Ciudad de México. En un hecho histórico, las y los jueces de la Corte Constitucional de Ecuador despenalizaron el aborto por violación en todos los casos y no sólo cuando las víctimas son mujeres que padecen una discapacidad mental, como estaba vigente en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de este país.
Esta decisión que se dio con 7 votos a favor y 2 en contra, determinó como inconstitucionales los artículos 149 y 150 del COIP ecuatoriano. El primero estipula que: “La persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años”, por lo que las sanciones será modificadas y el aborto por abuso sexual ya no tenga una pena.
Respecto al artículo 150 se eliminará el siguiente fragmento: ”si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental”; lo que permitirá el aborto por violación en todos los casos y las mujeres no deberán cumplir con ningún criterio.
De acuerdo con el artículo 150 del COIP, el aborto en este país es posible cuando: «la vida o salud de las mujeres estuviera en riesgo y si era producto de una violación», pero sólo en aquellas que padecieran una discapacidad mental.
En redes sociales, ecuatorianas recordaron que este avance es gracias a que en 2019, integrantes de la «Fundación Desafío» y la «Coalición Nacional de Mujeres», presentaron una demanda de inconstitucionalidad sobre la despenalización del aborto ante la Corte con el fin de legalizar la interrupción del embarazo cuando éste fuera producto de una violación, incesto, estupro, inseminación no consentida o malformación del feto.
Sin embargo esta fue desechada en ese mismo año. “La Asamblea Legislativa negó la posibilidad de despenalizar el aborto, a través de una reforma legislativa al Código Penal. Nosotras estuvimos incidiendo en ese ámbito. Obtuvimos 65 votos, pero necesitábamos 70. Nosotras como «Coalición Desafío» y «Coalición Nacional de Mujeres» ya habíamos puesto una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte para desenlazar el aborto desde el espacio de la interpretación”, explicó en entrevista con Cimacnoticias, la directora de la Fundación Desafío, Victoria Gómez de la Torre.
A esta demanda, dijo, se sumaron otras 6 más, esta vez para reformar la narrativa de los artículos ya mencionados. “En ese marco hemos venido cabildeando e insistido ante la Corte, haciendo plantones para despenalizar el aborto. Eso ha sucedido ayer y estamos contentas porque es un hito. Hay mucho camino por recorrer, pero este dictamen es enorme, tanto por cómo afecta a la sociedad simbólicamente y cómo va a afectar en la protección de salud integral de las mujeres”, añadió.
En sus cuentas de Twitter, integrantes de colectivos y organizaciones feministas de Ecuador celebraron la noticia como una conquista social que brinda la oportunidad a las ecuatorianas de poder interrumpir sus embarazos por este tipo de violencia sexual, pues reconocieron que en su país existe un contexto de normalización de esta violencia en el ámbito familiar.
A la par realizaron un pañuelazo verde afuera del recinto de la Corte, donde acompañadas de música y tambores cantaron consignas como: “Decidir es nuestro derecho” y «Aquí están, estos son, los que quieren la violación». Acciones que también desarrollaron en redes sociales bajo los hashtag #AbortoPorViolación y #EsUrgenteCorte.
En el mismo escenario también se manifestaron grupos de personas “antiabortistas”, como se autonombran, los cuales proclamaron: «no al aborto, sí a la vida» o «el aborto no es un derecho”. Según un medios de comunicación de este país, se presentaron algunos enfrentamientos entre los dos grupos durante la vigilia de la votación.
“Era urgente y es lo mínimo, porque las sobrevivientes de violencia sexual deben poder decidir abortar sin verse en riesgo de ser encarceladas o de recurrir a abortos inseguros. Ya torturaron a niñas, adolescentes y mujeres adultas con capacidad abortar obligándolas a maternar”, declararon defensoras de DH en un comunicado.
Datos de Surkurna, organización feminista que defiende los Derechos Humanos de las mujeres, revelaron que casi 250 ecuatorianas han sido judicializadas en el sistema de salud porque se tiene la sospecha de que ellas se provocaron un aborto cuando estos son resultados de partos prematuros.
Además, registraron que 85 por ciento del casi medio millón de ecuatorianas “han abortado de manera insegura o mediante autoinducción” entre 2004 y 201; mientras que todos los días, 5 niñas de entre 10 y 14 años de edad presentan embarazos debido a la violencia sexual que viven.
En suma, documentó que un cuarto de ecuatorianas han sido víctimas de violencia sexual, de las cuales 25.7 por ciento lo fueron antes de los 18 años. De todas las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de esta violencia, sólo 10.8 por ciento de los casos consiguieron interponer una denuncia, “por miedo a las amenazas, porque temen que no les crean o porque deciden callar ellas o sus familias”, detalló en su Informe “Acceso a la Justicia de las Mujeres en Ecuador” en 2018.
“Defendemos a mujeres que son judicializadas por aborto, varias de ellas son víctimas de violencia sexual. Ahora mismo tenemos dos casos, uno en Santo Domingo y dos en la Provincia de Imbabura, donde existe este tipo de circunstancias, donde no se persigue al violador porque la ley está hecha para seguir a las víctimas o a las sobrevivientes. La fiscalía nos dice que hay más de 500 casos de mujeres que han sido judicializadas por esto”, declaró la directora de Surkuna, Ana Vera en un video.
Las integrantes de las colectivas recordaron a Paola Guzmán, joven de 16 años de edad, quien fue víctima de abuso sexual por un profesor en 2002. Ella presentó un embarazo producto de esta violencia, lo que la llevó a suicidarse. Luego de 18 años y sin culpables, el caso de Paola llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Este órgano encontró al Estado de Ecuador como responsable por la violencia sexual sufrida por la joven.
En 2020, el Estado de Ecuador le ofreció una disculpa pública a la familia de Paola Guzmán, sin embargo, el agresor sigue prófugo hasta el momento.
Ahora, las y los jueces de la Corte Constitucional tienen la responsabilidad de exigir a la Asamblea Nacional la reforma de los artículos 149 y 150 del COIP o emitir una sentencia modulatoria (técnica utilizada por las y los jueces para determinar el sentido o sentidos en que debe o no debe ser interpretada una disposición), en la que establezca plazos y una directriz para la modificación del COIP.
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