Puebla, Pue. Durante las jornadas del 12 y 13 de abril, las ponentes feministas del Parlamento Abierto sobre Aborto Legal de Puebla sostuvieron que la criminalización de la interrupción del embarazo sólo perpetúa la discriminación y la violencia, sobre todo de las indígenas, pobres, jóvenes y de la diversidad sexual.
Erika Yamada, de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, expuso que en México hay una discriminación jurídica respecto al tema del aborto puesto que cada entidad federativa tiene su propio Código Penal, donde hay distintas causales para la despenalización del aborto. Mientras en Puebla existen cuatro razones para que el aborto no sea punible, en la Ciudad de México y Oaxaca se aprobó la interrupción legal del embarazo voluntaria.
Agregó que la falta de una normativa de Derechos Humanos obliga a las mujeres a realizar prácticas inseguras, como con hierbas, ganchos o legrados en sitios insalubres, donde el personal no tiene los conocimientos ni las herramientas para hacerlo de forma segura, causando problemas de salud y hasta la muerte de las mujeres.
Romina Romero, de Red Define, dijo durante su participación del martes 13 de abril que la criminalización envía un mensaje respecto a las decisiones reproductivas que corresponden a la esfera privada, además afecta de manera particular a aquellas mujeres procedentes de contextos de violencia, marginación económica y falta de acceso a la información reproductiva.
La académica Anayuri Güemes dijo, a su vez, que existe una estructura familiar que violenta a niñas y adolescentes, aunado a ello se les obliga a parir cuando no quieren tener hijas o hijos de sus violentadores. Por ello invitó a las legisladoras y legisladores de Puebla a que “no se debe legislar desde la religión personal, sino desde el interés social”.
“Las mujeres abortan aun cuando está penalizado, por eso es importante visibilizar que el debate real es sobre aborto clandestino o aborto seguro”, añadió Marisol Calva, después de señalar que las mujeres no sólo son criminalizadas por aborto, sino que por delitos como homicidio en razón de parentesco o infanticidio, que son tipos penales con temas más severos.
De acuerdo con la investigación Castigar la libertad, de Cimacnoticias, según el TSJE, de 2013 a septiembre de 2020, han sido sentenciadas seis mujeres por homicidio en razón de parentesco por abortar.
Estado incumple obligaciones
Para Angélica Maceda, de la Red de Abogadas Feministas de Puebla, es una obligación del Estado garantizar que todas las personas puedan decidir cuántas hijas e hijos tener y cuándo, para ello es importante contar con servicios de salud que sean compatibles con los Derechos Humanos de las mujeres y que en ellos incluya el aborto. Sin embargo, existe sexismo, machismo e ideas estereotipadas en hospitales, que dificultan el acceso a medicamento de emergencia en casos de violencia sexual y a los propios anticonceptivos.
Noemí González mencionó que en los casos de aborto no hay presunción de inocencia y debido proceso, porque cuando se juzga hay prejuicios contra las mujeres por “ser madres”, desde los operadores de justicia, multas que no pueden pagar y sentencias sin perspectiva de género.
La directora de Balance AC, Oriana López Uribe, dijo que el aborto es una práctica milenaria y que seguirá persistiendo, pero que si está en el Código Penal criminaliza a las mujeres a la vez que perpetúa la desigualdad histórica.
Flor Cipriano cuestionó a las personas antiaborto sobre qué vidas interpelan en nombre de los derechos, porque en Huehuetlán -de donde es originaria- nunca les vio haciendo algo para dignificar su vida, en los hechos el abandono de las infancias por parte del gobierno crece año con año y no les ven haciendo campañas para el arropo de esas vidas.
Blanca Muñoz complementó diciendo que las mujeres de la periferia viven una intersección de opresiones al momento de abortar, por ejemplo no tienen los recursos suficientes para mantener a una hija o hijo más y además podrían ser producto de una violación o discriminación.
Daniela Iglesias solicitó garantía de que se aborde el aborto como un tema de salud e injusticia social; prevención de embarazos no deseados a través de información desde niveles primarios educativos; abortos seguros en el sistema de salud público; reformulación del código penal; políticas públicas con enfoque holístico, perspectiva de género einterculturalidad; sancionar todas las formas de violencia contra mujeres indígenas; espacios de coordinación entre justicia judicial y justicia indígena, y participación activa de personas indígenas y no binarias para la formulación de políticas públicas.
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