Ciudad de México. Organizaciones civiles nacionales e internacionales denunciaron que las periodistas de Puebla, en particular las que se encuentran en zonas alejadas de la capital, sufren distintos tipos de violencia como intimidaciones, agresiones físicas, y amenazas por parte de regidores, personal de seguridad pública o grupos criminales, lo que posiciona a esta entidad como la segunda más insegura para ejercer esta profesión.
En un comunicado explicaron que las autoridades poblanas, los grupos criminales y los medios de comunicación crean pactos para obligar a las periodistas a limitar su libertad de expresión, investigaciones y dejar de informar sobre temas relacionados con los recursos públicos, el actuar de las autoridades y violaciones a Derechos Humanos. Esto, dijeron, deja en total vulnerabilidad la vida y seguridad de las mujeres que se desempeñan en este campo.
En consecuencia, la Red Puebla de Periodistas, la Red Nacional de Periodistas y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, en otre otras, expusieron que las periodistas de esta entidad no cuentan con apoyo de los medios de comunicación donde trabajan para garantizar su seguridad. A esto se suma la inacción de las fiscalías para atender delitos contra la prensa. Las periodistas se enfrentan a una doble condición de riesgo por su sexo y profesión.
Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y Artículo 19, que también firmaron el documento, registraron 16 agresiones contra mujeres periodistas en lo que va de 2021 y 28 atentados durante 2020. Asimismo, hubo 75 agresiones contra la prensa en Puebla en 2020, de las cuales 24 fueron contra mujeres.
Detallaron que del 26 al 29 de julio de 2021 fueron violentadas la directora del portal de noticias ambientales “Tierra Baldía”, María del Carmen Tajonar Méndez; la reportera de “Municipios Puebla”, Nancy Yomara Pacheco Jiménez; la reportera de “La Jornada de Oriente”, Patricia Méndez Zacapa; la reportera de “Imagen Puebla”, Cintya Coleote García y otra periodista que por seguridad reservaron su nombre.
El 14 de julio de 2021, añadieron, Nancy Yomara Pachecho Jiménrez realizaba una serie de entrevistas con funcionarios del área de Normatividad Comercial del ayuntamiento de Tehuacán. Al concluir, la recepcionista de Atención Ciudadana, Carla Santiés González la abordó para exigirle que saliera del recinto porque supuestamente “no había respetado los protocolos de acceso” y la amenazó con no permitirle ingresar en futuras ocasiones.
Tras el incidente, señalaron, la reportera acudió al palacio municipal de Tehuacán para realizar trámites personales. Durante su estancia fue vigilada por persona de comunicación social de la instancia, después de que Carla Santiés González avisó sobre la presencia de la periodista. “Es importante enfatizar que este tipo de actos de hostigamiento institucional son cada vez más recurrentes en las localidades, generando un clima de amedrentamiento hacia la prensa”, dijeron las agrupaciones.
Ese mismo día, comentaron, María del Carmen Tajonar Méndez alertó en sus redes sociales que fue intimidada por personal de seguridad privada del fraccionamiento Haras Ciudad Ecológica en Puebla y otra persona sin identificar, quien comenzó a grabar la actividad de Tajonar Méndez mientras desarrollaba una entrevista con reporteros de “Televisa” de esta entidad.
Más tarde, el 27 de julio de 2021, Patricia Méndez Zacapa se encontraba grabando un video sobre el desarrollo de la jornada de vacunación en el Centro Comunitario de Amozoc, y la falta de información hacia la población, cuando una funcionaria pública, quien no se identificó, se abalanzó contra ella y la jaló del brazo para que detuviera su labor. Ante ello, la periodista declaró que hay un incremento de la violencia y encarcelamiento de personas que ejercen el derecho a la protesta.
Las organizaciones denunciaron que un ataque más ocurrió el 29 de julio de 2021 en contra de Cintya Ceoleote García, agredida junto con el camarógrafo Edgar Torrentera de “Imagen Puebla”. Ellos fueron agredidos por comerciantes del Mercado Morelos, de la ciudad de Puebla, durante un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar la venta de alcohol en la vía pública.
“Llegue a cubrir un operativo policiaco en el mercado de Morelos. Iba detrás de mi compañero camarógrafo Edgar Torrentera cuando salieron varios sujetos y golpearon a mi compañero con piedras y un extintor, además intentaron quitarme la cámara”. Mientras ella y otros locatarios pedían ayuda, policías municipales vieron las agresiones y no hicieron nada para brindarnos apoyo, según el relato que la periodista dio a a la organización Red Puebla de Periodistas.
Ante este contexto, las agrupaciones solicitaron que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, garantice la adopción de políticas públicas integrales para respetar, proteger, y asegurar el ejercicio del periodismo, el derecho a la libertad de expresión y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Además, exigieron al fiscal general de esta entidad, Gilberto Higuera Bernal promover que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes de manera diligente, imparcial y orientadas a la determinación de la verdad y a la persecución de todos los autores que cometieron actos de violencia contra periodistas.
Asimismo, llamaron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a coordinar las medidas de protección necesarias para proteger la integridad y labor de las periodistas y a que se pronuncie públicamente sobre los atentados ya mencionados y genere una mesa de trabajo con el gobierno de Puebla con el fin de detener las agresiones contra esta profesión.
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