Ciudad de México. El reto de la segunda edición del Protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continúa siendo garantizar que las autoridades apliquen esta herramienta cuando juzguen casos de violencia de género pues a 8 años de la primera edición, la justicia y la reparación de daño hacia las mujeres es nula mientras que las agresiones contra ellas prevalecen en la impunidad.
Esta fue una de las reflexiones en las que coincidieron abogadas especialistas en perspectiva de género que participaron en el conversatorio “El nuevo Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la SCJN, organizado y moderado por la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Zulema Mosri Gutiérrez con el fin de analizar los avances y retos futuros en su aplicación.
En 2013, la SCJN publicó la primera edición del Protocolo para juzgar con perspectiva de género, para atender las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos “Campo Algodonero” ocurrido en 2001 y el de “Inés Fernández Ortega” y “Valentina Rosendo Cantú” ocurrido en 2002, contra México, ante la sistemática y grave violencia contras las mujeres en el país.
Este protocolo es considerado como un hito pues definió un método analítico que incorporó la categoría de género al análisis del litigio. Debido al tiempo transcurrido, la SCJN decidió emitir un nuevo protocolo en noviembre de 2020, el cual abarca tres temáticas: un marco conceptual relacionado con la perspectiva de género, un estudio sobre la incorporación y evolución de esta herramienta y una guía práctica para juzgar con este instrumento.
Durante el evento, las panelistas comentaron que si bien la existencia de estos dos protocolos es un avance que pretende garantizar el acceso de las mujeres a la justicia aún existe mucho camino por recorrer. Las autoridades no analizan a profundidad los casos con perspectiva de género, no toman en cuenta sus contextos, no visibilizan las asimetrías de poder entre las partes involucradas, entre otras cuestiones a la hora de juzgar, por lo que el país no llega ni al 4 por ciento de casos resueltos a favor de las mujeres.
Es por ello que los contextos de impunidad a los que se enfrentaron casos como “Campo Algodonero” y los otros ya mencionados se siguen presentando. “A estos se suma, el caso de “Mujeres de Atenco”, ocurrido en 2006, en el cual se reconoce que la tortura sexual a la fueron sometidas las víctimas se relaciona como un acto de represión contras las mujeres. No vemos una verdadera progresividad. El problema de México es que no tiene voluntad política”, resaltó la abogada de la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU), Ydalia Pérez Fernández Ceja.
Frente a este contexto, la consultora internacional de ONU Mujeres, Patricia Olamedi Torres, dijo que era necesario realizar una investigación profunda y fidedigna sobre la situación actual de la violencia contra las mujeres y niñas antes de publicar una segunda edición del protocolo para que ésta pudiera partir de una realidad, identificara los nuevos obstáculos sin olvidar los viejos y demostrara qué avances obtuvo la primera edición.
“Los resultados de este diagnóstico no serían buenos, los niveles de impunidad no han disminuido. Si hubiera uno tendríamos que poner que 5 mil mujeres desaparecieron en 2020, de las cuales 78 por ciento fueron niñas entre 12 y 17 años ¿Cómo presento un segundo protocolo si ni siquiera sé qué pasó con el primero? En la segunda edición hay una encuesta que dice que unos sí usaron el protocolo y otros no. En las sentencias se señala 1 o 2 párrafos sobre éste, pero no hay una argumentación profunda”, añadió Olamendi Torres.
En suma, apuntó, el protocolo no trata el tema de las mujeres privadas de la libertad por la venta o posesión de drogas cuando 90 por ciento de ellas no cometieron este delito con violencia o portaban armas y la mayoría son madres y jefas de familia que no deberían estar en la cárcel. Además, el documento contiene conceptos que más que contribuir a la formación en perspectiva de género del poder judicial genera confusiones.
En su opinión el capítulo 1 del nuevo protocolo debe ser sustituido por un estudio más amplio, con cifras vigentes y casos actuales de agresiones contra mujeres para así evidenciar dónde está la problemática en el país.
Por su parte, la directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Karla Micheel Salas Ramírez declaró que una ventaja del nuevo y antiguo protocolo es que reiteran que una ley puede ser inconstitucional e inconvencional por no respetar o discriminar los derechos de las mujeres. Estos dos documentos reconocen que el abuso sexual puede ocurrir en el matrimonio e incita a que las autoridades cuestionen la normativa, que puede estar llena de estereotipos de género.
Un avance más, dijo, es que la segunda edición habla sobre la legítima defensa de las mujeres, aunque de forma limitada y propone una nueva metodología para estudiar los casos. “Una de las críticas que teníamos sobre el primer protocolo es que estaba pensado para casos constitucionales y resultaba complicado incorporar las propuestas que hacían en materia familiar, penal o administrativa. Esta (actual) forma de evaluar se basa más en lo cotidiano”, detalló Salas Ramírez.
La primera edición del protocolo, agregó, inspiró a que países como Chile, Argentina, Guatemala y otros, hicieran sus esfuerzos por establecer lineamientos para juzgar con perspectiva de género.
Las panelistas convergieron en que es necesario que el nuevo protocolo sea más difundido entre la sociedad, en particular las mujeres sepan que pueden acudir a esta herramienta ante actos de violencia contra ellas, exijan que las sentencias con base en este documento sean públicas sin los datos personales para revisar su eficacia y así todas las personas entiendan que la perspectiva de género no es sinónimo de “decidir a favor de las mujeres”.
En México, durante 2020, cada hora 25 mujeres fueron víctimas de violencia en el ámbito familiar, 2 fueron víctimas de violación y 6.5 de lesiones dolosas mientras que de las 4 mil 982 personas desaparecidas en el país, 68 por ciento eran niñas y adolescentes de entre 0 a 17 años, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En este mismo periodo, se registraron 940 casos de feminicidio y 2 mil 783 homicidios dolosos de mujeres, lo que representa un promedio de 11 mujeres asesinadas diariamente, por lo que este año fue considerado por organizaciones feministas como el más impune.
21/AEG/LGL
