El espionaje, tan normalizado como una práctica de poder y de control, se sostuvo sobre la premisa de que quien tenía información de los que informaban tenían el poder sobre de ellas y ellos, utilizando los recursos de programas como los expuestos recientemente pero también ejerciendo violencias como amenazas, difamación, hostigamiento y utilizando a mercenarios para golpear y amedrentar a la prensa como una práctica cotidiana en las entidades.
En México son asesinados periodistas en un número tan alto desde hace más de 30 años que es claro que existe una deuda histórica que sólo puede subsanarse elevando a un tema de agenda prioritario para los gobiernos estatales, las fiscalías especializadas y los organismos públicos, en general, las amenazas que se han hecho contra periodistas, tanto mujeres como hombres dedicados a informar a la sociedad.
No podemos perder de vista que las amenazas contra las mujeres periodistas y el hostigamiento siempre tiene connotaciones específicas, al igual que las violencias que se ejercen contra las mujeres defensoras. Muchas periodistas a lo largo y ancho de todo el país denunciaron agresiones y otras violencias como la difamación y el cuestionamiento a aspectos personales o de la vida privada como un mecanismo de descalificación.
Tristemente, la mayoría de estas denuncias quedaron en el olvido a pesar del interés de las afectadas para que se investigaran y no pasó nada. Seguramente hay muchísimas carpetas que ya fueron cerradas bajo cualquier argumento, no sólo de investigaciones solicitadas por las afectadas y afectados, sino que en la mayoría de los casos intencionalmente se rechazaron sin abrirse, y en los casos en los que se logró sortear esta dificultad, sin ninguna diligencia de investigación.
En medio de la revisión de las cosas del pasado reciente que vale la pena tener presente están las numerosas denuncias infructuosas, los casos denunciados por las mujeres y hombres dedicados al periodismo, y en particular el diarismo, en toda la geografía nacional, y revisar qué pasó con estas denuncias y por qué no prosperaron.
Si bien parece mucho trabajo, la información que recientemente ha salido a la luz pública de la relación entre el asesinato de un periodista en Michoacán con el espionaje a su línea telefónica y que sus actividades eran seguidas muy de cerca tendría que ser razón suficiente para que se abriera una comisión especial que investigara todos los asesinatos de periodistas y defensoras e identificar los vínculos con mecanismos de control y de poder ejercidos desde el Estado.
La causa de muchos de los asesinatos de periodistas y defensoras es la impunidad que rodea estos actos, crímenes enmascarados por ser cometidos por particulares claramente relacionados públicamente incluso con núcleos de poder cercanos a gobernantes que hoy son investigados o deberían serlo por enriquecimiento ilícito, vínculos con el crimen organizado y muchos otros delitos.
Por reconocimiento al derecho a la verdad y a la justicia, los mecanismos especializados en la atención a defensoras y periodistas podrían sumar a sus agendas la revisión de los casos a los que se dio carpetazo dejando en la indefensión a todas las víctimas.
La impunidad se sostuvo y se sostiene en la falta de investigación, en la falta de debida diligencia, y en la descalificación sobre las denuncias presentadas por periodistas y defensoras en las entidades federativas y en general contra diversas autoridades, quienes actuando como caciques, controlan espacios y personas que denostaron a las y los denunciantes.
Aún tenemos pendiente identificar el número de mujeres y hombres que se vieron obligados a desplazarse o a renunciar a un trabajo porque desde el ejercicio del poder hegemónico se controlaba a los medios y los obligaban bajo la presión de la publicidad, a decidir el destino de periodistas críticos.
La búsqueda de la verdad y la justicia no es venganza, no es pensar ni quedarse en el pasado, pero sólo rompiendo los acuerdos de impunidad y de protección entre esos particulares que ejercieron violencias y cometieron asesinatos contra periodistas y defensoras y defensores y los personajes de poder, es como se empezará a hablar de acceso a la justicia.
No se trata sólo de decidir si debemos o no juzgar a los expresidentes, se trata también de buscar justicia contra aquellos que perdieron la vida sin que sus agresores hayan sido sancionados, y los responsables se protegen bajo un andamiaje de impunidad y de complicidades que utilizaron y utilizan aún a las propias instituciones para validar el cierre de carpetas de investigación, la falta de seguimiento a las quejas y denuncias.
21/ACM/LGL
