Ciudad de México.- La próxima Legislatura en la Cámara de Diputados, que se conformará por 248 mujeres y 252 hombres, debe fortalecer las órdenes de protección y los Centros de Justicia para las Mujeres, afirmó la subdirectora de la organización Equis Justicia para las Mujeres, Maïssa Hubert Chakour.
Durante un foro virtual convocado el pasado miércoles 7 de julio por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara baja, para analizar retos en el acceso a la justicia para las mujeres, la también abogada llamó a las próximas legisladoras a no ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa ni promover la militarización de la seguridad pública, por afectar los derechos de las mujeres.
Hubert Chakour recordó que en marzo de 2020 el Legislativo aprobó una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer que las órdenes de protección son mecanismos que deben aplicarse de manera inmediata y otorgarse de oficio o a petición de parte. En su opinión, esta reforma es trascendente y va en la dirección correcta.
Sin embargo, la subdirectora de Equis Justicia para las Mujeres explicó que hay que repensar la regulación de las órdenes de protección a fin de mejorar su accesibilidad y evitar que la violencia hacia mujeres y niñas escale a niveles más graves como el feminicidio. Con esta idea, en abril pasado 23 organizaciones de la sociedad civil presentaron una propuesta ciudadana de reforma a la Ley General de Acceso.
En esta propuesta, detalló, se proponen cinco puntos. El primero es reconocer a las órdenes de protección como principales, autónomas y complementarias a otros mecanismos de protección judicial, ya sea en materia penal, civil, administrativa o familiar y considerar que, al proteger derechos de mujeres y niñas, no pueden estar sujetas a la presentación de una denuncia o de una demanda.
El segundo punto, explicó la defensora, es incorporar el estándar de “posible riesgo”. Es decir, una orden de protección se debe otorgar cuando existan indicios de que la mujer o la niña podría encontrarse en peligro y no esperar hasta que la violencia ocurra. El tercer punto, agregó, es facultar a los jueces calificadores de paz y a las autoridades de los pueblos o comunidades indígenas para emitir esas órdenes de protección, por estar más cerca de las mujeres.
Maïssa Hubert dijo a las actuales legisladoras que otro eje propuesto por las organizaciones civiles es incorporar la figura de “órdenes de protección definitivas”, es decir, otorgar protección permanente en casos en los que la violencia se ha manifestado por un periodo prolongado de tiempo y donde las mujeres y niñas requieren protección a largo plazo, no sólo durante los 60 días que plantea la ley.
En el documento, que las organizaciones entregaron a las legisladoras salientes, se señala la necesidad de establecer cuatro directrices para que las autoridades puedan evaluar el riesgo que viven las mujeres: el contexto de cada mujer o niña; las características, frecuencia y magnitud de la violencia; las necesidades específicas de cada mujer y niña; y las características de la persona que genera la violencia.
“Estamos seguras que de la mano, con ustedes, podemos lograr incorporar esos cambios dentro de la Ley General de Acceso. Podríamos mejorar un mecanismo que nos ha parecido crucial para el acceso a la justicia y la protección de las mujeres y niñas en México”, dijo Hubert Chakour.
Fortalecer Centros de Justicia para las Mujeres
La defensora feminista también llamó a las legisladoras a fortalecer los Centros de Justicia para las Mujeres, instituciones que concentran servicios integrales para las mujeres, como atención médica, psicológica y jurídica. “Consideramos importante poder incorporar a la Ley General de Acceso un título específico para los centros, que establezca sus objetivos, sus funciones y los servicios que deben de otorgar”.
También mencionó que si se hace una reforma en la materia, se debe incorporar un artículo transitorio para que las leyes estatales sobre violencia contra las mujeres se armonicen con la Ley General y establezcan la obligación de las autoridades de los tres niveles de gobierno de coordinarse para mejorar el funcionamiento de los Centros de Justicia. A la fecha existen 31 Centros de Justicia en 21 entidades federativas.
Por otro lado, la experta exhortó a las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género a revisar los efectos de la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio. “En algunos casos usan el pretexto del combate de la violencia de género como justificación. Sin embargo, estas políticas, no han demostrado haber mejorado la prevención y la erradicación de las violencias, ni siquiera en los procesos de acceso a la justicia para todas las mujeres”, expresó.
En 2019, la Cámara de Diputados aprobó ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva de oficio, entre ellos: feminicidio, abuso sexual contra menores y desaparición forzada de personas y cometida por particulares. En este contexto, Maïssa Hubert detalló que la evidencia demuestra que la prisión preventiva de oficio afecta de forma desproporcionada a mujeres de bajos ingresos, indígenas y jóvenes, incluso a mujeres con antecedentes de violencia de género, quienes terminan en prisión por largos periodos de tiempo y sin sentencia.
Por otro lado, dijo, esas políticas punitivas también han afectado a familiares de personas que se encuentran privadas de libertad y han obstaculizado el acceso a la justicia de las mujeres, ya que en muchas ocasiones los jueces que otorgan prisión preventiva consideran cerrada la investigación y retrasan los procesos de investigación y de acceso a la justicia.
Otro tema que la subdirectora de la organización Equis Justicia para las Mujeres presentó a las legisladoras fue su preocupación por la militarización de la seguridad pública en México que, aseguró, ha provocado reiteradas violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres, entre ellas, detenciones arbitrarias y torturas sexuales. “Tenemos que ser bien cuidadosas con ese tipo de reformas que pueden, a final de cuentas, impactar a las mujeres de forma desproporcionada”, concluyó.
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