Ciudad de México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que las autoridades electorales pueden ajustar las listas de representación proporcional para lograr la integración paritaria en órganos legislativos o municipales.
En una jurisprudencia aprobada en junio, las y los magistrados acordaron que se pueden modificar las listas —por medio de las cuales se asignan cargos, según el número de votos obtenidos —, para dar cargos a las mujeres. Se pueden modificar estas listas siempre y cuando los cambios se traduzcan en un mayor número de mujeres en cargos de decisión.
La Sala Superior determinó que las normas que incorporan el mandato de paridad de género o medidas afirmativas deben interpretarse y aplicarse procurando el mayor beneficio para las mujeres, “por ser medidas preferenciales a su favor, orientadas a desmantelar la exclusión de la que han sido objeto en el ámbito político.”
Después revisar impugnaciones que surgieron en 2017 y 2018, el organismo explicó que si la asignación de cargos por el principio de representación proporcional reduce el número de mujeres dentro del órgano de gobierno se limita su participación en el acceso al poder público y, por tanto, se restringe de forma injustificada su derecho de ocupar cargos de elección popular.
La jurisprudencia se dio a conocer después de que en mayo los representantes de los partidos políticos en el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazaron la propuesta de modificar estas listas. En ese momento la consejera Carla Humphrey Jordan propuso crear un lineamiento para asignar las diputaciones federales por la vía de representación proporcional a las mujeres, a fin de integrar la Cámara de Diputados con 50 por ciento de mujeres y 50 de hombres.
Después de la jornada electoral de junio de 2021, 148 mujeres obtuvieron el voto ciudadano y 100 ingresarán por la vía de la representación proporcional. En total ocuparán 248 de los 500 escaños disponibles.
También en junio, la Sala Superior del TEPJF aprobó una tesis en la que acordó que las autoridades deben implementar mecanismos y herramientas para fortalecer la política de prevención y combate a la violencia hacia las mujeres.
En este sentido el tribunal señaló que es constitucional la existencia de registros públicos de infractores en materia de violencia política de género porque, argumentó, estos listados promueven la erradicación de este tipo de violencia y producen un efecto transformador al eliminar los esquemas estructurales en que se sustenta.
La tesis se dio después de que en julio de 2020 el TEPJF emitió una sentencia donde llamó al INE a establecer un registro de personas que han cometido violencia política por razón de género, el cual debería ser nacional y público. En septiembre de ese año el INE creó este registro, el cual cuenta con los nombres de 51 hombres y 11 mujeres, hasta julio de 2021.
De acuerdo con la tesis jurisprudencial, este tipo de registros son en sí una medida de reparación integral porque procuran restituir o compensar el bien lesionado y fungen como garantía de no repetición de esa clase de vulneraciones a los Derechos Humanos. Además, el registro únicamente tiene efectos de publicidad porque las autoridades electorales son las únicas que pueden emitir sentencias con condenas por violencia política en razón de género.
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