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Denuncian ante CIDH estigmatización contra la prensa, defensoras y OSC en administración de AMLO

Por Anayeli García Martínez

Ciudad de México.- Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la constante y creciente estigmatización ejercida en su contra por altos funcionarios públicos, entre ellos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Durante una audiencia virtual que se realizó este 1 de julio, 20 organizaciones nacionales e internacionales expusieron que estigmatizar y atacar a periodistas, defensores y medios de comunicación, incrementa el riesgo y la vulnerabilidad en la que trabajan, por ello pidieron a la CIDH que exhorte al Ejecutivo Federal a reconocer públicamente la importancia de la labor de esta población en el fortalecimiento de la democracia.

Las organizaciones acusaron que las autoridades han callado ante los ya 20 asesinatos contra periodistas y 4 desapariciones de periodistas ocurridos durante el actual sexenio y ante los 45 asesinatos de personas defensoras, registrados de 2019 a 2020.

“Estos asesinatos y la violencia  contra personas defensoras se agudiza y ocurre dentro de un contexto caracterizado por la inacción del gobierno mexicano”, expuso el representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), Jan-Albert Hootsen.

En la audiencia virtual se presentó un video con declaraciones de Andrés Manuel López Obrador; el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa; el secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca; el subsecretario de Salud, Hugo LÓpez Gatell; el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, entre otros, quienes han descalificado y criminalizado a periodistas, medios y personas defensoras.

La directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) la periodista, Lucía Lagunes Huerta, expuso que en lo que va del gobierno del presidente López Obrador se han documentado 558 agresiones contra mujeres periodistas, las cuales incluyen actos de estigmatización, descrédito de su labor y campañas de desprestigio implementadas por personas servidoras públicas.

Como ejemplos mencionó los casos de Alma Delia Murillo, Maite Azuela, Denisse Dresser y Pamela Cerdeira, quienes tras publicar columnas de opinión críticas sobre el actuar del gobierno federal, abusos de autoridad, impunidad en el actual proceso electoral, violaciones a Derechos Humanos por parte de la Marina y réplicas a personajes públicos, recibieron mensajes en sus celulares y en sus perfiles de redes sociales con amenazas de muerte y de violencia sexual.

Lagunes Huerta destacó que la violencia contra las periodistas, sin importar si se se ejerce en línea, si se trata de campañas de desprestigio o de actos de descrédito y criminalización, tiene impactos en la vida de las comunicadoras y agudiza los costos laborales, familiares y emocionales y condiciona el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

Agregó que en el resto del país funcionarios estatales y municipales replican el discurso presidencial en contra de la prensa. “Los funcionarios hacen uso de la intimidación al interrumpir de forma abrupta a las periodistas, alzan la voz en tono de regaño y cuestionan su capacidad de entendimiento, ridiculizando su labor para colocarlas en el ojo público, poner en duda su credibilidada basándose en estereotipos de género para desviar la atención de la crítica que ellas realizan”, abundó.

Ante esta situación, las organizaciones solicitaron a la CIDH que pida al Estado mexicano diseñar una política integral, con enfoque de género e interseccional para combatir la violencia contra periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos, la cual deberá adoptar medidas de prevención.

En la audiencia, el director de  la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado, explicó que en México se agrede a un periodista cada 13 horas. El año pasado esta organización registró 692 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, casi 14 por ciento más que en 2019. De éstas, 50 por ciento fueron cometidas por autoridades públicas.

“La estrategia de división y de estigmatización pretende desviar la atención pública de temas apremiantes para la sociedad como lo son la violencia, la impunidad, la corrupción y la falta de efectividad para solucionarlas. Es decir, se anula el mensaje atacando al mensajero”, destacó Maldonado.

En su recuento de la situación de la prensa, el también abogado destacó que este 30 de junio el presidente López Obrador presentó una nueva sección dentro de sus conferencias matutinas, titulada “Quién es quién en las mentiras”. En esta sección se exhiben supuestas mentiras que difunden los medios de comunicación, pero —dijo— “en realidad parece constituir un Tribunal de la Verdad para exhibir, atacar y estigmatizar a la prensa crítica o cualquier persona comunicadora que no se alinea al gobierno federal”.

En su participación, el director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Gustavo Alanís, agregó que en 2020 se registraron 90 agresiones contra personas defensoras, en 65 ataques distintos, entre amenazas, intimidación y estigmatización, de los cuales 18 fueron asesinatos. De éstos, en 40 por ciento de los casos los agresores son presuntamente agentes del Estado.  Además, en lo que va de este año, de enero a junio de 2021, al menos 13 personas defensoras han sido asesinadas.

En respuesta a los señalamientos de la sociedad civil, el coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, destacó que las conferencias de prensa que cada día ofrece el presidente López Obrador son un ejercicio democrático, de diálogo y un ejercicio informativo que no viola la libertad de expresión.

“Los juicios del presidente sobre medios de comunicación, periodistas e intelectuales no han recurrido ni remotamente a la censura o en ataques a la libertad de expresión, ni se trata de elementos de estigmatización. El presidente expone sus argumentos, con información, ante sesgos editoriales o encabezados que muestran la defensa de intereses económicos o políticos expresados a través de los medios de comunicación”, argumentó.

Ramírez Cuevas recalcó que las más de 652 conferencias matutinas ofrecidas por el Presidente de la República“son una muestra del ambiente de libertad de expresión. “Nunca antes un presidente de México había encarado de manera abierta, y todos los días, a la prensa y los cuestionamientos de todos los comunicadores”.  Además, señaló que en estas conferencias todos los periodistas pueden preguntar y obtener respuestas puntuales y profundas.

Por su parte, la comisionada de la CIDH, Esmeralda Arosemena Troitiño apuntó que aunque México tiene un mecanismo para proteger a periodistas y defensoras, el Estado y la sociedad civil se encuentran confrontados. “Los defensores no pueden ser vistos como enemigos del Estado, tienen que ser vistos como aliados del Estado y los periodistas tienen la labor de colocar en la opinión pública la diversidad de opiniones”.

En la audiencia también estuvo el relator especial para la libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, quien aseguró que todas las autoridades pueden defenderse de la crítica, pero recalcó que hay que diferenciar entre la defensa de una posición pública y un discurso que estigmatiza. También destacó que no hace falta que asesine a un periodista o a una persona defensora para no estigmatizar a estos grupos de la sociedad en los debates públicos.

Sobre las conferencias mañaneras, el relator consideró que el Gobierno mexicano debe preguntarse cómo se puede afectar el ejercicio de la libertad de expresión de las personas señaladas con nombre y apellido en este espacio de comunicación oficial. En este sentido, sugirió replantear el espacio de “Quién es quién..” en las conferencias mañaneras.

En la audiencia, las organizaciones insistieron en la necesidad de que la CIDH pida al Estado mexicano que, en sus tres niveles de gobierno, cesen las narrativas, declaraciones estigmatizantes y el acoso judicial hacia periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos.

21/AGM/LGL

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