Ciudad de México. La propuesta de nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República(FGR) y las reformas a 61 leyes relacionadas, que se debaten en el Senado, son un grave retroceso para la atención de la violencia contra las mujeres, aseguraron abogadas feministas.
En el programa Análisis Feminista, que se transmite los miércoles por Violeta Radio, en el 106.1 de FM, las expertas explicaron que la propuesta de nueva ley implica sacar a la FGR de espacios interinstitucionales donde se toman decisiones relacionadas con trata de personas, infancia y adolescencia, atención de la violencia contra las mujeres y búsqueda de personas desaparecidas.
La abogada feminista Karla Micheel Salas expuso que la nueva ley, aprobada en las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, el pasado 8 de marzo, impactará en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley de Trata, entre otras.
En el fondo, dijo, las modificaciones son para discutir el modelo de autonomía de la FGR para los próximos años. Uno de los argumentos que ha dado el fiscal Alejandro Gertz Manero es que la Fiscalía no ha tenido los resultados deseados por impedimentos legales.
Es decir, el fiscal asegura que la FGR se debe concentrar en investigar, no en participar en la elaboración de políticas públicas, por tanto no debe inmiscuirse en los sistemas interinstitucionales donde se coordinan para atender temas como la violencia contra las mujeres, desaparición, tortura y derechos de la niñez y adolescencia.
La propuesta es sacar a la FGR del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y de la Comisión Intersecretarial para prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
También se preve que salga del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; del Sistema Nacional de Búsqueda; del Mecanismo de protección a Petronas defensoras de Derechos Humanos y periodistas; y del Programa para Prevenir y Sancionar la Tortura.
“Lo que se está discutiendo es el modelo de autonomía. Pero la autonomía de las fiscalías es precisamente para que las investigaciones no estén incluidas por factores externos, factores políticos, no para que se abstraiga de todo el andamiaje del Estado mexicano para hacer frente, por ejemplo, a la violencia contra las mujeres”.
La abogada agregó que el problema es la visión del actual fiscal: que el acceso a la justicia es cuando las personas son torturadas, desaparecidas o asesinadas; sin considerar que con la información que obtiene la FGR se puede generar medidas eficaces de prevención.
Salas destacó que el papel de la Fiscalía también es coadyuvar en la generación de políticas públicas, porque los delitos no solamente deben atenderse desde una perspectiva punitiva, sino desde una política integral. No obstante, consideró que el fiscal cree que participar en estos sistemas le quita tiempo, a pesar de que ayudaría a bajar los números de incidencia delictiva.
Para la litigante, las reformas son regresar al modelo de antaño, por eso el fiscal Gerrtz Manero también busca desaparecer la Unidad de Género de la FGR, porque, consideró, no le interesa la transversalidad de la perspectiva de género ni la paridad, a pesar de que en la Constitución Federal ha quedado clara la importancia de estos temas.
La especialista declaró que la FGR quiere desentenderse de la violencia contra las mujeres, a pesar de tener obligaciones internacionales en la materia. Por ejemplo, preguntó: ¿si la institución no participa en la protección de las víctimas de trata, entonces quién lo hará?
A las abogadas les preocupa además que lo que haga la FGR tendrá un efecto cascada, pues las Fiscalías estatales tampoco van a querer estar en sistemas locales, espacios donde las instituciones también deben rendir cuentas sobre su actuar en temas específicos como la persecución de delitos que afectan a las mujeres.
A su vez, la abogada feminista especializada en búsqueda de personas, Miriam Pascual, expuso que parte de las obligaciones del Estado mexicano en relación con el acceso a la justicia para las víctimas es elaborar políticas publicas basadas en el contexto del país.
Señaló que no hay justificación para que la FGR salga de los sistemas de búsqueda de personas desaparecidas, de trata y de otros delitos vinculados con violaciones graves a Derechos Humanos. Al contrario, explicó que dejar de participar en estos espacios implica no poder realizar políticas públicas relacionadas con la investigación de delitos.
“Es un retroceso debido a que estos logros (tener a la FGR en los sistemas intersecretariales) ha sido por incidencia de la sociedad civil, han sido logros de las familias de las víctimas de feminicidio, de desaparición. Ahorita es prácticamente cerrales las puertas y retroceder a un sistema punitivo”, alertó.
La abogada destacó que la FGR debe permanecer en los sistemas interinstitucionales para ayudar a realizar análisis de modus operandi de los criminales, perfiles de víctimas, diseñar un Plan nacional búsqueda en vida, un pendiente que tiene desde hace dos años, y darle un enfoque multicultural a la prevención del delito.
Si esta institución sale de estos espacios, agregó Miriam Pascual, implicaría no cumplir con estos compromisos adquiridos con las víctimas, pero además sería un mensaje de impunidad y de que los delitos de violencia contra las mujeres no están en la agenda pública.
En el caso de las personas desaparecidas, Pacual señaló que «la visión cuadrada y punitiva» de la FGR implica que en casos de privación ilegal de una niña con fines de trata la Fiscalía no quiera colaborar con instancias estatales o federalizar las investigaciones, argumentando que no quiere invadir competencias.
Esta no es la primera vez que el fiscal Gerzt Manero busca hacer a un lado la violencia contra las mujeres. En febrero de 2020 propuso eliminar el tipo penal de feminicidio, vigente en el Artículo 325 del Código Penal Federal, debido a que era complicado acreditar este delito.
Ante el desconcierto de defensoras y legisladoras, el fiscal propuso modificar la definición penal de feminicidio, sin embargo su propuesta no prosperó. En el caso de las reformas a la FGR el debate continúa en el Senado.
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