Ciudad de México.- Familiares e integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (Copinh) exigieron a las autoridades hondureñas que procese inmediatamente a los autores intelectuales y se sentencie al exoficial de inteligencia militar, Roberto David Castillo Mejía, por ser coautor intelectual del asesinato de la defensora de Derechos Humanos, Berta Cáceres.
Berta Cáceres era una mujer indígena Lenca y una de las defensoras de Derechos Humanos más conocidas en Honduras. Por años defendió el territorio del pueblo Lenca, también fundó el Copinh. El 3 de marzo de 2016, unos atacantes no identificados irrumpieron en la casa de la defensora y la asesinaron.
En conferencia virtual, las y los integrantes del equipo legal de la “Causa Berta Cáceres” señalaron que aunque el inicio del juicio para sentenciar a Castillo Mejía, uno de los autores intelectuales del asesinato de la defensora, está previsto para hoy, cabe la posibilidad de que “existan maniobras orientadas a que no se realice». La defensa legal también advirtió que las pruebas que existen en contra de Castillo Mejía están en poder del sistema de Administración de justicia desde mayo 2016. Estas pruebas, explicaron, constatan que Castillo estuvo involucrado en el asesinato, por lo que esperan que no se postergue más su sentencia; también esperan que se inicie un proceso eficaz que encarcele a todos los autores intelectuales, es decir a los miembros de la familia Atala Zablah.
La familia e integrantes del Copinh detallaron que hacer justicia a Berta Cáceres es demostrar al Sistema Financiero nacional e internacional que de no haber financiado el proyecto de la familia Atala Zablah la defensora seguiría con vida, lo que evidencia que los planes de supuesto desarrollo sólo generan que las poblaciones sufran un alto grado de violencia por las empresas.
“Existe una prueba irrefutable que dará como resultado una sentencia condenatoria para David Castillo. Nosotros no queremos que con esto se cierre el caso, sino que se abra un proceso contra esas personas que han gozado de la impunidad. Nosotras sabemos que nuestra lucha ha tenido que ver con tratar de disfrutar de la justicia en un país de impunidad”, finalizaron.
Muchas pruebas, pocos avances
En 2016, el exoficial Castillo se desempeñaba como directivo en la empresa hidroeléctrica Desarrollo Energéticos SA, conocida como DESA, la cual era propiedad de la familia Atala Zablah. Esta empresa dirigía el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, contra el cual Bertha Cáceres y el Copinh lucharon durante años, de acuerdo con lo que explicó la hija de Berta en una conferencia del 31 de marzo pasado.
En 2018, dijo la joven, fueron detenidos 7 hombres por el asesinato de Bertha Cáceres, entre ellos un militar activo, Mariano Díaz (condenado en 2018); el exresponsable de la seguridad en DESA, Douglas Bustillo; el gerente socioambientalista de la misma empresa, y 4 hombres más que fueron señalados como sicarios. La familia de Berta señaló que Castillo coordinó junto con los sicarios y el personal de seguridad el asesinato de Cáceres, quien se encontraba en resistencia contra el proyecto “Agua Zarca”, en el territorio del pueblo Lenca sobre el río Gaualcarque, en Honduras.
Entre las pruebas recabadas por el Ministerio Público y evaluadas en el primer juicio de 2018, se incluyen extracciones de teléfonos celulares e información de antenas de telecomunicaciones, las cuales revelaron cómo fue la organización de los involucrados para cometer el crimen. La mayoría de esas pruebas, añadieron, serán utilizadas en el juicio contra Castillo.
La sentencia dictada por el Tribunal Penal Nacional de Honduras en 2018 afirma que aunque Castillo era el presidente de DESA, éste jugó un papel de subordinado en el asesinato en comparación con el resto de los implicados, es decir, los ejecutivos de la empresa, los supuestos sicarios y los miembros de la familia Atala Zabla; estos últimos no han sido capturados, pero el Ministerio Público aseguró que existe una línea de investigación para ello.
Como resultado de las averiguaciones, se reveló que Castillo planeó el asesinato de Berta Cáceres durante 4 meses, por lo que desde noviembre de 2015 mantuvo los movimientos de la defensora vigilados y definió un patrón de persecución contra Berta e integrantes del Copinh.
Desde el 2009, Berta era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo, el informe presentado en 2017 por el Grupo Asesor Internacional de Persona (GAIPE) reveló que la Secretaría de Seguridad de la entidad sólo protegió al personal del Proyecto “Agua Zarca” y omitió a la lideresa.
Este informe, al cual Cimacnoticias tuvo acceso, revela que el Ministerio Público cometió irregularidades en el caso al concluir que se trató de un “crimen pasional” y no investigó los ataques contra integrantes del Copinh y de las comunidades indígenas, a pesar de que se presentaron pruebas sobre ello.
Honrar la memoria de Berta
A 5 años de la muerte de Berta, sus compañeros y familiares la recuerdan como una mujer hondureña con una gran convicción por la lucha de los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas y contra los proyectos que buscaban privatizar de recursos naturales a las y los hondureños. Por ello declararon que la lucha por honrar la memoria de Berta seguirá, aunque busquen silenciarlos.
“Multiplicaremos nuestras voces para decirle al mundo, que no nos cansaremos de exigir justicia y de señalar a los autores intelectuales y a sus empresas asesinas”, dijeron las integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, en un comunicado en el que también reprocharon que a dos días del juicio, las autoridades de Honduras detuvieron sin razón a las hijas de Berta Cáceres, Berta y Lara Zuñiga y al miembro del Copinh, Camilo Bermúdez.
Esta detenciones, dijeron, son prueba de que las defensoras y mujeres están en total desprotección y riesgo “ante autoridades corruptas”, por lo que dijeron saldrán a las calles para exigir castigo a quienes ordenaron y avalaron el asesinato de Berta, y resaltaron que el juicio y la captura el 3 de marzo de 2018 de Roberto Castillo en el aeropuerto son consecuencia de la lucha y tenacidad de la familia de Berta y del Copinh, quienes desde el asesinato nunca se han detenido y esperan justicia por el crimen.
“Por Berta, y por todas las que también fueron asesinadas por desafiar defender la vida y la dignidad frente a la corrupción y el despojo… Berta sigue inspirando a niñas, niños, a mujeres y hombres desde todos los rincones del planeta, continúan gritando a la humanidad ¡Despertemos, ya no hay tiempo!”, finalizaron.
21/AEG/AJSE
