Ciudad de México.- De cara al inicio de operaciones del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación e Inteligencia en el estado de Quintana Roo, conocido como C5, la Red Feminista Quintanarroense pidió a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad garantizar la seguridad de las niñas y mujeres a través de identificar zonas de riesgo, recuperar el espacio público y generar estadística delictiva sobre violencia de género, órdenes de protección y acciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
El pasado 29 de julio, el gobierno de QR anunció el inicio de operaciones del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación e Inteligencia en el estado de Quintana Roo, conocido como C5, con instalaciones, sistemas y plataformas tecnológicas.
A propósito de este anuncio, la Red Feminista –que forma parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de seguimiento de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Quintana Roo, emitida el 7 de julio de 2017– envió un oficio al secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, para exigirle garantizar la seguridad de las niñas y mujeres a través de acciones específicas.
En este documento, la Red propuso a Hernández Gutiérrez diseñar y ejecutar una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia en zonas de riesgo, las cuales se deberán determinar con base en el número de reportes, auxilios, denuncias o llamadas recibidas que se refieran a violencia familiar, además de establecer condiciones seguras en las áreas públicas (alumbrado, podado), ubicar cámaras de vigilancia, postes de emergencia, reforzar los patrullajes, y establecer aplicaciones que vinculen a las víctimas con las dependencias específicas para la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia de género.
La Red también pidió tener agendas o programas preelaborados de patrullajes que señalen la priorización de atención en las zonas de alta incidencia de violencia contra las mujeres en todos los municipios, así como informar si las cámaras de vigilancia funcionan y que los postes de emergencia existen, cuántos son y dónde se encuentran.
Las feministas exigieron se generen datos sobre cuántos delitos se han podido detectar a partir de las cámaras de vigilancia y los sistemas del C5, cuántas veces se ha requerido la información detectada en las cámaras como pruebas en la integración de carpetas de investigación o para ser llevadas como pruebas en juicios, si han disminuido las llamadas de auxilio, si se han utilizado los postes de emergencia y cuál ha sido el seguimiento a los casos, a cuántas mujeres se les ha canalizado y ante qué autoridades, cuántas denuncias han iniciado las víctimas, cuál ha sido el seguimiento de las mismas, entre otras.
También pidieron la elaboración e implementación de un plan de trabajo con metas trimestrales, indicadores de impacto medibles, recursos asignados, objetivos, estrategias y acciones a corto y mediano plazos, relacionándolas con políticas públicas para la apropiación y mejoramiento del espacio público, como pueden ser áreas comunes de esparcimiento, canchas deportivas, espacios culturales, servicios de alumbrado y seguridad pública de calles y colonias, lo cual contribuya a poder evaluar tanto cualitativa como cuantitativamente los avances.
Las feministas exigieron crear módulos de atención inmediata para mujeres en situación de riesgo en los municipios. Estos modelos deberán ofrecer asistencia multidisciplinaria (personal jurídico, psicológico, médico, de trabajos sociales y elementos de seguridad) y el respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes.
También exigieron generar mecanismos efectivos de implementación y seguimiento a las órdenes de protección para mujeres, como pueden ser el uso de brazaletes electrónicos en los agresores. Señalaron que es necesario que todas y todos los elementos policiacos conozcan y apliquen el Protocolo de actuación para la implementación de las órdenes de protección y conozcan los estándares de valoración de riesgo, de actuación, atención especializada a grupos en situación vulnerable, de reacción policial y de evaluación.
Asimismo, la Red enfatizó la necesidad de que las corporaciones policiacas actúen ex officio cuando tengan conocimiento de una situación que amerite la emisión de una orden de protección, sin dejar la carga de la promoción a la víctima, así como crear un mecanismo de seguimiento y evaluación eficiente.
Y pidió que se genere información sobre el funcionamiento de la Alerta de Violencia de Género en la entidad, por ejemplo, cuántas agrupaciones estatales, municipales o mixtas especializadas en seguridad pública, así como células municipales de reacción inmediata en cada municipio, fueron creadas a partir de la AVGM.
En su oficio, la Red enumeró una serie de casos de violaciones de Derechos Humanos cometidos por elementos policiacos en el ejercicio de sus funciones, en los que incluso ha habido recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Quintana Roo, pero, dijeron, se desconoce el seguimiento que se dio al caso al interior de la dependencia. Aquí puedes consultar el oficio completo.
“Queremos que el C5 funcione a favor de las mujeres, a favor de nuestra seguridad e integridad; queremos estar seguras de que podremos regresar a nuestras casas, con nuestras familias y con vida; queremos un Quintana Roo seguro en donde podamos desarrollar nuestros proyectos de vida; queremos que deje de existir un #QuintanaRooFeminicida; queremos verdadero compromiso con la protección de los derechos de las mujeres; queremos justicia y verdad para nuestras hermanas que nos fueron arrebatadas por la violencia feminicida; queremos #AccionesNoSimulaciones”, explicó la Red en su oficio.
Esta petición tiene como antecedente que el 9 de noviembre de 2020, elementos de Seguridad Pública en el municipio de Cancún, intentaron disolver una protesta feminista con disparos. Esta represión derivó en un llamado de las Naciones Unidas a México para que garantice el derecho a la libre determinación y en la toma del congreso local por parte de colectivos feministas que integraron la Red de Feministas Quintanarroenses.
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