Ciudad de México. Mujeres sobrevivientes de ataques con ácido coincidieron que las autoridades mexicanas incurren en diversas “irregularidades” en estos casos debido a su falta de empatía, sensibilización y capacitación hacia este tipo de violencia feminicida, lo que obstaculiza el acceso a la justicia de las víctimas, las deja en riesgo de ser heridas nuevamente por sus agresores, y afecta aún más su estado de salud y emocional.
Durante el conversatorio virtual “Ataques con ácido: no somos estadísticas”, las sobrevivientes explicaron que en todos sus casos las autoridades no se interesaron por investigar a profundidad el hecho, sino que quisieron resolverlos de forma inmediata al tipificarlos como lesiones graves o simples, es decir heridas que pueden recuperarse entre 15 a 60 días, a pesar de ver el estado crítico que su cuerpo tenía.
“Me parecía insultante que consideraban un ataque como estos como si fuera una golpiza o algo así. Estamos hablando de una agresión mucho más dañina que no se estaba clasificando como debía ser. Mis abogados me dijeron que iba a ser considerado como lesiones cuando perdí la vista de mi ojo derecho y tuve alrededor de 12 cirugías reconstructivas, no eran heridas que iban a sanar luego de 15 días. La justicia en México no existe”, declaró Ana Helena Saldaña, quien fue atacada con ácido por una desconocida en noviembre de 2018 en la Ciudad de México.
Detallaron que al tipificar las autoridades sus ataques como lesiones graves o simples obstaculizaron que las personas que las agredieron fueran aprehendidas y condenadas, además, no les brindaron protección luego de denunciar o algún apoyo psicológico, lo que puso en mayor riesgo su salud, vida y emociones, porque temen constantemente que ellas o algunos de sus familiares sean atacados. Tuvieron que detener sus atenciones médicas, y se vieron obligadas a desplazarse del país o del lugar donde residían.
En su opinión. las autoridades no comprenden la gravedad de este tipo de violencia feminicida ni consideran los procesos que se atraviesan después de un ataque con ácido, por ejemplo, María del Carmen Sánchez, quien fue atacada por su expareja en 2014 en el Estado de México, estuvo 8 meses en el hospital en recuperación luego del incidente por eso no pudo involucrarse tanto al inicio del proceso legal y se ha sometido a 61 cirugías para recuperar la funcionalidad de su cuerpo durante casi 6 años.
“A pesar de mi estado el médico legista acreditó en la carpeta de investigación que tenía lesiones graves. El dictamen que hizo afectó mucho todo el proceso legal, desde ahí todo inició mal. Tuve que esperar más de 7 años para que detuvieran a mi agresor. Estos ataques son un intento de dejarnos muertas en vida. Ha sido un proceso largo y doloroso y que me ha costado mucho trabajo salir de él”, dijo la cofundadora de la organización “Carmen Sánchez MX” y defensora de los derechos de las mujeres, Carmen Sánchez.
Sánchez explicó que antes del hecho había hecho 3 denuncias por la violencia que recibía de su agresor, pero las autoridades no hicieron nada. “Mi ataque pudo ser prevenido. Sé que mi vida no se puede ir en este proceso y he estado tratando de aceptar mis cicatrices y sobrevivir con ellas de la misma manera que mis hijas y agradezco a las mujeres que me han ayudado. Hay que ir recuperando la dignidad sin perder la indignación”, agregó.
Este panorama de injusticia, comentaron, repercute en que las víctimas de este tipo de casos busquen justicia porque incluso las mismas autoridades llegan a acuerdos con las personas agresoras para dejarlas libres y no les importa avanzar en la investigación mientras ellas luchan por su vida en cada cirugía. Esta problemática las hace cuestionarse qué más deben hacer las sobrevivientes para que las autoridades cumplan con sus obligaciones o dónde tienen que ir para que les hagan caso.
“Los primeros meses de mi ataque sí denuncié y alcé la voz, sin embargo me ocupé primero de mis tratamientos. Me enfrenté a un Ministerio Público que favoreció a la agresora que organizó el ataque. Denuncié todos los hechos irregulares, pero hoy a casi 6 años de mi ataque no hay ningún detenido ni el autor intelectual. A veces siento que estoy remando contracorriente porque las mismas autoridades siguen trabajando en la Fiscalía”, comentó Leslie Moreno Muñoz, quien fue atacada por un desconocido en agosto de 2015 en Hidalgo.
Para Moreno es necesario que se visibilice que las víctimas no pueden defenderse ante un ataque con ácido porque “te están aventando un líquido que te puede dejar ciega, yo grité y me quemó todo por dentro de la boca, es una situación que te pone en desventaja con el agresor, ¿por qué las víctimas somos quienes después de que sufrimos un ataque de este tipo tenemos que seguir escondidas y cuidándonos?”, añadió.
Resaltaron que “la vida no vuelve ser la misma” después de un ataque de este tipo, pues se vieron obligadas a cambiar su forma de vestir, hábitos, rutinas y se mantienen en un estrés, miedo y alerta constantes que les dificulta desarrollar su vida de manera plena, pero el apoyo de sus familias poco a poco les ha regresado la seguridad.
Exigieron que las autoridades velen por las garantías de las mujeres, desarrollen sus obligaciones, proporcionen servicios de salud gratuitos hacia ellas y se capaciten y sensibilicen en este tipo de casos para que dejen de ser “incompetentes”, además, llamaron a que las víctimas de esta violencia feminicida se unan a las redes de apoyo que ellas han formado y sepan que no están solas.
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