Ciudad de México. Más de 400 organizaciones de 23 países de América Latina y el Caribe denunciaron los ataques consecutivos y actos criminales en contra de las integrantes del “Movimiento por las 3 Causales” que luchan por la despenalización del aborto frente al recinto del Palacio Nacional de República Dominicana, desde hace 40 días.
En un comunicado, quienes integran este Movimiento declararon que las manifestantes resultaron intoxicadas luego de que comieran unos dulces que recibieron de manera anónima durante la primera Asamblea Nacional del Movimiento realizada el pasado fin de semana y que fueron víctimas de diversos ataques por parte de la Policía Nacional de este país, quienes rompieron sus tiendas de acampar con cuchillos y esparcieron bombas lacrimógenas. Acciones, que dijeron, atentan contra la vida y seguridad de las defensoras y con su derecho legítimo a la protesta.
Ante ello, exigieron que de manera inmediata el gobierno de República Dominicana investigue cada uno de los atentados y detenga cualquier acto de represión hacia ellas. “Defender derechos no puede significar un riesgo”, dijeron.
De acuerdo con la cuenta oficial de Twitter del “Movimiento por las 3 Causales”, las defensoras exigen que se permita a las mujeres, niñas y adolescentes interrumpir de manera legal un embarazo en 3 casos: “Cuando peligra la vida de la madre, cuando el feto tiene una condición incompatible con la vida y en caso de ser resultado de una violación o incesto”.
Actualmente el aborto está totalmente prohibido en Dominicana y se sanciona con cárcel sin ninguna excepción. De acuerdo con el artículo 317 de su Código Penal «se impondrá una pena de 6 meses hasta 2 años de prisión para las mujeres y niñas que se realicen abortos, y de 5 hasta 20 años para las y los profesionales médicos que los practiquen».
Sin embargo, desde el pasado 20 de abril, las y los legisladores del Congreso Nacional dominicano comenzaron las discusiones para aprobar un nuevo Código Penal, y uno de los temas a tocar es el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en las 3 causales ya mencionadas.
La legislación sobre aborto data de 1848, y desde entonces “miles de mujeres, niñas y adolescentes dominicanas han muerto, ya que su única opción es interrumpir su embarazo de forma insegura, ya sea por medio de remedios naturales o técnicas riesgosas”, detallaron en un comunicado las defensoras de los derechos reproductivos de las mujeres quienes agregaron que esta prohibición total afecta de manera más grave a las pobres, ya que ellas no tienen recursos para viajar a otro país y recibir la atención médica que necesitan.
En 2018, la organización internacional Human Rights Watch realizó una investigación sobre derechos sexuales y reproductivos en este país. Ésta reveló que 47 de cada 50 mujeres y niñas dominicanas habían declarado que su embarazo fue producto de violencia sexual y del poco acceso a métodos anticonceptivos. También, que niñas y mujeres utilizan una variedad de métodos para intentar interrumpir sus embarazos, como ingerir pastillas (misoprostol); utilizar infusiones, bebidas y otros remedios caseros; intentar debilitar su estado de salud al abstenerse de comer o beber agua; o intentar provocarse lesiones como darse golpes en el abdomen con bloques de cemento, entre otras prácticas.
“Ningún embarazo debería costarle la vida a una mujer o niña. No es posible que todavía se obligue a una mujer o niña a mantener un embarazo de su violador. Es hora de que este país salga de la lista de los 5 países sin ninguna excepción para la interrupción del embarazo”, declararon las manifestantes en un video de su cuenta de Twitter.
La República Dominicana es uno de los países en América que mantienen una prohibición total del aborto junto El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam.
Como parte de su demanda, las manifestantes llevan 40 días en un plantón frente al Palacio de este país con el fin de presionar a las y los legisladores del Congreso Nacional para que aprueben el proyecto de ley. Cabe recordar que el gobierno de este país vetó dos reformas que proponían mantener la prohibición absoluta del aborto sin excepciones en el Código Penal en años anteriores.
De acuerdo con medios de comunicación dominicanos, en 2010, las y los legisladores reformaron la Constitución y reconocieron «el derecho a la vida desde la concepción» en el artículo 37 de la Constitución, el cual dispone que “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”.
Las defensoras e integrantes de colectivas registraron que en 2020 la mortalidad materna aumentó un 20 por ciento y cada 2 días muere una mujer por causas relacionadas con un aborto. En ese mismo año, dijeron, hubo 290 casos de incesto. Por otro lado, durante semana santa en 2021, mil 135 mujeres murieron por causas prevenibles, por lo que este país cuenta con los índices más altos en mortalidad materna.
“Y sí, las tres causales van, porque a pesar de lo que piensan algunos congresistas, la vida es sagrada, y más aún cuando la muerte es prevenible”, detallaron las defensoras como una de sus consignas. Ellas prevén que en los próximos días el Congreso concluya sus discusiones.
