Ciudad de México.- La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA) exhortó a las autoridades de Salud, Migración, Bienestar Social y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) a garantizar el derecho de acceso a la vacunación contra el COVID-19 de la población jornalera agrícola en México.
Por medio de un comunicado, las y los integrantes de la REJJA –con presencia en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, San Luis Potosí, Guanajuato, Sinaloa y Sonora– llamó a considerar como prioritaria para recibir la vacuna contra el COVID-19 a la población jornalera agrícola migrante y asentada. La Red pidió priorizar a las y los adultos mayores que migran ya sea para trabajar en los campos agrícolas como acompañantes de sus familiares, así como a aquellas personas que se encuentran asentadas en estados de destino.
Esta petición se hizo con base en la Política Nacional de Vacunación 1, que en sus ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en México dice que “la vacunación de personas adultas mayores tendrá un enfoque primario de mayor vulnerabilidad territorial, por lo que iniciará con la población que reside en zonas rurales dispersas y progresivamente continuará hasta llegar a áreas metropolitanas”.
La REJJA recordó que las y los trabajadores jornaleros agrícolas son una población que está en movilidad constante y difícilmente pueden estar en sus comunidades de origen donde posiblemente ya comenzó la vacunación. “Migrar es la única opción que tienen (la población migrante) por ahora para sobrevivir, ellas y sus familias, arriesgando su seguridad y su salud constantemente”, enfatizaron.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Primer Trimestre 2020, las y los adultos mayores de 60 años y más representan 8.9 por ciento de las personas jornaleras a nivel nacional, es decir que al menos 206 mil 253 personas adultas mayores son parte de la fuerza de trabajo jornalera, y casi 23 mil personas tienen al menos 75 años.
De acuerdo con la Red, las personas jornaleras de la tercera edad realizan actividades agrícolas en los estados de destino, y son acompañantes para hacerse cargo del cuidado de sus nietas y nietos. En otros casos también migran a los campos agrícolas porque no hay condiciones para que se queden en sus comunidades de origen, debido a la alta precariedad que enfrentan. Además, recordaron, las y los jornaleros adultos mayores representan una generación que también estuvo años atrás inserta en esta actividad laboral, donde el acceso a la seguridad social y a prestaciones como una jubilación digna fue nula.
“Esta lamentable realidad la siguen enfrentando sus hijas e hijas, que junto con ellos y a pesar de que han contribuido en la producción agrícola en el territorio nacional con su trabajo, beneficiando a empresas a generar significativas ganancias, la mayoría de las veces no reciben un salario digno que les permita mejorar, como es su sueño, las condiciones de vulnerabilidad en las que viven”, explicó la Red.
Por todo esto, la Red exhortó urgentemente al Consejo de Salubridad General, a la Secretaría de Salud, autoridades estatales y locales (tanto en los estados de origen como de destino), a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las Comisiones y procuradurías de Derechos Humanos para que vigilen el acceso a la vacunación de las personas adultas mayores jornaleras, así como la difusión del acceso a la mismas en español y en lenguas maternas.
La Red también pidió presentar información precisa, sencilla y en lenguas maternas sobre los lugares y tiempos donde se aplicará la vacunación o, en su defecto, se brinde esta información a los patrones, para que creen y faciliten las condiciones para vacunar a las personas jornaleras en su lugar de trabajo.
Y exigieron establecer las medidas necesarias para garantizar las suficientes dosis de vacunas contra el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en los centros de trabajo agrícola (estados de destino), en los albergues para familias jornaleras que no estén dentro de los centros de trabajo agrícola, así como en aquellos municipios y localidades en donde se ubican los ranchos agrícolas o invernaderos; así como garantizar que todos los recursos e insumos médicos para prevenir los contagios por COVID-19 estén disponibles en los campos agrícolas donde se encuentran las personas jornaleras adultas mayores.
La REJJA está integrada por el Centro de Acompañamiento a Migrantes A.C. (CAMINOS), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. (CDHM Tlachinollan), Centro de Desarrollo Indígena Loyola A.C. (CDIL), Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C. (CECIG), Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH), Mixteco, Yosonuvico de Sonora Cerro Nublado A.C., Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (ENLACE), Pastoral Social y Migrantes de la Diócesis de Matehuala, Respuesta Alternativa A.C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (RA), Dr. Celso Ortiz Marín, académico de la Universidad Autónoma Indígena de México y Soc. José Eduardo Calvario Parra, académico de El Colegio de Sonora y de la Universidad de Sonora.
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