Ciudad de México. La organización Aquelarre Feminista y la Red Nacional de Refugios (RNR), manifestaron su rechazo a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el movimiento feminista pues además de descalificarlo, constituye violencia institucional.
En un pronunciamiento titulado “por la justicia y los Derechos Humanos de todas las mujeres y niñas en México”, las feministas hicieron “enérgico y contundente” llamado al presidente de México, a las autoridades de las 32 entidades federativas y a todas las Instancias que integran el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a garantizar la dignidad y el derecho de todas las mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de violencias, a través de la coordinación de esfuerzos, instrumentos, políticas públicas, servicios y acciones afirmativas e intersectoriales con perspectiva de género, Derechos Humanos e interculturalidad.
Señalaron que en México, un país en donde asesinan a más de 10 mujeres y niñas diariamente, el discurso del presidente sobre las mujeres resulta indolente y descalificador. Esto en referencia a que en días pasados, López Obrador hizo alusión en su conferencia mañanera a los cuestionamientos sobre la candidatura por Morena de Félix Salgado Macedonio (acusado de violación) con expresiones como “Ya chole” y “politiquería”.
“Es inaceptable que el Jefe de Estado confunda las denuncias de violencias de género con campañas partidistas negras o que deslegitime el movimiento feminista, que históricamente ha exigido a todos los gobiernos justicia y respeto a nuestros derechos, etiquetándonos por levantar la voz de conservadoras”, señalaron las feministas en su pronunciamiento.
Por todo esto y de cara al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las defensoras de los derechos de las mujeres exigieron al gobierno que actúe sin dilación para eliminar la violencia institucional, “que se convierte en el instrumento más poderoso que atenta contra la dignidad y los cuerpos de mujeres, niñas y adolescentes”, enfatizaron.
También solicitaron que instancias y comisiones encargadas de dar atención a mujeres víctimas de violencias de género, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Secretaría de Gobernación, Comisiones Estatales y Fiscalías, Centros de Justicia, entre otras, generen diagnósticos e indicadores que permitan medir la calidad y eficiencia de la atención, restitución de derechos, y el acceso a la justicia integral, a través de datos estadísticos desagregados por género, homologados y con perspectiva de género.
Las feministas exigieron la inmediata publicación del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, que aunque ya fue presentado mediáticamente aún no se conoce; así como que las instancias encargadas de expedir órdenes de protección a mujeres víctimas de violencias implementen estrategias de seguimiento, a fin de corroborar que dichas medidas hayan salvaguardado la integridad física y psicológica de las víctimas.
Las organizaciones pidieron que las instituciones de gobierno actúen con eficacia y eficiencia a favor de las mujeres y de las niñas como marca la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
También recordaron que, de acuerdo con información recientemente publicada por la la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los últimos dos años, 59 por ciento de las instancias gubernamentales no cumplieron con sus responsabilidades en materia de género.
Las feministas pidieron que todas las instituciones de gobierno estatales y municipales garanticen el derecho a la información, comunicando de forma clara, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, las denuncias y sanciones aplicadas a personas funcionarias públicas.
Asimismo, con el objetivo de promover una ciudadanía informada, solicitaron la creación de un área especializada en el país encargada de la investigación de delitos cometidos por personas servidoras públicas, con un enfoque de perspectiva de género, Derechos Humanos e interculturalidad, en donde se informen las denuncias, sanciones administrativas y judicializadas, con datos desagregados por sexo y tipos de delito, entre ellos los que afecten la dignidad y Derechos Humanos de todas las mujeres y aquellos que obstruyan el acceso a la justicia de delitos de violencias de género.
Las organizaciones llamaron a garantizar la reforma realizada el 13 de agosto de 2020 al artículo 73 de la Ley General de Transparencia para que juezas, jueces, magistradas y magistrados publiquen todas sus sentencias, a fin de revisar y evaluar con perspectiva de género el ejercicio de sus funciones.
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