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Piden reconocer maternidad subrogada como una forma de explotación contra las mujeres

Por Aline Espinosa Gutiérrez

Ciudad de México.- Periodistas, defensoras de los derechos de las mujeres y abogadas llamaron a que se reconozca la maternidad subrogada como una práctica de explotación reproductiva y como un negocio que a pone las mujeres que viven en contexto de vulnerabilidad a la disposición de empresas y personas con dinero. 

En conferencia virtual este 1 de abril, las expertas en los derechos de las mujeres explicaron que en la práctica de la renta de vientres o maternidad subrogada las mujeres son vistas como un objeto de consumo porque se considera que su cuerpo fue creado para el placer de terceras personas; hacen creer a las mujeres que por poseer la capacidad biológica detener hijos, ellas deben cumplir el deseo a la paternidad de parejas del mismo sexo o infertiles. 

Bajo este discurso, dijeron, el gobierno, las empresas y hospitales pretenden difundir la idea que el negocio de los vientres de alquiler es un “acto de altruismo”, lo que invisibiliza que las mujeres que rentan su vientre en realidad están en un alto grado de vulnerabilidad económica, nunca se les explican las consecuencias que llegan a ocurrir en su cuerpo ni los delitos en los que se pueden ver involucradas. Incluso, señalaron, en el proceso de la subrogación muchas de las mujeres embarazadas reciben amenazas. 

“Formar una familia a costa de dañar física y emocionalmente el cuerpo de una mujer, en suma bajo amenazas o la ilegalidad, no puede ser nombrado un derecho”, declaró la coeditora de la revista “Las Libres”, Keith López. La también periodista explicó que esta explotación reproductiva se basa en la idea que las mujeres deben proporcionar “el derecho de ser padres a otras personas”. 

En ese sentido, la abogada de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa Ziáurriz, añadió que las leyes sólo reconocen como derecho que las personas puedan decidir con quién casarse o cuántos hijas o hijos tener, pero nunca el derecho de ser padres. 

En su experiencia, añadió, ha conocido casos donde, a fin de evadir la ley, los contratos que los subrogantes firman con las mujeres que rentaron su vientre dicen que ellas estaban en Tabasco (una de las únicas dos entidades que permiten y regulan la maternidad subrogada) cuando en realidad no fue así. En otros casos, se ha observado que una vez que sucede el parto, las parejas o empresas “hacen que ellas (las mujeres) se queden con la custodia del menor para amenazarlas de denunciarlas por abandono de persona porque no han dado pensión alimenticia para el recién nacido”, relató. 

Por su parte, la periodista Melissa Amezcua, de El Universal, explicó que Tabasco y Sinaloa son los únicos estados donde existe una legislación para esta práctica, sin embargo ni en esas entidades los contratos cumplen con la legalidad. Esto es prueba, dijo, de que aunque la renta de vientres esté regulada no se garantiza que los derechos, vida y cuerpo de las mujeres sean respetados. 

Amezcua recordó que en noviembre de 2018, la entonces senadora y ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Salud con el fin de legislar la maternidad subrogada o vientres de alquiler y así permitir que el “turismo en reproducción asistida” y las empresas internacionales puedan participar en esta práctica. 

No obstante, estas acciones del gobierno, explicaron las expertas, no pretenden salvaguardar la vida de las mujeres, sino enriquecer los bolsillos de quienes se involucren en la explotación, pues no hay manera de asegurar que la renta de vientres no sea más que un tratado de comercio internacional, que pondrá a las mujeres con necesidades económicas vulnerables a disposición de quienes tienen dinero y además, en las condiciones que a ellos les parezcan favorables. 

Por ello, resaltaron, es preocupante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esté llevando a cabo una serie de discusiones cuyo principal objetivo es eliminar el candado de las legislaciones de Tabasco y Sinaloa que niega a empresas y personas extranjeras incidir en esta práctica. 

Hoy en día, explicaron, el turismo de reproducción (personas que viajan con el fin de rentar vientres) es tan común en los estados del sur y la Ciudad de México que existen empresas que sin estar constituidas formalmente solicitan por medio de grupos de Facebook, chats en Whatsapp o cuentas en Tik Tok a mujeres con ciertas características para que lleven a cabo la donación de óvulos o la renta de vientres. 

Las empresas hacen que “las mujeres lleven sus embarazos en donde ellas viven y luego las llevan a parir en Sinaloa o Tabasco para que el acta de registro civil esté a nombre de las persona que hizo el contrato”, dijo Melissa Amezcua. De esa manera hacen creer que la renta de vientres es legal en todos los estados sin ser cierto. 

Las ponentes explicaron que la donación de óvulos es otro problema de salud, ya que se difunde como un “acto de amor” sin riesgos ni consecuencias a la salud de las mujeres, mientras que la realidad es otra, ya que las mujeres que lo hacen pueden desarrollar cáncer, descalcificación de huesos o infertilidad luego de extraerse o suministrarse óvulos. 

Ante este contexto, las expertas invitaron a la sociedad a informarse más sobre el tema, reconocer que la explotación reproductiva nunca será un “acto de bondad”, y a vigilar las decisiones que la SCJN defina en materia de salud sobre las mujeres.  “Si al Estado en realidad le interesará la slaud de las mujeres haría válida la NOM-46 y el aborto estaría legalizado en todo el país”, finalizó Amezcua. 

21/AEG/AJSE

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