Inicio AgendaEn defensa Familia de Digna Ochoa pide que Corte Interamericana ordene reapertura del caso para comprobar que no se suicidó

Familia de Digna Ochoa pide que Corte Interamericana ordene reapertura del caso para comprobar que no se suicidó

Por Anayeli García Martínez

Ciudad de México.- Durante veinte años cuatro procuradores de Justicia en la Ciudad de México sostuvieron que la defensora Digna Ochoa y Plácido se suicidó de tres disparos; sin embargo, este 26 y 27 de abril su familia defenderá ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que hubo irregularidades en la investigación que impidieron conocer la verdad de lo sucedido, por lo que el caso debe reabrirse.

En conferencia de prensa virtual, el hermano de la abogada, Jesús Ochoa y Plácido, aseguró que llegar a esta audiencia es un triunfo porque desde el principio la familia ofreció pruebas y peritajes a la Procuraduría capitalina para comprobar que la muerte de la defensora se debería investigar como un crimen y aunque la información fue recibida no fue analizada. 

“Lo que nosotros todo el tiempo estuvimos diciendo, durante estos casi veinte años, es que a Digna la asesinaron. Para nosotros no nos queda la menor duda de que Digna fue asesinada el 19 de octubre del 2001, es por ello que iniciamos una lucha en contra del propio Estado mexicano”.

Jesús Ochoa y Plácido

Conoce aquí nuestro seguimiento del caso

Digna Ochoa fue encontrada sin vida en su despacho, el 19 de octubre de 2001, en la capital del país. Desde entonces la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), hoy Fiscalía de la Ciudad de México, comenzó una investigación que duró alrededor de diez años y en la cual determinó que la defensora, que había sido amenazada, secuestrada y había sobrevivido a un intento de asesinato, se suicidó.

A pesar de la insistencia de la familia Ochoa y de sus abogados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), y recientemente del Grupo de Acción Urgente por los Derechos Humanos, por rectificar las líneas de investigación, en 2011 un juez federal determinó que la dependencia capitalina investigó correctamente el caso y avaló la conclusión a la que llegó la PGJDF en 2010: el “no ejercicio de la acción penal”.

Caso llegó al Sistema Interamericano

El hermano de la defensora, Jesús Ochoa, quien ha sido el vocero de su familia por dos décadas, siguió los pasos para conseguir que el caso llegara al máximo tribunal regional. Después de agotar los recursos dentro de México, en 2011, junto con sus abogados, a los que se sumó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), presentó el expediente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En agosto del 2013 la CIDH notificó la admisibilidad del caso y el 14 de marzo de 2013 realizó una audiencia en la sede del organismo, en Washington, Estados Unidos, donde se informó a los comisionados que desde 2001 el Estado mexicano incurrió en diversas anomalías y violaciones al debido proceso. En 2019 la CIDH ordenó al Estado reabrir la investigación y adoptar una serie de medidas para reparar el daño; sin embargo, ante el incumplimiento de estas medidas, el caso se remitió a la Corte IDH.

En conferencia de prensa, la abogada Karla Micheel Salas Ramírez recordó que en 2001 la PGJDF abrió una fiscalía especializada para indagar lo sucedido, la cual integró un expediente de más de 50 mil 000 hojas. Sin embargo, la investigación se centró en la vida personal de la defensora y en su imagen, a pesar de que era una reconocida abogada que defendió a víctimas de casos emblemáticos de violaciones a Derechos Humanos. 

Por ejemplo, en 1999 Ochoa asumió la representación de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, ambos víctimas de tortura por militares en el estado de Guerrero y cuyo caso años después concluyó en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano. 

Desde 1995 Digna Ochoa vivió amenazas y hostigamiento, incluso fue secuestrada en dos ocasiones y tuvo medidas de protección. Aun así los procuradores Samuel del Villar Kretchmar, Bernardo Bátiz Vázquez, Rodolfo Félix Cárdenas y finalmente Miguel Ángel Mancera Espinosa, mantuvieron firme la determinación de suicidio. En la gestión de Mancera, quien ahora es senador, la Procuraduría dictó su última resolución.  

“¿Qué es lo que buscamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Para la familia, fundamentalmente, lo más importante es la reapertura de la investigación, que la narrativa cambie, que esta imagen que fue construida en el Estado mexicano, a través de las filtraciones, a través de peritajes claramente manipulados, donde se establece que Digna Ochoa se suicidó, que esa narrativa cambie”, expuso la abogada.

Karla Micheel Salas Ramírez

Audiencia ante la Corte Interamericana

En la audiencia de este lunes y martes la familia de la defensora y sus representantes legales esperan dejar claro que hay pruebas para decir que la defensora fue asesinada como consecuencia directa de su lucha a favor de los Derechos Humanos, pero eso lo tiene que determinar una nueva investigación de la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, detalló el abogado David Peña Rodriguez. 

Lo que se va a exponer ante los jueces de la Corte IDH, explicó, es si la investigación de la autoridad cumplió con los estándares internacionales y si permitió arribar a una conclusión. “Lo que nosotros hemos estado alegando, como organizaciones representantes de la familia, es que esa investigación estuvo mal hecha, que estuvo plagada de todas estas irregularidades”, dijo. 

En su informe de fondo 61/19, la CIDH determinó la existencia de irregularidades graves en la investigación, por ejemplo, omisiones en el registro de los fenómenos cadavéricos que no fueron subsanadas y lesiones no advertidas en los diversos exámenes médicos, contradicciones en las pruebas de balística y evidencia de un mal manejo de la cadena de custodia de la prueba. La Comisión también observó la obstaculización de la participación de los familiares en la investigación, lo que a su vez generó que pasaran casi 10 años para llegar a una conclusión.

Al respecto, la directora jurídica de Cejil, Gisela de León, expuso que este caso comenzó antes del asesinato porque la defensora ya había recibido amenazas, hechos por los cuales pidió medidas de seguridad en 1999, ante la Corte IDH. Por tanto aseguró que también hubo una falta de protección por parte del Estado mexicano. A esto se suma que la investigación de los hechos estuvo plagada de estereotipos de género y aspectos personales de la vida de Digna Ochoa. 

La abogada coincidió en que la principal expectativa de la familia es la reapertura de la investigación y la obtención de justicia, pero también obtener medidas de no repetición para hacer frente a los problemas estructurales que generaron las violaciones en este caso específico. Por ejemplo, algunas medidas que solicitan es la creación de una fiscalía especializada para la investigación de delitos contra personas defensoras y un mecanismo de protección para víctimas. 

Las abogadas y el abogados confiaron en que en las próximas audiencias ante la Corte IDH la comitiva del Estado mexicano rectifique y se plante como un gobierno de la transformación, porque muchas de las personas que ocupan cargos de decisión tiene una historia de defensa de los Derechos Humanos. 

En particular llamaron la atención de la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, una mujer que en su opinión tiene una trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos y quien, dijeron, tiene la posibilidad de materializar esta exigencia de la familia de cambiar la narrativa, para que se investigue a los culpables y se deje de decir que la abogada tenía depresión y se quitó la vida de tres disparos.

A veinte años del crimen, el Grupo de Acción Urgente por los Derechos Humanos junto con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y otras organizaciones civiles, también iniciaron una campaña con imágenes y videos en redes sociales para hacer visible el trabajo y compromiso de Digna Ochoa en la defensa de los Derechos Humanos y evidenciar las condiciones de precariedad, riesgo e inseguridad en la que aún trabajan las y los defensores. 

21/AGM/LGL

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