Ciudad de México. Hoy que se cumple un mes que inició el Paro Nacional en Colombia, representantes internacionales y nacionales de organismos de Derechos Humanos y defensoras colombianas, llamaron a que el gobierno de este país comience a trabajar junto a sus intuiciones para evitar que la violencia sexual continúe utilizándose como arma de guerra en los conflictos como en el que se encuentra actualmente, que reconozca la gravedad de esta problemática, y brinde una reparación del daño integral y digna a todas las víctimas.
En conferencia virtual con motivo del “Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado”, que se conmemora el 25 de cada mes por el caso de la periodista colombiana, Jineth Bedoya, detallaron que desde siempre las mujeres y niñas son las más afectadas en los conflictos armados en este país, que datan desde los años setenta y se extienden hasta la actualidad, ya que sus cuerpos son convertidos en botín de guerra y agredidos principalmente de forma sexual.
La violencia sexual, dijeron, fractura la vida de las mujeres y niñas, repercute en sus esferas públicas y privadas, causa daños irreparables, las puede orillar a cometer suicidio y desarrolla otras agresiones contra ellas como el desplazamiento forzado, embarazos no deseados, abortos forzados, entre otras.
Resaltaron que también corren el riesgo de ser explotadas sexualmente o empleadas en la trata de personas confines sexuales y las expone a una mayor probabilidad de ser víctimas de feminicidio, como resultado de ello, algunas de ellas mueren, otras llegan a sobrevivir y siguen adelante desde el liderazgo o el silencio, y unas más se convierten en defensoras de los Derechos Humanos como las integrantes de «Petra Mujeres Valientes», organización que promovió este evento.
Pese a que esas víctimas, dijeron, ahora defensoras de DH, han demostrado la gravedad de cómo por y en el conflicto armado son violentadas sexualmente, la mayoría de sus casos siguen en la total impunidad, gracias al deficiente trabajo y poco interés de las autoridades e instituciones colombianas de atender sus necesidad o de reconocer que la violencia sexual es empleada como una estrategia de control e intimidación contra las mujeres.
“Sin el trabajo comprometido y constante de incidencia realizado por las organizaciones, las voces de estas víctimas no hubieran sido escuchadas, quedando en una más de esas historias no contadas de la guerra”, dijo la delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres de la Procuraduría General de la Nación de Colombia, Viviana Mora Verbel.
De acuerdo con datos retomados por las y los panelistas, 3 mil 329 personas han sido víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual hasta abril de 2021, de las cuales 30 mil 86 son mujeres, es decir ellas representan 60 por ciento de los casos, de estos 27 por ciento son indígenas y 13 por ciento padecen una discapacidad.
En suma, dijeron, hay 30 mil 489 casos reportados de violencia sexual contra mujeres a nivel nacional en Colombia hasta abril de 2021, de los cuales 48 por ciento de ellos ocurrieron en los departamentos de Antioquía, Nariño, Magdalena y Bolívar, sin embargo prevén que la cifra sea mayor , pues no todos los casos son reportados o no todas las víctimas viven para denunciarlos.
Recordaron que la violencia sexual hacia las mujeres y niñas es un problema que ocurre en en casi todos los países del mundo y se impulsa porque se sigue fomentando una cultura de pornografía y explotación sexual, en donde el abuso y los cuerpos son erotizados, por ejemplo en Colombia no se ha logrado desalentar de manera efectiva la demanda que fomenta estos dos delitos que conducen a la trata de personas y se agravan en los conflictos armados.
Añadieron que continúan persistiendo las normas y estereotipos respecto a la dominación masculina, el control del hombre sobre las mujeres, los roles patriarcales, en vez de que se trabaje por desmitificarlos o promover una cultura donde se entienda el por qué las víctimas de violencia sexual sufren de estrés postraumático o no deciden no evidenciar sus casos.
Exigieron al gobierno colombiano que comience a sancionar y a eliminar las violencia sexual y cualquier tipo de agresión contra las mujeres y niñas, garantice la reparación del daño, brinde servicios médicos y psicológicos gratuitos, y llame a que sus instituciones traten con mayor diligencia a las víctimas.
Cabe recordar que Colombia se encuentra desde el 28 de abril hasta hoy en un Paro Nacional, que inició con el fin de eliminar una reforma tributaria propuesta por su propio gobierno que luego fue retirado, no obstante las protestas se han mantenido resultado del hartazgo del agresiones de la policía contra las y los colombianos y de la demanda por más oportunidades laborales, acceso a la educación, el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), la prohibición que los agentes policías puedan usar armas y disminución en los costos de renta, alimentos y servicios públicos.
En este lapso de tiempo, se han registrado diversos actos de violencia por parte de la policial de este país contra las mujeres y niñas: 22 casos de violencia sexual, 33 desapariciones forzadas, 24 asesinatos, de los cuales 2 fueron de menores de edad, de acuerdo con datos recolectados por organizaciones de mujeres colombianas.
En este evento también participaron defensoras de DH de «Petra Mujeres Valientes», la representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero; la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Liliana Montoya; el jefe adjunto de la delegación de la Unión Europea en Colombia, Lars Bredal; la terapeuta de la Universidad Complutense de Madrid, Martha Chatman, y la representante de la Comisión de la Verdad, Salomé Rosales.
21/AEG/LGL
