Tuxtla Gutiérrez, Chis. La pandemia por Covid-19 les ha arrebatado la libertad a miles de mujeres en Chiapas, no sólo en los espacios públicos, sino también en muchos otros sentidos. Tras un año de que muchos de los juzgados y tribunales del estado permanecen sin actividades, chiapanecas han quedado atrapadas en matrimonios o en relaciones donde no pueden ser ejercer su derecho a la justicia.
Ana
Ana es una mujer de 33 años de edad, madre de dos hijos, ambos menores de edad. Tras varios intentos de “salvar” su matrimonio, decidió ponerle fin a esta etapa que para ella es infructífera.
Desde inicios de 2020, una vez decidida, Ana comenzó con los trámites de su divorcio. El 26 de marzo de 2020 era su primera audiencia ante el juzgado, sin embargo fue notificada que su cita iba a ser pospuesta de manera indefinida “debido a la pandemia”. Desde entonces su decisión de disolver su matrimonio se ha mantenido en pausa.
Ante la inminente disolución de su unión matrimonial, la pareja de Ana decidió marcharse de casa dejándola con sus hijos. Pese a que pareciera todo positivo para Ana, su aún pareja no se la pondría fácil. De hecho, narró, fue amenazada por él que si se iba de la casa, él podría acusarla de abandono de hogar, por lo que tiene que permanecer ahí mientras culmina su proceso legal.
Desde el inicio de su divorcio y hasta la fecha ha tenido que soportar agresiones verbales cuando, bajo el argumento de hablar de sus hijos, Ana tiene que atender a la “visita”.
El aún marido comenzó una batalla legal contra ella, solicitando a través de su abogado que fuera ella quien le diera pensión alimenticia debido a que trabajaba y él no, -lo cierto es que él había abandonado su trabajo para no tener que pagar una pensión-.
El 1 de marzo de 2021, debido a la presión de la barra de abogados de la región Istmo Costa de Chiapas, ya comienza a moverse poco a poco el engranaje de la justicia. En esa fecha fue citada junto a su aún pareja a comparecer ante el juzgado de la región. Por azares del destino, el todavía esposo de Ana no asistió a la audiencia, desestimándose la demanda que él presentó. Afortunadamente para ella su demanda de divorcio y pensión alimenticia para sus hijos sí procedió. Ahora tiene la esperanza de que quien tome su caso sea una persona con perspectiva de género que dé lo justo a sus hijos y le devuelva la paz a ella.
Isela
Pese a que Ana tuvo la oportunidad de que aún casada, su pareja dejara su hogar y le diera cierta tranquilidad, no ocurre así en muchos otros casos, como el de Isela (de 25 años de edad), quien, sin otras opciones, tiene que seguir viviendo con su aún esposo.
Isela es una mujer que tuvo que casarse a sus 18 años de edad debido a la presión social y familiar, ya que en su comunidad esta “mal visto” que una mujer ejerza su sexualidad sin haberse casado.
Al principio todo parecía bien, pero con el tiempo todo se fue tornando estresante. Ambos habían sido obligados a casarse por “el que dirán” sin siquiera llegar a conocerse por completo, lo cual los llevó al fracaso en su matrimonio.
Ella dio el paso y con la ayuda de una conocida, inició el proceso para disolver su matrimonio, pero sus deseos fueron frustrados, como el de muchas otras chiapanecas, al encontrar cerrados los juzgados. Ha tenido que soportar vivir con ahora un “extraño” que durante varios meses no hecho más que violentarla y agredirla.
Pese a que la pausa en las actividades de tribunales y juzgados ha sido escenario para que se generen injusticias o que no se garanticen los derechos en favor de las mujeres, lo cierto es que la falta de justicia es un tema que viven miles de ellas en diferentes circunstancias.
Caravana de familiares de víctimas de feminicidio
Maricruz Velasco Nájera es una de las madres de mujeres víctimas de feminicidio de Chiapas que se fue en caravana a la Ciudad de México para buscar que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador la escuche y atienda el caso de su hija Karla Yesenia Gómez Velasco, que está parado por la suspensión de juzgados por la pandemia.
Karla Yesenia Gómez Velasco fue víctima de feminicidio el 4 de julio del 2019. El presunto responsable fue detenido al poco tiempo, pero fue liberado.
Como en otros casos, fue la madre de la víctima quien anduvo buscando que se liberara la orden de reaprehensión y quien tuvo que hacer la localización del sujeto.
El presunto feminicida fue encarcelado de nueva cuenta en febrero del 2020, pero debido a la contingencia sanitaria las dos audiencias que se han programado para continuar con el proceso se suspendieron.
Maricruz Velasco recorrió junto con otros familiares de mujeres víctimas de feminicidio el país para estar en la Ciudad de México este lunes, pero lo que se encontrará es una valla metálica, que sirve de muralla para llegar hasta la puesta de Palacio Nacional, donde despacha el presidente.
La falta de atención a las denuncias genera impunidad
En Chiapas desde marzo que inició la pandemia, el Poder Judicial del Estado decidió suspender los plazos y términos.
Después de un año, no se han podido reactivar por completo las actividades lo cual ha sido criticado por diferentes organizaciones que trabajan en el tema de acceso a la justicia y también por las barras de abogados.
Se puede presentar la denuncia, pero el trámite para las audiencias y diferentes diligencias que conlleva un proceso judicial no se está realizando en todos los casos.
Transparencia Mexicana y Tojil realizaron un informe sobre el acceso a la justicia durante la pandemia. Chiapas resultó de los más rezagados en materia digital lo que ha impedido que se pueda utilizar ese recurso para poder agilizar diligencias durante este año de distanciamiento social.
Las organizaciones que hicieron el reporte consideraron ocho rubros para ver los avances con los que cuenta la entidad, que es de los estados con menor calificación ya que no se pueden hacer en línea diferentes operaciones como: recepción y trámite de las demandas, tampoco recepción de promociones no iniciales, no se hacen notificaciones y no se celebran audiencias por esta vía.
Lo que refleja el informe de las organizaciones civiles es que ante la falta de un estándar nacional de acceso a la justicia tras la pandemia, el resultado ha sido un servicio de justicia dispar y, en algunos casos, insuficiente.
La directora del Observatorio Ciudadano Chiapas, Carmen Villa Chávez, expresó su preocupación por esta situación ya que dijo que mientras los tribunales estén operando de manera irregular y no se busquen otros mecanismos de acceso a la justicia, los delitos continúan impunes.
Señaló que es la impunidad es lo que permite que los delitos en contra de las mujeres, que han incrementado desde que comenzó la contingencia sanitaria, continúen ya que hay una percepción errónea de que no pasa nada.
“Muchos de los delitos no se denuncian y si ahora los que se denuncian no son atendidos lo que sucede es que no se está atendiendo el fenómeno de la inseguridad porque lo que se está propiciando es la impunidad” recalcó la especialista.
El acceso a la justicia es determinante para prevenir, atender y eliminar la violencia contra las mujeres en Chiapas.
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