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Gobiernos no garantizan atención médica a embarazadas o a las que desean interrumpir sus embarazos por atender Covid

Por Aline Espinosa Gutierrez

Ciudad de México. Personal de hospitales y centros médicos restringen, niegan y dejan inactivos servicios de salud para mujeres que desean interrumpir su embarazo o se encuentran en gestación, así lo denunciaron integrantes de diversas organizaciones que protegen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América Latina.

En conferencia virtual, las integrantes de diversas organizaciones expresaron su preocupación porque los gobiernos de sus países no exigen al personal de salud que aplique los protocolos de actuación para garantizar el acceso pleno de las embarazadas y de las que deseen interrumpir su embarazo, sin importar si la pandemia sigue o no. Las muertes maternas, dijeron, van en aumento así como los embarazos en niñas menores de 15 años.

En ese sentido, la directora de “Católicas por el derecho a Decidir Bolivia”, Tania Nava, comentó el caso de Vivian, una joven boliviana que caminó 90 minutos hasta su hospital más cercano, el cual le negó la atención por refugiar a pacientes con Covid-19. En otro hospital para brindarle servicio le exigieron pagar un prueba Covid, con un costo de 250 dólares (alrededor de 5 mil 146 pesos mexicanos). Sin dinero, la joven decidió buscar la ayuda de una partera.

Esta situación, dijo, se repite de manera constante en Bolivia; cuestión que se agrava ya que desde su organización tienen evidencia de que de marzo a agosto de 2020, los servicios médicos estuvieron suspendidos, lo que vulnera los Derechos Humanos de las mujeres y adolescentes.

Por su parte, la directora ejecutiva de Promsex, Rossina Guerrero, explicó que en Perú pese a que se emitieron medidas de atención frente al Covid-19 para estos casos, muchas peruanas murieron frente a las puertas de los hospitales, ya que no se les informaba que los centros de salud materna eran empleados para tratar pacientes con coronavirus.

En 2020, dijo, se registraron 437 muertes maternas en su país, lo que representa un incremento del 45 por ciento en comparación del 2019, además, los partos extrahospitalarios aumentaron un 69 por ciento; pese a ello, agregó, al igual que otros países, en Perú, los servicios médicos no funcionaron durante 4 meses en 2020.

Ante ello, la integrante de “Surkuna Ecuador”, Verónica Vera Sánchez expresó que en este país, las emergencias obstétricas relacionadas con abortos disminuyeron 54.19 por ciento entre marzo a julio de 2020, en comparación con 2019. Tal cifra, recalcó, no visibiliza que las mujeres no requieran de atención, sino que no pudieron acceder a la misma en el sistema de salud público oportunamente.

Explicó que en su país se emitieron 5 directrices específicas para el acceso a la salud, sin embargo, en ninguna de estas se contempla las atenciones para embarazadas o la interrupción de un embarazo. Es por ello, dijo, que las cifras de aborto en Ecuador disminuyeron mientras que la mortalidad materna aumentó 33.6 por ciento con respecto a 2019.

Por otro lado, la abogada de “Anis”, Instituto de Bioética, Gabriela Rondón, comentó que en Brasil existe un fuerte ataque contra las pautas que permiten el acceso de las mujeres y niñas a la salud. Esto, agregó, se demuestra en un reciente caso de una niña de 10 años de edad a quien se le negó su derecho de abortar por violación o riesgo de vida y tuvo que obtener autorización judicial para interrumpir su embarazo.

La menor de edad, continuó, viajó mil 400 kilómetros en plena pandemia para llevar a cabo su derecho a interrumpir el embarazo, no obstante, una exfuncionaria de cual no mencionó el nombre, hizo públicos los datos personales de la menor de edad y exhortó a sus seguidores en redes sociales para que fueran a rezar al hospital para que el procedimiento no fuera realizado. Ante ello, la niña tuvo que ingresar oculta en la cajuela de un auto y fue calificada como “asesina”.

En suma, añadió, se dictaron aún más obstáculos para acceder a la interrupción legal del embrazo en el caso de una violación, por lo que dijo, se prevé que los derechos de las mujeres continúen siendo obstruidos. “Brasil contaba con 77 por ciento de todas las muertes maternas vinculadas a Covid-19 en el mundo hasta julio de 2020”, finalizó.

Las y los panelistas comentaron que en el Salvador, el gobierno dictó 85 días de confinamiento sin garantizar el acceso de las mujeres y niñas a la salud, lo que resultó en que las atenciones ginecológicas se redujeron 22 por ciento, pero las denuncias de los centros hospitalarios contra mujeres que desean interrumpir sus embarazos siguieron. En 2020, añadieron, 9 mujeres fueron detenidas.

En Chile, resaltaron, el gobierno distribuyó una pastilla anticonceptiva a los centros de atención primaria para las mujeres de escasos recursos. Medicamento defectuoso. Al menos 170 mujeres chilenas, entre 45 y 16 años de edad, han buscado asesoría legal debido a que sí presentaron embarazos aunque consumieron las pastillas, por lo que se vieron obligadas a continuar con sus gestaciones.

Otros países con las misma situación, son Colombia, Uruguay, Argentina, entre otros, por ello exigieron a sus gobiernos redoblar las fuerzas en los servicios de salud, destinar hospitales para atención materna y abortos, supervisar que el personal de salud aplique los protocolos de atención y se deje de criminalizar a la mujeres por hacer uso de su autonomía sexual y reproductiva.

21/AEG/LGL

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