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A 27 años de Belém Do Pará persisten retos para su aplicación efectiva

Por Aline Espinosa Gutierrez
BelemDoPara

Ciudad de México. A 27 años de la adopción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará), el gran reto mexicano es un cambio cultural y estructural de cómo las autoridades aplican el derecho, cómo funciona el sistema de justicia y qué se enseña en las escuelas a fin de que las prácticas violentas y las desigualdades históricas que afectan a las mujeres sean entendidas y evidenciadas, declaró la académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, Leticia Bonifaz Alfonzo. 

Al participar en la conferencia virtual “A 27 años de Belém Do Pará”, la también Consultora del Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dijo que si bien la Convención avanzó en que las mujeres fueran reconocidas como sujetas de derecho, nombró las violencias contras ellas, inspiró a más normativas y es una referencia constante en los Tribunales de Justicia, aún existen muchos retos para su aplicación efectiva, el principal, la falta de empatía y sensibilidad hacia las agresiones contra mujeres. 

Cabe recordar que el 9 de junio de 1994, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos adoptó esta Convención, mejor conocida como “Convención de Belém Do Pará”, la cual define que la violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o físico o psicológico tanto en el ámbito público como en el privado. México se suscribió a ésta en 1995 y la ratificó en 1998. 

En su opinión, esta Convención, el mecanismo de Alertas de Género y tratados internacionales como  la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) no son empleadas por las autoridades ni han promovido un cambio en la vida de las mujeres porque hay un pacto patriarcal en el sistema de justicia y en la sociedad, por lo que se sigue cuestionando, revictimizando y responsabilizando a las mexicanas de sus agresiones. 

Este pacto, dijo, obstaculiza que las autoridades entiendan la importancia de considerar las desigualdades en las que se encuentran las mujeres de forma histórica, de aplicar la perspectiva de género en los casos y de enfocarse en investigar al agresor y no a las víctimas. Ejemplo de este pacto, añadió, es el caso de Mariana Lima, joven de 25 años, quien fue asesinada por su entonces pareja, un policía judicial, en 2010 en el Estado de México. 

Este hecho, añadió, se mantuvo por muchos años en la impunidad producto de que las autoridades protegieron al agresor. Gracias al trabajo arduo y continuo de la madre de Mariana, Irinea Buendía, su hija obtuvo justicia cuando pudo detener al expolicía y atrajo el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual emitió la llamada sentencia “Mariana Lima Buendía”, en l que establece que todo homicidio de mujeres debe investigarse con perspectiva de género. 

Otro caso, agregó, donde hubo pacto patriarcal es el conocido como  “Campo Algodonero”, el cual hace referencia al asesinato violento de 8 mujeres encontradas en el Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua en 2001. Este llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), organismo que sentenció en 2009 al Estado mexicano por el feminicidio en esta entidad y por la persistente impunidad en los crímenes. 

Estos acontecimientos, resaltó, son una prueba de que las mujeres no denuncian, en ocasiones, debido a la impunidad que prevalece en las y los impartidores de justicia que no se interesan por conocer todo el margen jurídico nacional e internacional impulsado para erradicar los distintos tipos de violencia, como las recientes nombradas violencia política y la mediática y digital, que demuestran las agresiones dirigidas hacia ellas por la razón de su género, en comparación con los hombres. 

La Convención, dijo, pide que la justicia debe ser pronta y expedita, pero en la realidad una averiguación puede llevar años, cuestión que se agravó en la pandemia porque las instituciones de género o Ministerios Públicos cerraron o trasladaron su atención al mundo digital cuando la violencia puede pasar de un grito hasta un asesinato en un minuto. 

Esta falta de apoyo, explicó, repercute en que las víctimas corren el riesgo de ser encarceladas por defenderse de sus agresores y en resultado asesinarlos, ya que además no se toma en cuenta que habían denunciado innumerables veces haber sido víctimas de agresiones sistemáticas por su violentador. “Cuando la justicia no es pronta ni expedita ¿se llama justicia?”, cuestionó la abogada. 

Para ella es necesario que se trabaje la legislación ya existente, por ejemplo, en el caso de las Alertas de Género (AVG) se debe aceptar que este mecanismo no ha funcionado para nada, tanto así que casi todo el país tiene una AVG y los casos feminicidio van en aumento. Existe un retroceso para declarar las AVG y una vez dictada no se desarrolla ninguna estrategia porque todas recomiendan las mismas soluciones para todas las entidades sin considerar el contexto o el territorio.  

De enero a abril de 2021, se registraron 311 casos de feminicidio, de los cuales la mayoría acontecieron en el Edomex con 48, Veracruz con 28, CDMX con 24, Jalisco con 23, Chiapas con 15, Morelos con 15, Puebla con 15 y Nuevo León con 14, según el informe mensual sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Los avances, recalcó Bonifaz, son incentivados por las organizaciones feministas, quienes hacen el trabajo del Estado de mexicano y entonces tejen redes de apoyo, dan acompañamiento a las víctimas, brindan refugio o asesoría jurídica, y emprenden campañas de difusión para informar a las mujeres sobre sus Derechos Humanos y cómo denunciar. 

Frente este panorama, dijo, la mirada debe dirigirse a que lo que recomienda la Convención, los mecanismos y tratados internacionales y que sea traducido en políticas públicas y estrategias con perspectiva de género que partan desde el contexto de cada estado de México, se insista en su aplicación, y sean divulgadas en un lenguaje accesible para toda la población, además que se desarrollen nuevas masculinidades libres de violencia, y se estimule un cambio cultural. 

21/AEG/LGL

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