipas CAM, Marisol Escudero, esta reforma no evita que durante el mismo periodo de sesiones las y los legisladores discutan una reforma en sentido contrario, es decir, para despenalizar el aborto. 

De acuerdo con la licenciada en derecho y maestra en Ciencias Políticas, la reforma constitucional para “reconocer la vida desde la concepción” y la despenalización del aborto no son incompatibles por la responsabilidad constitucional que tienen las autoridades de todos los niveles de gobierno en México de garantizar, proteger y promover los derechos de todas las personas. 

La protección a la vida desde la concepción no puede ser interpretada en el sentido de negar los derechos de las embarazadas porque sería tanto como negarles su calidad de persona y, por lo tanto, como titulares de Derechos Humanos, en este caso el de negarles el acceso a servicios seguros, legales y gratuitos. Despenalizar el aborto busca proteger la vida y la salud de las mujeres, detalló. 

Un ejemplo de ello es Oaxaca, que en 2019 se convirtió en la segunda entidad en despenalizar el aborto a pesar de que su Constitución “protege la vida desde la concepción”. De acuerdo con Escudero, en este caso la protección a la vida se entendió en el estado como una obligación de implementar medidas concretas compatibles con los derechos de las personas y así se pudo respaldar la reforma de 2019 de despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. 

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –que es el órgano de interpretación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al cual pertenece el Estado mexicano– ha señalado que los Estados no pueden reconocer una presunta protección del derecho a la vida al producto en gestación, ya que por un lado no es persona y por lo tanto no es titular de DH. 

“Si los Estados quieren otorgar alguna protección durante el proceso de gestación, esto debe ser a través de la implementación de medidas que salvaguarden la vida de la mujer embarazada, que es quien finalmente es la titularidad de DH. Esto puede ser a través de garantizar servicios seguros durante el embarazo.

Por todo esto, dijo la experta, de aprobarse reformas como las de Aguascalientes se debe garantizar que no sean “vacías”, es decir, deben concretarse con medida que busquen la integridad y la salud de las personas, como que las mujeres puedan acceder a servicios seguros. 

Pese a ello, durante el primer año de pandemia por covid-19 —que, según el Consejo Nacional de Población, dejará 145 mil embarazos no deseados—, los congresos de Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro rechazaron, algunos a puerta cerrada, iniciativas para la despenalización del aborto.

Actualmente, el Congreso federal discute una iniciativa de 145 diputadas de distintas bancadas para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo en los servicios básicos de salud en todo el país y que se dé seguridad y certeza al personal médico para prestar estos servicios. 

21/AJSE/LGL

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