En entrevista con Cimacnoticias, una de las defensoras del «Movimiento por las 3 Causales», Nicole Pichardo, explicó que el proyecto de ley para despenalizar el aborto fue presentado en 2002 por las integrantes de la «Coalición Feminista Organizada». Desde entonces han pugnado porque se apruebe pero es vetado por la presión de las y los conservadores, sin embargo, el proyecto vuelve a subir al Congreso siempre vuelve a ser tratado, gracias a la lucha esta coalición y del ahora, “Movimiento de las 3 causales”.
“El proyecto está en un vaivén. Incluso los últimos tres presidentes de nuestro país han dicho públicamente y antes de su campaña que están a favor del proyecto, pero una vez que suben al poder el cuento siempre cambia y por eso tenemos casi 20 años en este vaivén”, explicó la también integrante del “Movimiento de las 3 causales”.
Pichardo dijo que la aprobación de este proyecto es importante para que las mujeres, niñas y adolescentes, tengan mínimo 3 opciones para interrumpir su embarazo de forma segura y sin miedo, ya que a ellas se les niega el acceso a métodos anticonceptivos y a una orientación reproductiva en los hospitales, lo que las orilla a comprar sus medicamentos en el mercado negro.
Esta situación, explicó, es más difícil para las mujeres que viven en zonas muy alejadas o rurales porque no tienen hospitales. Ellas se deben trasladar hasta los hospitales de zonas urbanas, pero cuando llegan a éstos son criminalizadas y estigmatizadas por solicitar medicamentos. En este país, las mujeres sólo pueden comprar pastillas anticonceptivas con una prescripción médica.
“Estas pastillas no te las venden sin prescripción medica, si tú vives en un barrio muy pobre, tú tienes que acceder a ellas a través del mercado negro, esto es otra traba. Cuando tú ingieres esas pastillas, tú esperas un sangrado que requiere de donación de sangre. Una mujer o niña no tiene acceso a la donación de sangre. Tenemos muchísimas trabas hacia las mujeres en salud pública”, detalló.
En ese sentido, resaltó que las mujeres se ven obligadas a abortar de manera insegura para no ir a la cárcel y no ser calificadas como “asesinas”, por lo que muchas de ellas mueren. Por ejemplo, si una mujer o niña llega a un hospital con un aborto inducido, los médicos la dejan morir porque es ilegal abortar y ayudarla, ellos van a la cárcel en lugar de ayudarla”, agregó. En su opinión, las mujeres y niñas en su país no son reconocidas como seres humanos que pueden ejercer sus derechos, ya que existe una fuerte presencia de los grupos religiosos y conservadores quienes fomentan el pensamiento de que antes de que las mujeres accedan a un derecho, éste se debe poner a discusión.
Este mismo sector, dijo, es el que no ha dejado avanzar el proyecto ni otros que han buscado modificar la educación para que se enseñe sobre sexualidad. “En 2020, se quiso aprobar una ordenanza de género, donde se iba a implementar una medida nacional para enseñar con perspectiva de género. La Iglesia y los sectores eclesiásticos se opusieron y crearon una campaña que detuvo esta ordenanza”, añadió. La defensora recordó el caso de Rosaura Almonte Hernández, conocida coloquialmente como “Esperancita”, una adolescente de 16 años que en 2012 fue diagnosticada con leucemia. Ella solicitó que le realizaran un aborto terapéutico para recibir su tratamiento de quimioterapia, sin embargo le fue negado, por lo que al poco tiempo la joven falleció. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó recientemente la admisión de este caso para ser discutido.
Este día, dijo, se prevé terminen la discusiones en el Congreso, sin embargo deben esperar a que tengan quórum. Ella considera que el panorama no es bueno por lo que el nuevo Código Penal será mandado al Senado, pero sin el proyecto como se ha hecho en otras ocasiones.
En ese caso, dijo, las únicas dos oportunidades que tendrían para aprobar el proyecto sería que el Senado quisiera conocer y discutirlo para que después sea enviado al Congreso otra vez. La segunda opción es que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader inicie la discusión en el Congreso, pero teme que el tema se retrase tanto que llegue hasta junio, fecha en la que comienza el cambio de legislatura.
Ante ello, agregó, desde el “Movimiento de las 3 causales” se está discutiendo qué otras actividades realizarán para continuar presionando a las y los legisladores.
Sin importar el resultado de hoy, Pichardo cree que el movimiento está haciendo historia pues su activismo ha llamado la atención de diversos medios de comunicación internacionales y además su campamento ha funcionado como centro educativo, donde a diario reciben visitas de mujeres que desean saber sobre las 3 causales y el aborto.
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