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Madres de víctimas de feminicidio de Juárez y Chihuahua, pioneras para el impulso de leyes

Por Aline Espinosa Gutierrez

Ciudad de México. Chihuahua y Ciudad Juárez cobraron relevancia en el país y en el mundo por el alto número de asesinatos de mujeres que comenzó en los años noventa y se extiende hasta hoy. Ante el desinterés de las autoridades, las madres eran quienes buscaban a sus hijas, algunas encontraban el cuerpo sin vida de sus hijas, otras nunca supieron el paradero, y muchas siguen buscando justicia. 

Esta fue una de las reflexiones de abogadas, académicas y madres de víctimas de feminicidio, quienes participaron en el conversatorio virtual “Feminicidios: Un acercamiento desde el trabajo de las activistas”, organizado por El Colegio de México (Colmex), el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género (PIEG), el Seminario de Violencia y Paz de El Colmex, y la Iniciativa Spotlight de ONU Mujeres con el fin de fomentar la discusión sobre la violencia contra las mujeres. 

Desde los años noventa, explicaron las panelistas, Chihuahua y Ciudad Juárez se sumergían entre numerosas noticias que reportaban el hallazgo de cuerpos de mujeres con extrema violencia, en lotes baldíos o lugares públicos. Tanta era la frecuencia de este tipo de noticias, que la población chihuahuense comenzó a normalizar la violencia contra ellas, pero las madres de esas mujeres no, ellas se volvieron pioneras en enfrentar a un sistema mexicano que no se preocupaba por atender estos casos o empatizar con su dolor.  

Esta resistencia, dijeron, siempre ha sido persistente en Chihuahua, pese a tener siempre los más altos números de asesinatos violentos. Por muchos años las autoridades de esta entidad no reconocían la gravedad de los casos de feminicidio y los calificaban como “homicidios dolosos”. Tras 20 años de insistencia de las madres, organizaciones, abogadas y demás personas, en octubre de 2017, el estado tipificó el delito de feminicidio en el artículo 126 Bis de su Código Penal . 

En esta entidad, el delito de feminicidio se condena con una pena de 30 a 60 años de prisión y reparación del daño. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) de Chihuahua,  abrieron 307 investigaciones de muertes de mujeres, de las cuales 180 fueron homicidios asociados al crimen organizado, 99 fueron por otras causas y 28 fueron casos de feminicidio. 

Además, registró 7 casos de feminicidio infantil, sin embargo no especifica en qué ciudades de la entidad se presentaron estos delitos. Sin embargo, es necesario resaltar que organizaciones civiles y defensoras han declarado que la FEM oculta datos sobre casos de feminicidio y los tipifica como “suicidios” u “homicidios dolosos”, aunque los cuerpos de las mujeres presentan signos de violencia física y sexual.

Una larga lucha

En la década de los noventa, Esther Chávez Cano, una contadora pública, comenzó a anotar en una libreta las muertes de mujeres que publicaban los periódicos en Ciudad Juárez. Ella se dio cuenta que existía un patrón de violencia hacia las mujeres y por ello fundó “Casa Amiga”, una organización que hasta hoy brinda acompañamiento a madres en la búsqueda de sus hijas. 

Madres de víctimas y diversas organizaciones civiles continuaron con el registro hemerográfico en todo Chihuahua. Éste reveló que la mayoría de las víctimas, quienes trabajaban en maquiladoras o estaban en una situación de pobreza, eran privadas de su libertad, torturadas, abusadas sexualmente, y sus cuerpos eran dejados en lotes baldíos, el desierto u otros espacios públicos. 

En suma, la actual directora de “Casa Amiga”, Lydia Cordero contó que las autoridades retrasaban la búsqueda de las víctimas bajo pretexto como “de seguro se fue con el novio” o “al rato regresa”, minimizaban el dolor de las madres, y actuaban desde la absoluta ineficiencia. Acciones que resultaron en que muchas víctimas no fueran identificadas debido a la descomposición de los cuerpos.  

Ante este panorama, las madres se vieron obligadas a cumplir con las obligaciones que el Estado mexicano evadía. Impulsadas por el dolor, dejaron sus trabajos, se olvidaron de su salud y emprendieron hacia un futuro incierto. En el camino, se convirtieron en buscadoras, especialistas en derecho, defensoras y acompañantes de otras madres con hijas desaparecidas. 

Tras años de calvario, algunas de ellas conseguían encontrar y reconocer los cuerpos de sus hijas por la ropa, la dentadura o alguna seña particular, pero nunca accedieron a la justicia. Otras madres renunciaron, luego de sufrir diversos maltratos por parte de las autoridades o ante la necesidad de conseguir recursos para solventar los gastos de comida, ayuda jurídica o medicamentos.

