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Llama HRW a Asamblea Nacional de Ecuador a eliminar todas las sanciones penales sobre aborto

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
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Ciudad de México.- Las mujeres y las niñas acusadas por aborto en Ecuador suelen experimentar violaciones de sus Derechos Humanos, entre ellos al secreto profesional y al debido proceso, y enfrentan obstáculos para acceder a la representación legal de calidad por lo que la organización Human Rights Watch (HRW) llamó a la Asamblea Nacional de Ecuador a eliminar todas las sanciones penales sobre el aborto y al presidente a garantizar el acceso al aborto no punible conforme a la legislación vigente.

Cabe recordar que en abril pasado este país despenalizó el aborto como derecho de las víctimas de violación, y asegurar que el marco regulatorio para todos los casos de violación que se discutirá en los próximos seis meses no incluya la obligación de denunciar los casos de violencia sexual ni la objeción de conciencia. 

Al presentar el informe “¿Por qué me quieren volver a hacer sufrir? El impacto de la criminalización del  aborto en Ecuador”, que elaboró la organización Human Rights Watch (HRW), se informó que para esta investigación se consultaron 148 casos de procesos penales vinculados con abortos consentidos del período comprendido entre 2009 y 2019, de los cuales 81 por ciento fueron contra mujeres y niñas, 14 por ciento contra acompañantes y 5 por ciento contra el personal de la salud que participó en el aborto. 

De acuerdo con lo que dijo durante la presentación del informe la investigadora de las Américas, división de Derechos de la Mujer, Human Rights Watch, Ximena Casas, las mujeres y las niñas acusadas por aborto suelen experimentar distintas violaciones de sus Derechos Humanos. Por ejemplo, entre las principales conclusiones de este informe están que las leyes restrictivas del aborto no impiden que las mujeres aborten, las consecuencias de esto es que los abortos ocurren pero de manera insegura, principalmente para mujeres de menos recursos y que viven en zonas rurales.

Otra de las conclusiones fue que la criminalización del aborto en Ecuador disuade a las mujeres a solicitar el acceso a prácticas seguras; refuerza la estigmatización social del aborto y genera temor ante la posibilidad de persecución penal entre mujeres y profesionales de la salud. A esto se suma que, por estas leyes, las ecuatorianas sí están siendo judicializadas por abortar, y no sólo aquellas que desean interrumpir voluntariamente un embarazo, sino también aquellas que tienen abortos espontáneos, emergencias obstétricas o que requieren atención post aborto.

De los 148 casos analizados, 38 cumplieron penas de prisión tras la condena o estuvieron privadas de la libertad durante el juicio o antes de éste; y en otros tres casos, dos mujeres y una niña fueron acusadas de homicidio tras una emergencia obstétrica; 73 por ciento de los casos se iniciaron después de que un profesional de la salud denunciara a la paciente a la policía.

Human Rigths Watch también identificó que la criminalización del aborto deriva en la violación a los derechos al secreto profesional y al debido proceso, y enfrentan obstáculos significativos para acceder a la representación legal de calidad.  En 99 por ciento de los casos analizados, la policía interrogó a las mujeres sin la presencia de un abogado, y en 58 por ciento de los casos los defensores públicos de las acusadas las aconsejaron declararse culpables para evitar el juicio y acogerse a procedimientos abreviados, pero ellas tuvieron más probabilidades de cumplir penas de prisión: 81 por ciento de las acusadas en procedimientos abreviados cumplieron penas, en con el 19 por ciento de las acusadas que se enfrentaron a un juicio.

Una conclusión más de este informe fue que la conducta de fiscales y decisiones de jueces a menudo replicaron estereotipos de género y consideraciones religiosas. De todos los casos revisados, 25 tuvieron una suspensión condicional de la pena que incluía el requisito de realizar tareas comunitarias o asistir a una terapia psicológica; en varios de los casos las mujeres fueron condenadas a realizar tareas en orfanatos o a recibir terapias orientadas a convertirlas en “buenas madres”.

Además, parte de la estigmatización y discriminación se origina en la violación de los derechos a recibir información completa, clara, accesible y actualizada sobre la salud reproductiva y las opciones para la atención de la salud, expresó Ximena Casas.  La criminalización del aborto, reveló el informe, afecta más a las mujeres probres, ya que un número desproporcionado de los casos tuvo lugar en provincias con población indígena y afrodescendiente. Por ejemplo, de los 148 casos analizados, 16 casos se originaron en la provincia de Morona Santiago, donde 48 por ciento de la población se identifica como indígena. 

El informe incluye algunas de las historias particulares de las mujeres cuyos procesos judiciales fueron analizados para la elaboración de ese informe. 

21/AJSE/LGL

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