Los casos de abuso sexual infantil documentados por la ODI son muy graves, por los hechos y por las secuelas que pueden dejar a corto y largo plazo en los sobrevivientes. Entrevistada para esta columna, la investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, experta en violencia y adicciones, entre otros temas, doctora Luciana Ramos Lira, señaló que, si bien no todas las víctimas de violencia sexual desarrollan un trastorno de estrés postraumático, existe una alta posibilidad de que desarrollen algún trastorno psiquiátrico y lo reproduzcan con sus hijos.
La violencia en niños de temprana edad afecta la arquitectura del cerebro y la psique, lo que hace aún más grave el abuso cometido en las escuelas.
Interrogada acerca de la prevalencia del abuso sexual infantil, Ramos Lira explicó que ésta depende de la metodología usada, pero algunos estudios la sitúan entre 4 y 7 por ciento, aunque se mencionan rangos hasta de 62 por ciento. El problema en gran medida es la dificultad para denunciar.
En el caso de las escuelas, «todo está puesto para silenciar los hechos y a las víctimas», amenazadas aquí, a veces «seducidas» en el ámbito familiar. Por eso a menudo el origen del trauma se reconoce después, por los recuerdos o los síntomas de los sobrevivientes, que, para superar el trauma, pueden refugiarse en las adicciones, caer en la violencia, buscar situaciones de riesgo.
Superar el trauma es posible pero no sencillo, depende del tipo y grado de violencia sufrida y de la respuesta del entorno y del apoyo psicológico que se reciba.
La solución más amplia a la violencia en las escuelas es compleja y debería ponerse en práctica enseguida para evitar nuevos casos y esclarecer y resolver lo que ha sucedido. Lo mismo que la construcción de redes de abuso, la estrategia para enfrentarlas y sobre todo ayudar a las y los sobrevivientes y a sus familias, debe ser integral. De hecho, exige una significativa inversión de recursos financieros y humanos.
Lo primero sería investigar y sancionar a los culpables directos y a quienes se beneficiaron de las grabaciones y fotografías y, al mismo tiempo, dar a niñas y niños el apoyo psicológico que requieren para superar el trauma de haber sido cosificados y aterrados.
En concreto, la doctora Ramos Lira planteó el problema de que la SEP administre sus propios casos. Consideró que debería haber una instancia externa que monitoreara a las escuelas y trabajara en la prevención. También deberían las autoridades abandonar la actitud de no ver los problemas porque no los quieren enfrentar.
La especialista señaló que la niñez debería tener canales seguros para denunciar y que en las escuelas se requiere incidir a la vez en docentes, autoridades, padres y madres, e instancias locales de salud y de justicia para tejer redes de prevención e intervención.
Junto con la prevención, la detección oportuna es importante pues permite intervenir antes de que los efectos de la violencia se agudicen y causen aún más daño a mediano y largo plazo.
Una grave limitante es la falta de especialistas en trauma complejo, en particular que traten con la infancia: «se necesitan especialistas con perspectiva de género y Derechos Humanos».
Hay organizaciones como Adivac pero no son suficientes, sobre todo cuando urge profesionalizar al personal educativo, judicial y de salud para que enfrenten la violencia sexual sin revictimizar.
Considerando que, como señala la especialista, se aborda poco la violencia en las carreras de psicología (y que en las facultades de derecho no se ha integrado la PEG), las universidades también son responsables de la falta de capacidad estructural para garantizar los derechos de la infancia.
Es desde luego urgente una política de Estado que reconozca que ocultar las violencias en las escuelas y familias no «elimina» el problema, deja libre curso a más violencia y más dolor, a efectos personales y sociales que pueden ser devastadores.
21/LMP/LGL
