Ciudad de México.- Han pasado 24 meses desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la violación y tortura sexual cometida por policías en contra de 11 mujeres, sin embargo, el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha cumplido con las medidas de reparación, entre ellas, la investigación y sanción de los responsables.
Si hace 15 años, cuando las mujeres fueron detenidas y torturadas sexualmente durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, el gobierno estatal a cargo de Enrique Peña Nieto les ofreció una aspirina para ayudarlas a apaciguar los golpes y la violencia, ahora la administración de López Obrador hace lo mismo porque sólo en una ocasión trató de calmar la exigencia de justicia asegurando que cumpliría la sentencia. Dos años después no ha hecho nada para acatarla.
En conferencia de prensa, a propósito del 15 aniversario de este caso, cuatro de las 11 sobrevivientes: Bárbara Italia Méndez Moreno, Yolanda Muñoz Diosdada, Edith Rosales Gutiérrez y Claudia Hernández Martínez, junto con sus abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), denunciaron que no existe avances en la investigación penal y no hay ninguna sentencia condenatoria en el ámbito nacional.
Además, mencionaron que no se ha fortalecido el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres, creado en 2015 y coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), no se ha realizado el diagnóstico nacional sobre tortura sexual contra mujeres y no se ha instalado un observatorio sobre el uso de la fuerza, como se recomendó en la sentencia de la Corte IDH.
En abril de 2019 el Estado mexicano, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se reunió con las mujeres y les aseguró que el gobierno federal tenía el compromiso de garantizar la reparación, la justicia y la no repetición.
En esta ocasión Bárbara Italia Méndez Moreno dijo: «El día de hoy no tenemos buenas noticias para darles. Tenemos las peores noticias. Hemos recurrido a la exigencia de justicia, de verdad y de no repetición con cuatro gobiernos distintos. Esos cuatro gobiernos son un sólo Estado mexicano. Y los cuatro gobiernos nos han llevado al límite. Pareciera que nuestra lucha no tiene sentido».
Investigación e impunidad
A 15 años de los hechos Italia Méndez envió un mensaje al gobierno federal: «Decirle al Estado que aquí seguimos y la exigencia es la misma que hace 15 años: queremos que se esclarezcan los hechos, queremos acceso a la verdad y queremos acceso a la justicia. No vamos a dar un paso atrás, no van a vencernos, vamos a seguir trabajando. Queremos que lo que ocurrió en 2006 se esclarezca para que no vuelva a ocurrir nunca más. Ese es el fondo de nuestra lucha, es fuerte, es vigente y es digna».
Respecto a la investigación de los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006, la abogada y co-coordinadora del área de Defensa Integral, Melissa Zamora Vieyra, dijo que no hay avances. «No existe ninguna sentencia condenatoria que haga responsable a ningún tipo de autoridad, del fuero local ni del fuero federal, de los actos de tortura sexual contra las mujeres. Estamos ante un Estado que ha incumplido con la sentencia de la Corte Interamericana».
En un recuento de lo sucedido, la abogada explicó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha enviado a la federación la investigación que mantiene abierta contra policías estatales, en concreto a la Fiscalía General de la República (FGR), quien desde septiembre de 2019 ejerció la facultad de atracción con la finalidad de investigar los hechos en conjunto, es decir, incluyendo a los probables responsables de los tres niveles de gobierno.
Esta actitud de la FGJEM se da a pesar de que un juez de amparo ordenó la revisión de esta negativa en noviembre del 2020. Así, la Fiscalía estatal, cuyo actuar fue evaluado por la Corte IDH como falto de debida diligencia, se niega a cumplir con lo ordenado por el tribunal internacional, dejando fragmentada la investigación y obstaculizando la posibilidad de investigar la cadena de mando.
Mecanismo de seguimiento de casos de tortura
Por otra parte, en septiembre de 2015 el Estado mexicano creó el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres, para revisar casos de tortura sexual, pero desde entonces sólo emitió tres dictámenes, cuya finalidad es establecer lineamientos para coordinar instituciones en cada caso. En contraste, el Centro Prodh ha documentado más de 110 casos de tortura sexual, de los cuales en 21 las mujeres siguen en prisión debido a que fueron torturadas para declararse culpables de algún delito. El caso más reciente ocurrió en noviembre de 2020.
La colaboradora del área Internacional del Centro Prodh, Sofía de Robina, expuso que el gobierno les informó que este Mecanismo se formalizaría por medio de un decreto, después les dijeron que sería por medio de lineamientos y ahora les informaron que buscarán otro camino. El fortalecimiento de este Mecanismo se detuvo en octubre de 2019.
