Ciudad de México.- El “Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio” es un buen paso para atender a esta población, pero falta mucho por hacer, consideraron las diputadas federales Lorena Villavicencio Ayala, Laura Rojas Hernández, Verónica Juárez Piña y Martha Tagle Martínez.
Este protocolo, que se anunció en julio del 2020, se publicó este 4 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), después de que el 13 de julio la diputada Tagle Martínez presentó una propuesta para que la Comisión Permanente del Congreso exhortara a la Secretaría de Gobernación (Segob) a publicar el documento.
Al participar en el diálogo virtual que cada semana organizan las integrantes del colectivo «Rebeldes con Causa», la legisladora por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, detalló que la orfandad por feminicidio es una realidad de la que poco se habla y en el mejor de los casos a esta población se le considera “daños colaterales”.
La legisladora reconoció la publicación de este Protocolo que se anunció hace más de un año porque ahora permitirá la coordinación entre el Sistema Nacional DIF y las Procuradurías de la niñez para atender a niñas, niños y adolescentes en orfandad por el feminicidio de sus madres. Sin embargo, advirtió: “como protocolo es un primer paso, pero falta muchísimo por hacer y es muy importante que los tres niveles de gobierno implementen acciones”.
“Sus vidas simple y sencillamente se les acaba porque con la muerte, el asesinato de sus madres, su vida se transforma radicalmente. Muchos de esos niños y niñas quedan a cargo de sus abuelos, que muchas veces no tienen las condiciones para sostenerles económicamente, no tienen ni siquiera para los gastos funerarios”, detalló la diputada.
Tagle Martínez mencionó que en varias ocasiones las niñas y niños, cuyas madres fueron asesinadas por sus padres, quedan al cuidado de sus abuelos, pero se enfrentan a diferentes obstáculos para su desarrollo. Por ejemplo, no pueden estudiar por una serie de problemas legales y jurídicos, por tanto aseguró que se requieren acciones que van más allá de un Protocolo de atención.
Para la diputada, el Estado comete acciones u omisiones que permiten el feminicidio y por tanto le corresponde garantizar la no repetición ni la revictimización de niñas y niños. Además, dijo, tiene la obligación de atender la situación de quienes quedan en orfandad. Es por eso que en el punto de acuerdo que presentó en julio también propuso llamar al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a presentar información sobre la atención a esta población.
La diputada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Lorena Villavicencio Ayala, dijo que los grandes afectados por el feminicidio son las hijas e hijos de las víctimas. Recordó que actualmente no hay una cifra clara de niñas en esta situación porque lamentablemente no hay ningún registro, aunque la Cámara de Diputados ya legisló en este tema.
En diciembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la ley General de Víctimas para establecer que el Registro Nacional de Víctimas debería registrar a la niñez en orfandad, la cual además tiene derecho a la asistencia y a la atención, con un enfoque transversal de género, diferencial y atendiendo al interés superior de la niñez.
La legisladora coincidió en que este Protocolo es insuficiente porque básicamente contiene medidas de protección y atención, pero falta avanzar más para poder cumplir con el concepto de reparación del daño. “No nos basta con que los niños sean atendidos de forma integral, nos parece que tenemos que avanzar en este país para que no se repita, que no sigamos teniendo feminicidios”.
Villavicencio Ayala llamó a hacer un análisis profundo sobre lo que está pasando con las y los niños que son víctimas y que se les atienda con un presupuesto suficiente. Las diputadas también llamaron al Senado a atender la reforma en materia de feminicidio que en marzo pasado envió la Cámara de Diputados y la cual no ha sido aprobada.
Por su parte, la legisladora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez Piña, coincidió en que este Protocolo, como un primer paso, es un respiro, pero es insuficiente porque si bien implica a algunas instituciones de seguridad y a las fiscalías pero no toma en cuenta que existe un Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Este sistema, explicó, lo encabeza el presidente de la República, lo integran todos los gobernadores y gobernadoras, están las dependencias federales y al ser un sistema actúa en los tres niveles de gobierno. “Sin duda alguna me parece que se debería de llamar de manera urgente a que hubiera una sesión de este Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” para atender el tema de orfandad por feminicidio, dijo.
La diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Laura Rojas Hernández, destacó que el feminicidio en sí ya es una tragedia, pero hay mucho que hacer para atender el impacto de estos asesinatos violentos en la familia de las mujeres, en particular de sus hijas e hijos. Cabe recordar que en abril de este año legisladoras de diversas bancadas, con la asesoría de ONU Mujeres y la Iniciativa Spotlight, presentaron otra propuesta de reforma a seis normas para atender a esta población.
En la investigación “Hijas e hijos de mujeres asesinadas, víctimas ignoradas del feminicidio” publicada en 2017 por Cimacnoticas, especialistas y víctimas indirectas del feminicidio indicaron que no existía ninguna política ni registro certero sobre el número de niñas y niños en condición de orfandad por el asesinato de sus madres y la detención o huida de sus padres, quienes en la mayoría de los casos son los feminicididas.
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