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Durante pandemia, autoridades de Guerrero retrasan justicia para indígenas víctimas de violencia

Por Aline Espinosa Gutiérrez
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Ciudad de México.- A pesar de que Guerrero tiene dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) –una de 2020 por agravio comparado y otra de 2017 por violencia feminicida–, las indígenas y niñas enfrentan poco acceso a servicios de salud, incremento de violencia familiar en sus hogares y el desinterés de sus autoridades para cumplir con sus obligaciones durante la pandemia.

Así lo informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, “Tlachinollan” durante un evento virtual organizado este 8 de agosto de 2021, en el marco de la campaña “Mar de agravios, montaña de quebrantos”.

La organización civil guerrerense registró de marzo de 2020 a agosto de 2021, 25 casos de feminicidio, 30 casos de violencia sexual, 180 de violencia familiar y 100 de violencia económica. Este registro se obtuvo a partir de mujeres que acudieron a Tlachinollan en busca de apoyo para levantar una denuncia, ya que, explicaron, las instituciones de justicia les niegan la atención cuando van solas. 

Tlachinollan detalló que las autoridades de esta entidad cometen muchas irregularidades cuando se relacionan con indígenas o cuando ellas denuncian un hecho; por ejemplo, desestiman sus declaraciones, disminuyen la gravedad de la violencia que vivieron, no consideran sus contextos, no aplican la perspectiva de género ni de Derechos Humanos, las culpabilizan e incluso las acusan de delitos “ficticios”, aunque ellas sean las víctimas. 

“Cuando se trata de mujeres indígenas las autoridades las desprecian, las revictimizan y las discriminan. Además no hay una infraestructura idónea con personal especializado, con suficientes intérpretes, con peritos que realmente realizan los trabajos que se requieren para documentar las agresiones que sufrieron las mujeres y no hay una perspectiva de Derechos Humanos”, agregó el defensor Abel Barrera Hernández, director de la organización. 

Ante el miedo de ser agredidas nuevamente, las indígenas se ven obligadas a desplazarse de sus hogares a pesar de que su economía, mermada por la pandemia, no se los permita.  Sin embargo, explicó Barrera Hernández, los agresores quedan en libertad y la impunidad ante la violencia contra las mujeres prevalece, ya que cuando las mujeres denuncian, las y los jueces de Guerrero favorecen más a los hombres. Esto hace que las mujeres atraviesen proceso judiciales, civiles o familiares muy costosos y largos para poder recuperar a sus hijas e hijos.

Por otro lado, en los casos de violencia sexual no se brinda ayuda psicológica a las indígenas y se les condiciona a que sean atendidas por un médico legista si desean continuar con su denuncia.  Ejemplo de ello, dijeron, es el caso de Angélica (nombre falso utilizado por seguridad de la víctima), quien en octubre de 2020 fue golpeada por sus suegros y esposo. Sus agresores le quitaron a sus hijos; luego la culparon de robo y de violencia familiar ante las autoridades, por lo que el juez decidió que los hijos se quedarán con el padre. Ante ello, Angelica ahora está en una defensa legal para que se retiren los cargos en su contra y pueda recuperar a sus hijos.

“El juez no tomó en cuenta que el padre de mis hijos es un violentador que desde hace un año no vivía con nosotros. Me acusaron porque quieren quedarse con mis hijos y yo vaya a la cárcel. Las autoridades están del lado de los violentos, por eso les digo a las autoridades que tomen en cuenta que mis hijos quieren estar conmigo”, añadió Angelica, quien también participó en el evento virtual. 

Tlachinollan reveló que, bajo el argumento de la pandemia, las autoridades han retrasado aún más el avance de los carpetas de mujeres víctimas, han mantenido dos casos de feminicidio en pausa, y no hay realizado audiencias virtuales en casos urgentes, lo que ha detenido el acceso a la justicia para las indígenas. 

Por ello, personal de la organización se reunión con integrantes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim) y la Fiscalía General del Estado de Guerrero, donde presentaron 72 casos de desapariciones y feminicidios de indígenas, y solicitaron que la instituciones de justicia cuenten con mayor personal sensibilizado en perspectiva género.

En esta reunión, dijeron, se exigió a las autoridades de Guerrero que cumplan con sus obligaciones derivadas de sus dos AVGM, garanticen la justicia y servicios médicos a las indígenas y desarrollen estrategias para que todas las mujeres y niñas de esta entidad puedan vivir una vida libre de violencia. 

De enero a junio de 2021, Guerrero registró un total de 7 casos de feminicidio, de víctimas de entre cero a 18 años de edad; 64 homicidios dolosos contra mujeres; 638 lesiones dolosas: 3 de tráfico de menores; mil 804 de violencia familiar y 191 de violaciones, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional. 

La segunda AVGM a la que se hizo acreedora Guerrero fue solicitada el 8 de marzo de 2019, debido a la grave situación de discriminación contra las mujeres y la falta de acceso a servicios especializados de salud, entre ellos la interrupción del embarazo; ésta segunda alerta fue declarada en junio de 2020. La primera AVGM se declaró en junio de 2017 para 8 municipios, debido a la alza de asesinatos de mujeres guerrerenses.

21/AEG/ AJSE

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