A la fecha no existe una ruta institucionalizada para su funcionamiento, normatividad o garantía presupuestal, mucho menos se ha realizado el diagnóstico nacional en la materia ordenado por la Corte IDH. Esto es particularmente relevante ya que, dijo, las organizaciones continúan documentando la persistencia de esta práctica contra mujeres, muchas de ellas en prisión.
Edith Rosales Gutiérrez declaró que el presidente de la República no puede decir que no sabía de este caso o qué no le toca: «Cuando salió la sentencia yo decía: apenas es un pasito, viene la lucha realmente. Ahora lo estamos viendo. Van dos años de esa sentencia y nada; otro gobierno y tampoco nada. Lo más chistoso es que este gobierno no tiene que negociar con nosotras. La sentencia ya está, lo único que tiene que hacer es ejecutar, sin embargo no quiere, no quiere cumplir con la justicia».
Observatorio de uso de la fuerza
En cuanto al Observatorio independiente de monitoreo del uso de la fuerza y rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal (hoy Guardia Nacional) y del Estado de México, en el reciente informe que el Estado mexicano envió a la Corte IDH, el pasado 23 de marzo, informó su decisión de no cumplir con lo establecido en la sentencia. El argumento fue que ya se cuenta con órganos de control interno y la supervisión de la Auditoria Superior de la Federación, que cumplen con este propósito.
Sin embargo, el observatorio ordenado por la Corte IDH es para que se implemente un monitoreo externo con participación ciudadana. Este mecanismo de observancia debería ser independiente, dijo De Robina. El Centro Prodh y las Mujeres de Atenco no ha sido convocadas para analizar el diseño de este mecanismo, a pesar de que en diciembre de 2019 enviaron una propuesta de monitoreo del uso de la fuerza de la Guardia Nacional.
El desacato del Estado mexicano ante las obligaciones internacionales derivadas de la sentencia de la Corte se agrava si se toma en cuenta que la Guardia Nacional es una institución policial de carácter militar que ha usado la fuerza en protestas de mujeres. Por ejemplo, en León, Guanajuato; en Ecatepec, Estado de México; en Cancún, Quintana Roo y en Jalisco, se han realizado operativos donde la policía «agrede» y violenta sexualmente a las manifestantes.
En conferencia de prensa Yolanda Muñoz Diosdada dijo «Todo lo que se ha dado después (del 3 y 4 de mayo) sólo han sido decepciones porque el gobierno está dando lapsos muy largos y no ha da ninguna resolución. Sabemos muy bien cuántos poderes se ejecutaron, quienes fueron. Creo que no hay disposición para hacer cumplir la ley y esclarecer hechos, porque no es una lucha de once, es de miles de mujeres que siempre están y seguirán ahí, participando para que esto no se vuelva a repetir».
Medidas individuales
Finalmente, la implementación de las medidas individuales, entre las que se encuentran las relacionadas con la atención de salud física y psicológica de las mujeres sobrevivientes, enfrentan serios retrasos e incumplimientos derivados principalmente de la falta de coordinación interinstitucional, así como de las múltiples deficiencias en el seguimiento administrativo por parte de las instituciones implicadas. Situación que no es acorde con una política diligente de atención a víctimas.
Sofia de Robina señaló que las mujeres no reciben atención médica ni psicosocial por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni del Instituto de Salud para el Bienestar. «A la fecha las mujeres siguen viviendo enormes deficiencias respecto a la atención a la salud. Muchas de ellas han dejado incluso de recibir atención por los retrasos tan grandes que significan la gestión institucional», dijo De Robina.
Claudia Hernández Martínez consideró que han pasado 15 años de injusticia. «Desde el primer momento en que nos detuvieron fue de manera ilegal. En ese momento nos hicieron víctimas de tratos inhumanos, de tortura, de violación. Incluso hubo compañeros que perdieron las vida en esa represión, del 3 y 4 de mayo. Desde ese momento estuvimos obligadas a demostrar lo que nos habían hecho, tuvimos que ser revictimizadas para demostrar que nos habían violado, que nos habían torturado.
Cabe resaltar que el plazo otorgado por la Corte IDH para el cumplimiento de la mayoría de las medidas era de máximo dos años, por lo que este plazo finalizó en 2020 con dos medidas concluidas de las 9 ordenadas. Las abogadas de las víctimas, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), solicitaron a la CoIDH una audiencia de seguimiento a fin de que el Estado y las representantes legales de las mujeres expongan cómo se ha cumplido la sentencia. El organismo internacional no ha confirmado si se realizará este encuentro.
21/AGM/LGL