Algunas otras huyeron de los sitios donde vivían tras ser amenazadas, otras se dedicaron a la búsqueda de sus hijas hasta su muerte, y otras más crearon organizaciones civiles o fundaciones con el deseo de que: “lo que no fue para sus hijas, sea para las demás”. Es así como todas estas madres se han convertido en un referente histórico de la lucha contra la violencia. 

Nombrar la violencia 

Para las panelistas, la insistencia y dedicación de las madres tuvo como consecuencia el inicio de la normativa mexicana para enfrentar la violencia de género contra las mujeres y la visibilización de casos de feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua, que indignaron al mundo y llegaron a instancias internacionales de Derechos Humanos. 

Ejemplo de ello, dijeron, es el caso de “Campo Algodonero”, ocurrido en 2001 en Ciudad Juárez, el cual hace alusión a 8 mujeres que fueron halladas asesinadas con signo de tortura sexual y en avanzado estado de descomposición, pero sólo 3 de estos casos llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), los demás debido a las negligencias de las autoridades las identidades de las víctimas no pudieron ser corroboradas.

Tras 8 años, la CoIDH sentenció al Estado mexicano por no proteger la vida de las mujeres en la entidad y reconoció que existía una violencia sistemática contra mujeres y niñas en Chihuahua. Más tarde, la antropóloga y feminista Marcela Lagarde y de los Ríos y Angélica de la Peña en conjunto con otras legisladoras, impulsaron la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, e insistieron porque los asesinatos violentos de mujeres fueran tipificados como feminicidio, tipo penal que también fue acuñado por Lagarde . 

“Por todas las Palomas”

Norma Lesdesma contó que en 2001, su hija Paola Lesdema, quien entonces tenía 16 años, salió de casa dirección a la escuela, pero nunca regresó. Desde ese día, Norma comenzó la búsqueda de su hija por cuenta propia al no obtener ayuda de las autoridades, luego de un año, encontró el cuerpo sin vida de Paloma, lo reconoció por su ropa.

Ledesma explicó durante el evento que las autoridades sembraron una fotografía para culpar a un joven en la escena del crimen. En un principio su familia y ella creyeron que habían encontrado al culpable y podrían hacer justicia a la memoria de su hija, sin embargo, muy pronto se dieron cuenta que la evidencia no era cierta, lo denunciaron y el joven quedó en libertad. Desde hace 19 años, el caso de Paloma sigue sin ningún responsable.  

Ese día, ella decidió dejar su trabajo en una maquiladora, se dedicó a estudiar, se convirtió en abogada y llevó con ayuda de organizaciones el caso de su hija hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la cual emitió una serie de recomendaciones a México, entre ellas la creación de una fiscalía especializada.  

En 2012, dijo, se creó la Fiscalía Especializada en Atención de Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género en Ciudad Juárez. Si bien aceptó que hay un avance, la situación de violencia en Chihuahua sigue siendo la misma, y afirmó que 3 mil 500 mujeres han sido asesinadas en los últimos años. 

El Estado, agregó, sigue sin tener políticas públicas integrales y colectivas, por lo que nunca podrá cumplir con lo que tanto presume: erradicar la violencia contra las mujeres. Hoy Norma también dirige “Justicia para nuestras hijas”, una de las organizaciones pioneras que promovieron la tipificación del delito de feminicidio en esta entidad. 

Simulación de acciones 

En opinión de las panelistas se ha gastado miles de millones de pesos en capacitar a funcionarios públicos para que apliquen la perspectiva de género en las investigaciones de asesinatos de mujeres, creado diversas instituciones y normas enfocadas en atender este delito y nada tiene efecto en reducir las muertes violentas de mujeres. 

Para la abogada feminista Karla Micheel Salas el gobierno se ha dedicado en generar acciones que simulan enfocarse en prevenir y atender el delito de feminicidio, pero no es así. Existen fiscalías, dijo, en casi todo el país, que son atendidas por una o 2 personas, que no tienen computadora, que están sobrecargadas y que no cuentan con servicios periciales, donde los casos sólo serán archivados o desechados.

Las panelistas coincidieron que no existe una preocupación sincera por los asesinatos de mujeres y es debido a que no existe una acción transformadora que busque modificar las causas estructurales que las colocan en situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, los roles de género o pensamientos sexistas con el fin de modificar cómo es visto el papel de las mujeres dentro de la sociedad. 

21/AEG/LGL

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