Ciudad de México.- La defensora de los Derechos Humanos, Kenia Hernández Montealván, podría quedar absuelta del presunto robo de 500 pesos, uno de los cinco delitos de los que la acusa la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
En entrevista con Cimacnoticias, la abogada e integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero A.C, Esther Flores, detalló que en un máximo de dos semanas (la fecha exacta está por definirse) se llevará a cabo una audiencia en el juzgado de Chiconautla, en Ecatepec, Estado de México, para decidir la situación jurídica de Kenia Hernández, quien lideraba el colectivo Zapata Vive, en defensa de personas presas políticas, mujeres y población indígena.
Esta audiencia, detalló la abogada, es para desahogar pruebas y corresponde a la última etapa del primer proceso judicial que se inició el 6 de junio de 2020 contra la defensora, quien entonces fue acusada por la Fiscalía General del Estado de México de presuntamente robar 500 pesos.
En esa primera acusación contra la defensora, la Fiscalía estatal usó información proveniente de investigaciones de la empresa Concesionaria de Mexiquense, que administra las casetas de cobro donde la defensora llevaba a cabo sus protestas políticas.
Se espera que en la próxima audiencia se determine la inocencia de Kenia por falta de pruebas, pero su abogada explicó que esto no significa que la defensora conseguirá su libertad plena.
Kenia permanece recluida desde el 25 de octubre de 2020 en el penal federal 16, en el estado de Morelos, una cárcel de máxima seguridad, donde deberá enfrentar el resto de procesos judiciales que se iniciaron en su contra y que están en etapas iniciales o intermedias.
Cinco procesos abiertos y tres desistimientos
La abogada Esther Flores recordó que luego de que Kenia consiguió llevar el proceso penal por robo bajo la medida cautelar de libertad preventiva, el 18 de octubre de 2020 la FGJ del Estado de México acusó nuevamente a la defensora de robo, pero ahora con violencia y contra una caseta de cobro, por lo que fue nuevamente detenida y llevada a la prisión ubicada en Almoloya, Estado México.
Kenia volvió a conseguir su libertad condicional; sin embargo, ese mismo día, un juez federal de control con residencia en Acapulco giró una nueva orden de aprehensión en su contra porque la Fiscalía General de la República, con sede en Guerrero, la acusó de presuntos ataques a las vías de comunicación, lo que constituye un delito federal.
Esta nueva denuncia está vinculada con las actividades de protesta que el Colectivo Zapata Vive ha llevado a cabo para exigir la liberación de personas presas políticas, por ejemplo, protestar afuera de instituciones públicas.
Por esta acusación, Kenia fue recluida en Acapulco pero la propia FGR reconoció que su vida corría peligro ahí, en el penal ubicado en el estado de Guerrero, por lo que ordenó que se le trasladara al Penal Federal 16, en Morelos.
Estando ahí, en febrero de este 2021, la FGR, con sede en Guanajuato, inició tres nuevos procesos judiciales en contra de Kenia, todas por el mismo delito: ataques a las vías de comunicación.
Si bien en abril de 2021, la Fiscalía en Guanajuato retiró sus tres acusaciones, la FGR, con sede en el estado de Morelos, inició una nueva acusación contra la defensora. Esta última denuncia vino después de que el Colectivo Zapata Vive inició movilizaciones y protestas a favor de la defensora.
En total, actualmente Kenia Hernández enfrenta cinco procesos judiciales que están en curso; mientras los dos primeros están en su parte final y tres (de Guanajuato) quedaron archivados, el resto se mantiene en etapa intermedia o inicial porque los juzgados no realizaron las audiencias bajo el argumento de la COVID-19.
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