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Complicidades perversas

Por Lucía Melgar Palacios
CIMACFoto: Rosalba Ramírez Hernández

En su ensayo “Femicide Machine” (MIT Press, 2012), el escritor y periodista Sergio González Rodríguez, profundo conocedor de los laberintos de la impunidad en México, caracterizó como “maquinaria feminicida” una estructura conformada de “odio, violencia misógina, machismo, poder y reafirmaciones patriarcales” que se dan en una red de complicidades entre policías, políticos, criminales, narco, y que, a la vez, reproduce la impunidad que la cobija. Ligada al feminicidio en Ciudad Juárez, esta metáfora corresponde hoy a la persistencia y reproducción de violencias machistas impunes, desde el acoso y la violación hasta el feminicidio y la desaparición, en todo el país.

Según el autor, esta maquinaria se imbrica con otros mecanismos que se retroalimentan entre sí: “la máquina de guerra, la máquina policiaca, la máquina criminal y la máquina de la conformidad apolítica”, lo que explicaría tal vez el ascenso conjunto de militarización, crimen organizado y violencia extrema contra las mujeres.

Si antes la máquina feminicida parecía funcionar en la sombra, “en los márgenes de la legalidad”, hoy es más visible gracias a quienes han denunciado complicidades entre políticos y criminales – en las redes de pederastia o la trata de personas, entre fuerzas armadas, narco y criminales – en la masacre de migrantes, en la destrucción o sometimiento de poblaciones enteras; o las complicidades tradicionales que sustentan la violación y el acoso.

También es más evidente la tolerancia o complicidad gubernamental hacia las violencias machistas que hoy encubren, defienden o niegan.   Las ilegalidades y su impunidad se han ampliado en una red institucional de complicidades, mientras las prácticas al margen de la ley configuran una “a-legalidad” paralela.

Ejemplo de esta violencia institucional e institucionalizada- que trivializa hasta la violación- el caso de Salgado Macedonio es emblemático pero no único. Recordemos la revictimización de Ali Cuevas asesinada a puñaladas, según el juez por haberse defendido, o la acusación de “defensa excesiva” contra Yakiri, o el encarcelamiento de la esposa del ministro Góngora, o, ahora, el (nada) extraño caso de un magistrado acusado de violar a sus hijas menores en 2019, cuyo expediente aún no se ha judicializado y que, al parecer, algunos más bien quisieran cerrar.

Este último caso de justicia pendiente salió a la luz gracias a la madre de las menores de edad, quien creyó lo que éstas le contaron y, aun sabiendo que enfrentaría los efectos del pacto patriarcal, decidió defenderlas.  Su denuncia obligó al Congreso de la Ciudad a no ratificar al magistrado Cavazos, no sin la resistencia de quienes le otorgaron una segunda audiencia pública para exponer sus argumentos, en la que más bien se escucharon las descalificaciones de su abogado contra la madre de sus hijas e intentos de otros de minimizar el asunto como “pleitos de casados”.

Si bien las evidencias del abuso contra las niñas, los argumentos de ADIVAC (organización especializada en abuso sexual) y otras instancias han evitado que un personaje cuestionado ejerza un cargo que exige no sólo “buena fama” sino conducta intachable y respeto por la ley, la fiscalía capitalina ha sido incapaz de avanzar hacia un juicio y una sentencia. Para ello, no faltan pruebas. Hace falta voluntad política, sentido ético, compromiso con la salud y bienestar de las niñas involucradas y sentido de justicia hacia su madre, acusada de “falsedad” por su ex marido, recurso común contra mujeres denunciantes. ¿Por qué no se ha iniciado cuando menos un juicio? ¿Qué complicidades perversas pesan más que el “bien superior” de las menores de edad?

A la luz de la cruenta violencia sexual contra niñas y niños en México, el caso del ex magistrado podría resultar otro craso ejemplo de violencia institucional-izada que antepone intereses políticos y personales a la justicia. ¿Qué tendremos que hacer para que se castigue la violencia sexual?

A menos que lo declaremos caduco, no podemos eximir al Estado de su responsabilidad. Las niñas y mujeres víctimas de violación merecen justicia. Sus agresores deben ser enjuiciados y castigados.

21/LMP/LGL

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