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Urgente que juzgadores apliquen perspectiva de género en sentencias

Por Aline Espinosa Gutierrez
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Ciudad de México. En México las y los juzgadores deben cumplir con su obligación de aplicar la perspectiva de género en los casos de mujeres obligadas o involucradas en delitos contra la salud ya que persisten las “sentencias machistas” que no consideran los contextos vulnerables que las llevaron a cometer estos delitos o los roles que desempeñaron en las redes criminales y simplemente las condenan a sentencias extensas, coincidieron especialistas en Derechos Humanos de las mujeres de la organización Equis Justicia. 

Durante el conversatorio virtual “Perspectiva de género en los procesos de encarcelamiento y reinserción de las mujeres privadas en Latinoamérica”, explicaron que el país cuenta con el “Protocolo para juzgar con perspectiva de género” desde 2016 y exige que las personas juzgadoras deben contar con las suficientes herramientas para poder identificar prejuicios y hacer un análisis de género de las casos que resuelven, pero no es así. 

Cabe recordar que este Protocolo tiene como propósito atender las problemáticas detectadas y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de “Campo Algodonero” (asesinato de 8 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua en 2001) e “Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú” (dos indígenas violadas y torturadas por militares en Guerrero en 2002) para que quienes imparten justicia se formen y capaciten en perspectiva de género y en derechos de las mujeres. 

En vez de ello, comentaron, las y los juzgadores desarrollan averiguaciones generales que encarcelan a mujeres que son presionadas a cultivar drogas en sus campos o transportarlas para sobrevivir. Esto demuestra que el país cuenta con un sistema de justicia que sólo en el papel nombra sus obligaciones, afirma importarle los derechos de las mujeres y entienden la importancia de la perspectiva de género, pero en la realidad no.  

Ejemplificaron un caso que documentaron de una indígena que al no tener dinero para acceder a servicios médicos y encontrarse en total vulnerabilidad, tuvo que recurrir a acceder a transportar una maleta con drogas, fue detenida con ellas en la vía pública, sentenciada a 7 años en la cárcel, y más tarde pudo obtener su libertad anticipada, sin embargo ahora es discriminada por tres razones: ser mujer, indígena y exconvicta. 

Actualmente, añadieron, esta mujer no tiene documentos de identificación porque los años totales de su sentencia no se han cumplido, por ello no puede acceder a programas de apoyo para uno de sus hijos que padece una discapacidad, es rechazada en su comunidad indígena al ser madre soltera y no encuentra trabajo. 

Resaltaron que las mujeres que se involucran en estos delitos usualmente son madres solteras que se encuentran en contextos precarios y marginales, donde puede haber una fuerte presencia del narcotráfico, desarrollan un rol bajo en las redes delictivas y no son empleadas en el transporte, venta o cultivo de drogas sin violencia, por ello son más expuestas, las que corren más peligros, y no tienen conocimiento de cómo se estructuran  ni comunican con lo altos mandos de las cadenas de este crimen. 

Desde su experiencia, cuando las mujeres son detenidas, la mayoría de ellas sufre de tortura sexual por parte de las autoridades y el abandono de sus familias y parejas debido a que los centros de reclusión para ellas se encuentran más alejados de la ciudad a diferencia de los destinados para hombres. En los dos últimos años hubo un aumento de mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas. 

Detallaron que además dentro de las cárceles, las mujeres padecen diversas desigualdades como acceso limitado o ausencia de servicios básicos de salud o a productos de gestión para sus menstruaciones, no cuentan con espacios dignos para sus hijos e hijas, entre otras situaciones. Ellas se valen de calcetines, toallas o lo que lleguen a encontrar dentro de las prisiones para tener una menstruación más o menos cómoda. 

En su opinión existe una serie de normas y lineamientos en el país que nunca van a ser ejecutados y exigen a las víctimas la responsabilidad de probar sus condiciones. “Tienes que probar que era pobre, tienes que probar que te encontrabas en una situación de vulnerabilidad para que entonces pueda entrar en este aspecto que te concede el Estado”, dijo la abogada senior del Equis Justicia, Viridiana Valgañon. 

A fin de cambiar esta situación, un primer paso es que las y los juzgadores acaten sus obligaciones, y segundo, se enfoquen en analizar los contextos y situaciones en las que se ubican las que están privadas de su libertad, y que el gobierno garantice que las mujeres accedan a los campos laborales, a la educación y no sufran violencia para no posicionarlas en un mayor riesgo de caer en redes de narcotráfico. 

En este evento también participaron la oficial de proyectos del área de políticas públicas de Equis Justicia, Alejandra Ramos Lezama, y la senior project officer de Equis Justicia, Karen Silva Mora.

21/AEG/LGL

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